La Corte Suprema elimina la deportación obligatoria de inmigrantes con algunos crímenes

Un tribunal federal de apelaciones en San Francisco anuló con anterioridad la parte de la ley precisamente por ser demasiado vaga. Ahora, la Corte Suprema estuvo de acuerdo. El tribunal de apelaciones basó su decisión en una decisión de la Corte Suprema de 2015 que anuló una parte similar de otra ley federal que impone penas de prisión más largas a criminales reincidentes.

El caso presentado ante la máxima instancia judicial es el de James Dimaya, un inmigrante filipino residente legal permanente que llegó legalmente a los Estados Unidos cuando tenía 13 años en 1992. Sin embargo, fue condenado por dos cargos de robo en California, por lo que el gobierno comenzó a deportarlo por "delito agravado" (una condena de más de un año de prisión), pese a que no hubo daños a terceros.

El gobierno argumentó, entre otras cosas, que podía ser expulsado del país porque, bajo una cláusula de la ley de inmigración, el servicio de inmigración podía interpretar que los delitos cometidos, debido a las sentencias, implicaban un acto de violencia agravada.

Debido proceso

La decisión sobre el caso Dimaya abre la posibilidad para que otros inmigrantes o residentes legales permanentes que han cometido ciertos crímenes no violentos, "puedan apelar sus sentencias migratorias" y seguir batallando por sus permanencias en Estados Unidos, explicó al Noticiero Edición Digital Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona, y colabora frecuentemente con la redacción de Univisioon Noticas.

"Dimaya pasó a la categoría de deportable por sus crímenes, pero apeló. Y la Corte Suprema estuvo de acuerdo que la definición de crimen de violencia es vago, y que por lo tanto la sección de la ley de inmigración puede interpretarse de manera diferente para propósitos de remoción", agregó.

Hernández dijo además que "muchas de las personas que cometían un crimen que se calificaba como felonia agravada y que no tenían este tipo de nivel de violencia y recibían condenas de más de un año de cárcel, sufrian este tipo de castigo y los ponóian en proceso de deportación".

"Ahora la corte dice que no, que la ley no es clara en términos de ello, y que tiene que haber violencia en el crimen, en los hechos de ese caso (para deportar a una prsona), y por eso suspenden la posibilidad a Dimaya de ser deportado", indicó.

Un fallo “muy importante”

El fallo emitido por la Corte Suprema es “muy importante, porque le dice al gobierno federal que no puede así por así formularle cargos a un inmigrante para deportarlo de Estados Unidos”, señaló Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California. “Los magistrados determinaron que un robo no se trata de un delito de violencia cuando no hay daños a terceros”, agregó.

“Lo que la Corte Suprema ha determinado es que si una persona entra a una casa, ese hecho no se puede calificar como un delito de violencia”, precisó. “Es decir, los agentes de inmigración del gobierno no pueden decidir la deportación de una persona que cometió un robo y proceder a su expulsión basado en la interpretación de que el individuo cometió un acto agravado de violencia”.

“La duda que me queda”, indicó Velásquez, “es que en algunas sentencias de un año de cárcel por otros delitos se califican como felonías y en esos casos no existe ningún tipo de remedio para el inmigrante”.

"Es extremadamente importante porque los agentes de ICE se verán limitados cuando busquen alguna manera o razón para clasificar un delito como un acto de violencia para deportar a un inmigrante negándoles el derecho a un perdón”, recalcó Velásquez.

Revés para Trump

El caso llegó a la Corte Suprema en enero de 2017, cuando solo había 8 magistrados tras la muerte del conservador Antonin Scalia. En aquel momento, se produjo un empate de 4-4. Tras la confirmación de Gorsuch, la Corte volvió a tomar el caso y ahora el nuevo magistrado, considerado conservador, votó junto sus compañeros de corte más liberal.

La magistrada Elena Kagan escribió que la decisión de 2015 "nos dice cómo resolver este caso".

El dictamen llega en momentos que Trump presiona para acelerar el paso en la implementación de su dura política migratoria, que tiene como principal objetivo la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales.

Durante su campaña, el mandatario prometió a sus seguidores que expulsaría del país a los 11 millones de indocumentados en un plazo de 18 meses, además de construir un muro en la frontera con México.

Sus promesas electorales, sin embargo, han sido rechazadas por el Congreso. Pese a ello, Trump ha avanzado en su estrategia en los últimos 15 meses a golpe de acciones ejecutivas y memos, construyendo una dura reforma migratoria sin el apoyo del legislativo.

Esta nota se realizó con información de AP.

El DHS inconforme

Poco después de emitido el dictamen, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuestiono la decisión de los magistrados.

"El fallo de hoy socava significativamente los esfuerzos para expulsar de Estados Unidos a los extranjeros condenados por ciertos crímenes violentos, incluidos los de agresión sexual, secuestro y robo”, dijo Tyler Q. Houlton, vocero del DHS en un comunicado.

“Al impedir que el gobierno federal elimine a extranjeros criminales conocidos, permite que nuestro país sea un refugio seguro”, agregó. Y aseguró que este dictamen “nos hace más vulnerables”.

Houlton explicó además que “el secretario del DHS se ha reunido con cientos de del Congreso en los últimos meses para implorarles que tomen medidas para aprobar legislación para cerrar vacíos de seguridad pública, como éstos, que fomentan la inmigración ilegal y ata las manos de las agencias encargadas de la aplicación de la ley”.