Jueza declara inconstitucional ley que tipifica como delito grave que un deportado regrese a EEUU
Una jueza federal de Nevada consideró que es inconstitucional una ley penal que se basa en una legislación de 1929 y que convierte en un delito grave (felony) el hecho de que una persona que haya sido inmigración.
En una orden emitida el miércoles, la jueza de distrito Miranda Du, en Reno, encontró que la ley ampliamente conocida como Sección 1326 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) se basa en "raíces racistas y nativistas" y discrimina a las personas mexicanas y latinas en violación de la cláusula de protección igual de la 5ta Enmienda.
La mencionada sección tipifica como delito la entrada de una persona en Estados Unidos si se le ha denegado la isión, ha sido deportada o expulsada. La polìtica se promulgó en 1952 utilizando el lenguaje de la Ley de Extranjeros Indeseables aprobada por el Congreso en 1929. Las sanciones se endurecieron cinco veces entre 1988 y 1996 para aumentar su valor disuasorio.
La jueza
Du, una inmigrante vietnamita nominada a la judicatura federal por el presidente Barack Obama, en el cargo desde 2012, dijo que para elaborar su fallo consideró los argumentos escritos y orales y el testimonio de expertos sobre la historia del derecho de los profesores Benjamín González O'Brien, de la Universidad Estatal de San Diego, y Kelly Lytle Hernández, de la Universidad de California en Los Ángeles.
"Es importante destacar que el gobierno no discute que la Sección 1326 afecta más a los individuos mexicanos y latinos", dijo la jueza en su orden de 43 páginas que desestima la acusación penal de junio de 2020 contra Gustavo Carrillo-López.
Carrillo-López fue detenido en Nevada en 2019 después de haber sido deportado en 1999 y de nuevo en 2012, según los fiscales. Su defensora pública federal, Lauren Gorman en Reno, no ha respondido al fallo.
Cuando un inmigrante indocumentado es deportado de Estados Unidos le cae encima la Ley del Castigo, que sancionna con tres años fuera si la prmanencia no autorizada pasa de 180 días y 10 años si la presencia indocumentada pasa de los 365 días. Las personas que segresan antes de ese tiempo sin autorización, cometen el delito de reentry y reciben un castigo de por vida.
El "animus racial" persiste en las leyes, según la jueza
La jueza dijo que no vio datos disponibles públicamente sobre el origen nacional de las personas procesadas bajo la Sección 1326, pero citó las estadísticas de la Patrulla Fronteriza según los cuales más del 97% de las personas aprehendidas en la frontera en 2000 eran de ascendencia mexicana, el 86% en 2005 y el 87% en 2010.
"El gobierno argumenta que el impacto declarado es 'un producto de la geografía, no de la discriminación', y que las estadísticas son más bien una característica de la proximidad de México a Estados Unidos, de la historia de los patrones de empleo mexicanos y de los factores sociopolíticos y económicos que impulsan la migración", escribió Du. "El tribunal no está persuadido" de ello, acotó.
El "animus racial" que motivó leyes anteriores no ha sido borrado por años de renovación de leyes basadas en un fundamento legal sesgado, valoró la jueza, cuyo fallo fue publicado por la Universidad de California Los Ángeles.
La istración del presidente Donald Trump usó con severidad la Sección 1326de la INA para castigar a inmigrantes que reingresaron tras ser deportados.
Bajo el gobierno del presidente Joe Biden el Departamento de Justicia (DOJ) también ha acusado a varios migrantes por reingreso tras ser deportados anteriormente.
El Departamento de Justicia aún no ha anunciado si apelará la decisión, pero Franny Forsman, jefa jubilada de la Oficina del Defensor Público Federal en Nevada, dijo a la AP que espera que lo haga ante el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EEUU en San Francisco.
La 'Ley de las espalda mojada'
"Cualquiera que trabaje en los tribunales federales conoce el estatuto", dijo Forsman. "Realmente hay un gran número de casos que se han presentado a lo largo de los años bajo esa sección. Son en su mayoría casos de defensores públicos".
Forsman calificó la orden de Du de innovadora por su rigurosidad. "Creo que tendrá implicaciones porque va a ser difícil sortear su razonamiento", dijo Forsman.
"Es un poco difícil sortear un estatuto que fue llamado 'Ley de espalda mojada' por las personas que lo promulgaron", añadió, haciendo referencia al término despectivo con el que suele referirse a los inmigrantes mexicanos que han entrado ilegalmente en el país, y también se utiliza para despreciar a todos los hispanos.
Julián Castro, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en el gobierno de Obama, tuiteó que dudaba que el Departamento de Justicia quisiera defender una ley con "una historia increíblemente racista".
El fiscal federal en funciones, Christopher Chiou, y un asesor no respondieron inmediatamente a los mensajes sobre el fallo.
