Cuáles son los indocumentados en la mira de ICE tras un cambio por el fallo de una corte
Un de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito anuló un fallo judicial emitido por una corte de Ohio que había dejado sin efecto las prioridades de deportación del gobierno.
La sentencia fue dictada el viernes 8 de abril, pero se conoció unos días después.
El fallo mantiene la política del gobierno de priorizar la expulsión solo de aquellos extranjeros con antecedentes criminales graves y que representan una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos.
La lista también incluye a todos aquellos no ciudadanos que ingresaron sin autorización al país (sin ser inspeccionados) después del 1 de noviembre de 2020.
La decisión fue emitida dos semanas después que un juez federal bloqueara la discrecionalidad otorgada a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que decidieran, caso por caso, qué inmigrantes debían ser deportados.
En la sentencia, el juez Michael J. Newman desestimó los alegatos del DHS y concedió la demanda entablada por los estados de Arizona, Montana y Ohio, quienes alegan que quienes alegan que el gobierno violó la ley al modificar y establecer las prioridades de deportación, sobre todo de aquellos indocumentados que tienen una orden de expulsión vigente.
La orden de Newman significó que el gobierno debe proceder con las deportaciones y no puede “autorizar la liberación de, ya sea bajo fianza, supervisión o de otro modo, de un no ciudadano con una orden final de deportación”.
Pero el de jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito en Ohio anuló la orden emitida el 22 de marzo. ¿La razón? El aceptó el argumento del DHS, quien advirtió que la implementación de aquella orden “desestabilizaría” el aparato de aplicación de la ley.
Guerra de posturas
Los tres estados demandantes de las prioridades de deportación del gobierno señalaron en su demanda que el DHS debe “tomar bajo custodia” a los no ciudadanos con ciertas condenas y “expulsarlos” dentro de un plazo de 90 días si tienen órdenes finales de deportación.
Citaron las preocupaciones de los años 90 cuando el legislativo “perdió la confianza” en la capacidad del entonces Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) “para hacer frente a las crecientes tasas de actividad delictiva por parte de extranjeros" o que el sistema de inmigración de aquel entonces estaba en desorden “y los extranjeros delincuentes constituían una parte irritante del problema”.
Sin embargo, el DHS explicó en sus alegatos ante la Corte de Apelaciones que las prioridades de deportación se vienen implementando desde al menos septiembre del 2021 y que durante la mayor parte de todo ese tiempo el departamento había reasignado personal y recursos a la frontera con México” para hacerse cargo de los problemas de seguridad en esa zona y de acuerdo con la guía de prioridades emitida a finales de septiembre.
Los abogados del DHS también argumentaron que el personal reasignado y los recursos redirigidos a ese esfuerzo “debían ser nuevamente asignados para implementar la orden judicial preliminar”, un paso que amenazaba con desestabilizar las funciones de seguridad nacional.
El fallo
Tras analizar los argumentos presentados por el gobierno y el debate jurídico sobre el tema, el de jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito aceptó la moción de emergencia
presentada por el DHS y suspendió la orden judicial preliminar “mientras este tribunal resuelve la moción de suspensión”.
“El propósito de [una] suspensión istrativa es dar al tribunal suficiente oportunidad para considerar los méritos de la moción de suspensión pendiente de apelación”, se lee en la sentencia.
El dijo además que “es necesaria una suspensión istrativa en este caso para preservar el statu quo y
brindarnos la oportunidad de dar una ‘consideración razonada’ a la moción del DHS para permanecer pendiente apelación”.
La orden judicial emitida en marzo “se suspende en espera de nuestra resolución de la moción del DHS para una suspensión en espera de la apelación del mandato judicial preliminar”, escribieron los jueces.
Cuáles son las prioridades
Estas son las prioridades de deportación del gobierno de acuerdo con el memorando emitido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, el 29 de septiembre del año pasado.
