Jueces de inmigración aplauden el fin del sistema de cuotas implantado por Trump
El sistema de cuotas impuesto por el gobierno de Trump "que violó la ética judicial ahora está suspendido”, anunció la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) en un comunicado publicado en su página digital.
La medida, establecida en abril del 2018 por el entonces fiscal general, Jeff Sessions, formó parte de la política migratoria de 'tolerancia cero' cuyo objetivo era acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados.
El anuncio del retiro de la cuota fue hecho esta semana a los jueces por medio de un correo electrónico enviado por Tracy Short, de la Oficina del juez jefe de Inmigración del Departamento de Justicia.
La NAIJ catalogó el sistema que se venía implementando como “profundamente defectuoso e ineficiente” y dijo que la cuota “ya no evaluará a los jueces en el número de casos que deciden”.
La Corte de Inmigración (EOIR) se compone de unos 500 jueces. El sistema de cuotas fijado por Trump exigía la resolución anual de un mínimo de 700 casos. En caso de incumplimiento el juez podía ser despedido.
”En la dirección correcta”
La eliminación de la cuota de trabajo “es un paso en la dirección correcta hacia la restauración del debido proceso”, dijo David Neal, director de la Oficina de Revisión de casos de Inmigración (EOIR).
“Nuestra organización espera trabajar con la gerencia para restaurar un proceso más justo”, dijo Mimi Tsankov, presidenta de NAIJ. “Permitirá a los jueces concentrarse en hacer su trabajo correctamente. Las métricas de desempeño desarrolladas por la istración Trump fueron una violación de la ética judicial y deben ser enviadas a la papelera", indicó.
El Departamento de Justicia dijo a su vez que, la dependencia “está en el proceso de desarrollar nuevas medidas de desempeño” tomando en cuenta experiencias exitosas del pasado, así como “aportes apropiados que reflejarán con precisión la carga de trabajo de un juez de inmigración”.
Lluvia de críticas
El sistema de cuotas impuesto a los jueces navegó desde su inicio en un mar de criticas por parte de abogados, jueces y detractores de la política de 'tolerancia cero' de Trump.
Cuando la medida entró en vigor en octubre de 2018, la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), dijo que “la asombrosa medida la hemos definido como una sentencia de muerte de la independencia judicial”.
AILA, un severo crítico de la dura política migratoria del gobierno anterior y defensor de los derechos de los inmigrantes, dijo además que “debido a que los tribunales de inmigración se encuentran bajo el mando del Departamento de Justicia -la misma agencia de cumplimiento de la ley encargada de enjuiciar los casos de inmigración en los tribunales federales-, el fiscal general tiene autoridad sobre los fiscales y los jueces en casos de inmigración”, un problema que, alegan, debe ser resuelto para bien de la independencia judicial.
La NAIJ, por su parte, desde que la cuota fue impuesta dijo que la medida iba “en contra de las recomendaciones basadas en el cumplimiento del debido proceso en lugar de en los resultados, de acuerdo con el consejo de los abogados de AILA y del Consejo de Inmigración”.
La asociación precisó además que, "durante años, el sistema de tribunales de inmigración ha superado el punto de quiebre y con demasiada frecuencia niega a los inmigrantes, incluso a niños, una oportunidad justa de presentar sus reclamos".
