Corte ordena al gobierno cumplir acuerdo que regula detención de menores no acompañados
Una jueza federal de California ordenó el jueves al gobierno “que se adhiera” a los términos del acuerdo de 2022, que garantiza mantener unidas a las familias migrantes y establece “estándares” para las condiciones en las que se retiene a los niños o menores no acompañados detenidos en la frontera.
La jueza federal Dolly Gee, de la Corte de Distrito del Centro de California, presentó el jueves una orden para extender por otros 18 meses la vigencia de un acuerdo judicial que garantiza protecciones para los inmigrantes menores bajo custodia federal.
La decisión fue anunciada un día después de que había terminado la vigencia del acuerdo, alcanzado en 2022 tras una revisión de los protocolos conocidos originalmente como Acuerdo Judicial Flores de 1997.
“El tribunal concede en parte la moción de los demandantes para modificar el Acuerdo de 2022”, escribió Gee en su decisión del jueves. “El Tribunal, por la presente, extiende el plazo del Juvenile Care Monitor (JCM) desde el 27 de diciembre de 2024 hasta el 27 de junio de 2025, con la opción de prórrogas adicionales debido a la falta de cumplimiento sustancial”.
El acuerdo judicial permite el monitoreo continuo de los inmigrantes menores no acompañados custodia en las instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el Sur y el Oeste de Texas.
El acuerdo de 2022 originalmente estaba programado para terminar el miércoles, pero después de una audiencia que incluyó discrepancias en los datos reportadas por el gobierno federal y testimonios de migrantes bajo su cuidado, la jueza Gee decidió extender la vigencia.
La organización Children’s Rights, que forma parte de la demanda, celebró la extensión de 18 meses del acuerdo de conciliación. Y recordó que el protocolo “requiere que el gobierno se adhiera a los estándares humanitarios básicos para los niños retenidos en ciertas instalaciones de la CBP”.
La orden del tribunal se emitió después de años de incumplimiento por parte de CBP, que ha seguido negando a los niños detenidos sus derechos básicos, indicó la organización.
El último acuerdo
El acuerdo de conciliación de 2022, para actualizar el protocolo basado en el Acuerdo Judicial Flores de 1997, estableció un período de 2.5 años para que CBP realice cambios críticos en sus instalaciones del sector del Valle del Río Grande y El Paso, y estaba programado para expirar el miércoles de esta semana.
El compromiso autorizado por la jueza Gee “aclara las obligaciones de CBP bajo el Acuerdo de conciliación de Flores, que establece una base de atención para los jóvenes bajo custodia federal de inmigración”, explica Children’s Rights. Y añade que el acuerdo “describe varias disposiciones, entre ellas: amplios requisitos de protocolo médico para abordar la atención médica peligrosamente deficiente en custodia; disposiciones que requieren que los niños sean retenidos con sus familias y tengan visitas si se separan; y a servicios básicos de saneamiento e higiene, un entorno adaptado a los niños y con información sobre traumas, teléfonos y proveedores de servicios legales, y un programa de cuidadores”.
Sin embargo, los documentos ventilados en la audiencia del miércoles indican que la CBP nunca ha cumplido plenamente con el acuerdo de conciliación, razón por la cual la jueza Gee decisión prorrogar las protecciones actualizadas en 2022.
La moción para su extensión fue presentada por abogados del Centro Nacional de Derecho Juvenil (NCYL), Derechos del Niño y el Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional (CHRCL), que representan a jóvenes bajo custodia federal de inmigración.
“Nos sentimos aliviados de que la Corte haya afirmado los derechos de los niños inmigrantes detenidos en virtud del Acuerdo Flores y haya exigido al gobierno que cumpla con sus obligaciones legales. Los niños nunca deberían estar sujetos a pasar semanas confinados en habitaciones sin ventanas sin la oportunidad de salir”, dijo Mishan Wroe, abogado principal del Centro Nacional de Derecho Juvenil que presentó la moción la semana pasada.
“Este fallo hace posible que el abogado de Flores y los monitores independientes sigan haciendo que la CBP rinda cuentas. Nunca dejaremos de luchar por la seguridad y la dignidad de todos los niños”, agregó.
Children’s Rights y CHRCL presentaron inicialmente una moción el 20 de diciembre del año pasado para extender la aplicación del acuerdo.
La batalla de la jueza Gee
La jueza Gee ha librado una larga batalla legal en defensa del cumplimiento del Acuerdo Judicial Flores de 1997. El 24 de julio y el 21 de agosto de 2015, durante el gobierno de Barack Obama, Gee ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) poner en libertad a niños y mujeres detenidos en centros familiares habilitados en 2014 tras la crisis reconocida en junio de ese año por la Casa Blanca, cuando iban más de 46,000 arrestos de niños no acompañados por parte de la Patrulla Fronteriza y un número similar de unidades familiares.
A finales de septiembre de ese año la cifra superó los 68,000 inmigrantes menores no acompañados.
El gobierno liberó a más del 95% de las familias detenidas con una orden para presentarse ante una corte de inmigración y que sea un juez de inmigración quien resuelva sus futuros en el país. El resto permaneció en centros de detención habilitados por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para disuadir a otros migrantes que hicieran el viaje en busca de asilo.
Los Menores No Acompañados fueron entregados bajo la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS).
Tres años más tarde, en 2018, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, solicitó a la corte presidida por Gee, como parte de la implementación de la política migratoria de ‘tolerancia cero’, que deje sin efecto el Acuerdo Judicial para que permitiera la detención de familias migrantes y menores por tiempo indefinido.
La jueza Gee denegó el pedido y describió la solicitud como "un intento cínico" de deshacer un añejo acuerdo judicial. Y dijo además que el gobierno federal no había presentado nueva evidencia para justificar la revisión de la orden judicial que limita la detención de menores que cruzaron la frontera de sin documentos en busca de asilo.
El gobierno de Trump apeló los fallos emitidos anteriormente por la jueza Gee ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, los que fueron desestimados.
Que es el Acuerdo Flores de 1997
El nombre de Flores deriva de la inmigrante Jenny Lisette Flores, una menor de 15 años que en 1985 huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. La niña fue arrestada por la Patrulla Fronteriza (en ese tiempo bajo el mando del Servicio de Inmigración y Naturalización -INS-) cuando intentaba ingresar indocumentada al país y la mantuvieron detenida en pésimas condiciones.
La menor fue llevada a un centro de detención donde la esposaron y desnudaron para revisarla. El Departamento de Justicia (DOJ), bajo cuyo mando operaba el INS y la Patrulla Fronteriza, le negó a la tía de la menor la custodia, argumentando que no podía entregar niños a "terceros” mayores de edad.
Tras conocerse el caso, el Center for Human Rights and Constitutional Law (CHRCL) presentó ese mismo año una demanda para evitar que Flores y otros menores como ella fueran privados de libertad y que el gobierno abusara de su autoridad. Además, exigía que se respetaran sus derechos, considerando además que la permanencia indocumentada constituye una falta de carácter civil no criminal.
La demanda cuestionó la política que implementaba el INS en la frontera “para condicionar la liberación de menores” a sus padres o tutores legales, los interrogatorios, los procedimientos de deportación empleados en aquellos años, el sistema de fianzas y la entrega de los menores arrestados a padres o tutores que se encuentran en Estados Unidos.
La querella también argumentó que el INS colocaba regularmente a personas menores de edad bajo arresto istrativo y eran encarcelados hasta que los procedimientos judiciales concluyeran, un proceso que podía tomar varios años.
El grupo de derechos civiles pidió a la corte otorgar a los menores migrantes derecho a libertad bajo fianza mientras se llevaban a cabo los procedimientos de deportación.
El CHRCL, además, alegó que el gobierno había implementado una política para encarcelar indefinidamente a menores que nunca se publicó en el Registro Federal (Federal ) de conformidad con la Ley de Procedimiento istrativo (APA), y que los menores que estaban siendo detenidos indefinidamente eran acusados o condenados sin que hubieran cometido delito alguno.
Indicó también que el objetivo de la demanda era garantizar el bienestar de los menores detenidos, independientemente de qué tan calificados estuvieran sus padres, familiares o amigos que puedan hacerse cargo de sus custodias.
En 1997 y tras 12 años de litigios, incluida la Corte Suprema de Justicia, se alcanzó la resolución final que obligó al gobierno a revisar sus políticas de detención de menores en la frontera, crear entornos menos restrictivos e implementar estándares apropiados.
El acuerdo de 2022 establece un proceso para la transición del monitoreo independiente de terceros al autocontrol por parte de la CBP. El tribunal ya había extendido el monitor independiente en tres ocasiones debido a la falta de progreso suficiente de la CBP.
