La deportación expedita de familias reunificadas sigue en suspenso al postergarse el fallo judicial
La corte federal del distrito sur de California, en San Diego, postergó para la próxima semana la decisión sobre permitir o negar al gobierno de Donald Trump la autoridad para deportar de manera expedita a familias que fueron separadas forzosamente en la frontera y luego reunificadas.
El juez Dana Sabraw celebró este viernes una audiencia donde los abogados del Departamento de Justicia y de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), presentaron sus argumentos.
La decisión será extremadamente relevante para todos aquellos inmigrantes que fueron arrestados en la frontera bajo la política de ‘tolerancia cero’ que el gobierno implementó este año como parte de los esfuerzos para detener la inmigración indocumentada.
La postergación del dictamen se da un día después del vencimiento del último plazo para que el gobierno reunifique a la totalidad de los menores separados en la frontera, en respuesta a un recurso interpuesto por la ACLU dentro de una demanda que exige detener las separaciones forzosas, las que se originan cuando el gobierno levanta cargos criminales a los inmigrantes por ingreso ilegal al país.
La demanda de ACLU
El 26 de junio Sabraw ordenó al gobierno reunificar en un plazo de 14 días a la totalidad de menores de 5 años separados por el gobierno en la frontera bajo la política de tolerancia cero. Y le da 30 días para reunificar a los mayores de 5 años.
La cifra de separaciones reconocida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alcanzó los 2,551 niños, de ellos 103 menores de cinco años.
El 10 de julio, cuando se cumplió el primer plazo, el DHS solo reunificó 58 y argumentó que el resto de los padres no eran elegibles, ya no se encontraban en el país, no pudieron probar parentesco o habían renunciado a ser reunificados. Otros por tener antecedentes criminales.
El jueves (26 de julio) se cumplió el segundo plazo y unos 700 menores no fueron reunificados. El gobierno dio las mismas explicaciones que entregó al vencimiento del primer plazo y la ACLU reiteró que, tanto las cifras como las razones del incumplimiento, no han sido verificados por falta de información.
Recurso adicional
El 16 de julio y atendiendo un recurso de emergencia interpuesto por ACLU, Sabraw dictaminó que el gobierno no podía deportar de manera expedita a las familias reunificadas y suspendió las expulsiones.
ACLU solicitó a la corte un plazo de siete días para que los inmigrantes pudieran acceder a representación legal y batallar por su permanencia en Estados Unidos por cualquier vía legal posible, entre ellas el asilo.
El grupo de derechos civiles dijo además que durante ese tiempo organizaciones no gubernamentales pueden acceder a los inmigrantes para brindarles asistencia legal de manera gratuita.
“Muchos padres reunificados recibieron órdenes finales de deportación cuando fueron detenidos porque no les explicaron sus derechos y no comprendieron los documentos que firmaron”, dijo a Univision Noticias Esmeralda Flores, directora del programa de defensa de los derechos de inmigrantes y asuntos binacionales de la ACLU en San Diego.
ACLU sostiene que un freno a las deportaciones expeditas le otorga a los inmigrantes reunificados una “nueva oportunidad dentro del debido proceso”.
Human Rights Watch denunció en un informe publicado este viernes que muchos padres han sido deportados sin sus pequeños y “sin brindarles ninguna información sobre los hijos de los que habían sido separados” forzosamente.
El fallo de Sabraw del 16 de julio también busca garantizar que no se vulnere el derecho al asilo de las familias inmigrantes, la mayoría de las cuales huye de sus países a causa de la violencia y la pobreza.
'Tolerancia cero'
La política de tolerancia cero del gobierno fue anunciada en abril por el fiscal general, Jeff Sessions, y puesta en vigor en mayo. A diferencia de lo actuado por el gobierno de Barack Obama (2009-2017), los niños indocumentados capturados en la frontera no eran separados de sus padres, porque a estos no se les levantaban cargos criminales, como ahora sí lo ordenó Trump.
Los menores eran mantenidos junto con uno de sus progenitores, principalmente la madre, y liberados bajo fianza o con un grillete mientras se resolvían sus casos migratorios de asilo. Y pese a que los procesos eran puestos en trámite acelerado, podían demorar meses y hasta años en fila para acudir a una cita ante un juez de inmigración.
Ahora, en cambio, al recibir cargos criminales el gobierno les arrebató a sus hijos y los entregó al cuidado del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
Mientras los padres enfrentaron un caso criminal, a los niños se les inició un proceso de deportación con la posibilidad de pedir asilo.
Una vez finalizado el caso criminal, el padre puede reunirse con su hijo, pero bajo un protocolo poco claro elaborado por el DHS a base de llamadas telefónica hasta dar con el paradero del menor. Sin embargo, antes de ser reunificados, el padre debe decidir entre ser deportado solo o esperar en la cárcel hasta que concluya el proceso migratorio del menor.
