DACA enfrenta otro fallo que pone en evidencia la débil protección que tienen miles de dreamers
Un juez de Texas podría anular las protecciones de la Acción Diferida de 2012 (DACA) y comprometer nuevamente a miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país antes de los 16 años.
Organizaciones, abogados y activistas esperan que en cualquier momento el juez Andrew Hanen, quien preside la Corte de Distrito del Sur de Texas, en Houston, se pronuncie respecto a una demanda entablada en 2018 por Texas y otros ocho estados (Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia) quienes alegan que el programa usa recursos estatales para la educación y la salud, y viola la ley federal.
Hanen rechazó el pedido de anulación inmediata del programa argumentando que los demandantes no pudieron demostrar una urgencia después de esperar seis años para presentar la demanda, pero el juicio continuó su curso.
El 22 de diciembre el tribunal llevó a cabo una audiencia para escuchar los argumentos de ambas partes. Esta vez tampoco Hanen dictó una sentencia, pero las organizaciones temen que se pueda producir en los próximos días, a más tardar un par de semanas.
Cruzan los dedos
“Una decisión puede ocurrir en cualquier momento”, dice José Muñoz, director de comunicaciones de United We Dream (UWD), una de las principales organizaciones de dreamers del país. “Es importante que todos los jóvenes que califican por primera vez al programa entreguen lo más pronto posible sus solicitudes. Y quienes tengan que renovar sus permisos de trabajo l o hagan sin contratiempos”, indica.
DACA fue puesto en vigor el 15 de junio de 2012 durante el gobierno de Barack Obama. El programa concede un amparo de deportación renovable cada dos años y una autorización de empleo válida por el mismo período de tiempo.
El programa originalmente favorecía a 1.2 millones de jóvenes que entraron siendo niños al país y se les conoce como dreamers, pero solo unos 800,000 se inscribieron. Actualmente protege a unos 640,000.
Batalla jurídica
El 5 de septiembre de 2017 el expresidente Donald Trump ordenó la cancelación de DACA y le solicitó al Congreso, en ese momento controlado por los republicanos, que otorgara una vía legal para la permanencia definitiva de los beneficiarios del programa.
El Congreso desestimó los pedidos de la Casa Blanca. Sin embargo, cortes inferiores anularon la cancelación DACA argumentando que la orden emitida por Trump había sido “arbitraria” y “caprichosa”, y ordenaron a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) restablecer el programa.
La disputa jurídica llegó en 2019 a la Corte Suprema de Justicia, instancia que el pasado 18 de junio decidió mantener vivo en programa en los mismos términos en que se hallaba al 15 de junio de 2012.
“Por eso es importante que quienes nunca se han inscrito lo hagan”, reiteró Muñoz. “Ahora es el momento”.
Plan bipartidista
Mientras el juez Hanen toma una decisión respecto a la demanda de Texas y los otros ocho estados, la semana pasada en el Senado dos senadores, uno demócrata y otro republicano, entregaron un plan bipartidista que de ser aprobado legalizará a miles de dreamers con o sin DACA.
Los senadores Dick Durbin (D-Illinois) y Lindsey Graham (R-Carlina del Sur) revivieron una iniciativa que fue presentada por primera vez en 2001, pero el debate se detuvo por falta de apoyo en ambas bancadas.
La nueva versión, Ley del Dream Act 2021, asomó dos semanas después de la toma de posesión de Joe Biden, quien entre sus planes incluyó una reforma migratoria y un trato preferencial para los dreamers, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores indocumentados esenciales.
La iniciativa incluye un camino para legalizar a jóvenes que ingresaron al país antes de cumplir los 16 años, llevan tiempo en Estados Unidos y carecen de antecedentes criminales, entre otros requisitos. Una vez obtenida la residencia legal permanente (Green Card), los beneficiarios podrán pedir la ciudadanía cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley de inmigración.
El juez Hanen
En febrero de 2015, horas antes de que entrara en vigor una ampliación de DACA (permisos de trabajo extendidos hasta tres años en vez de dos) y se activara DAPA, el juez Hanen falló en contra de ambos beneficios, decisión que afectó a más de 5 millones de indocumentados.
DAPA se trataba de un programa que, como DACA, amparaba de la deportación a padres indocumentados de residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses, quienes además recibirían un permiso de trabajo renovable cada tres años.
Tanto DACA como DAPA fueron creados por Obama por medio de órdenes ejecutivas luego que el Congreso se negara a aprobar una reforma migratoria.
EL último esfuerzo se llevó a cabo el 27 de junio de 2013, cuando el Senado, con 68 votos a favor y 32 en contra, aprobó un plan bipartidista que legalizaría a unos 9 millones de indocumentados que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales.
El pasado 20 de enero Biden revivió el proyecto que nuevamente está siendo redactado en el Senado.
"La decisión del juez Hanen tendrá alcance nacional", dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas (Texas). "Pero puede motivar al presidente Biden para que aumente la presión al Congreso y se apruebe el plan bipartidista entregado la semana pasada".
