México advierte que fallo de la Corte Suprema no lo obliga a recibir migrantes que buscan asilo en EEUU
El gobierno de México advirtió a la Casa Blanca que no está obligado a cumplir el fallo de la Corte Suprema sobre la reinstalación de la polémica política promulgada durante el gobierno de Donald Trump, que ordena devolver a su territorio a inmigrantes no mexicanos que piden asilo mientras se resuelven sus casos.
“El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS) presentó de manera oficial a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) la resolución emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos, respecto a la implementación de la sección 235 (b)(2)(C) de su Ley de Inmigración y Nacionalidad”, se lee en un comunicado emitido el miércoles por la cancillería mexicana.
El documento agrega que “en apego a los principios constitucionales de nuestra política exterior, el Gobierno de México no se posiciona con respecto a dicho fallo”. Y advierte que, no obstante, “enfatiza que una decisión judicial de ese tipo no obliga a México”.
Tras reiterar que México diseña y ejecuta su propia política migratoria, precisó que el fallo emitido por el máximo tribunal de justicia estadounidense “no tiene una implicación directa en la gestión migratoria del Gobierno de México”.
El fallo
El martes la Corte Suprema, en una votación 6-3, rechazó una solicitud de emergencia presentada la semana anterior por el Departamento de Justicia (DOJ) requiriendo detener la implementación de una orden judicial emitida el 13 de agosto por un juez de distrito de Amarillo (Texas), de restablecer el Programa de Protección del Migrante (MPP), también conocido como ‘Quédate en México’.
La orden fue en respuesta a una demanda entablada en abril por los Estados de Texas y Missouri, quienes de alegaron que la política migratoria de Biden desató una crisis de seguridad nacional en la frontera, que la cancelación del MPP en marzo había sido caprichosa y arbitraria y que la reinstalación del programa era necesaria para desincentivar la llegada masiva de migrantes en busca de asilo.
Los argumentos presentados por los demandantes fueron aceptados por la Corte Suprema. En la resolución el tribunal superior dijo que el gobierno (el demandado) no demostró en sus alegatos una probabilidad de éxito en la afirmación “de que el memorando que derogó el MPP no fue arbitrario y caprichoso”.
Mientras estuvo vigente el MPP, entre enero de 2019 y enero de 2021, cuando fue detenido, fueron afectados poco más de 68,000 migrantes, quienes fueron devueltos a México a esperar la resolución de sus casos. En marzo, cuando fue cancelada la política, había unos 25,000 casos activos.
La primera postura
En diciembre de 2018, cuando el entonces gobierno de Trump anunció el MPP luego que México rechazara la petición de convertirse en 3er País Seguro y colaborar con la política migratoria de ‘tolerancia cero’, la SER emitió ’o un comunicado, advirtiendo que reafirmaba “su derecho soberano de itir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio, en ejercicio de su política migratoria”.
Sin embargo, precisó que por razones humanitarias decidió autorizar, “por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidas entre puertos de entrada, hayan sido entrevistadas por las autoridades de control migratorio de ese país, y hayan recibido un citatorio para presentarse ante un juez de inmigración”.
A su vez, permitió que los extranjeros devueltos “permanezcan en territorio nacional bajo la condición de ‘estancia por razones humanitarias’, y puedan realizar entradas y salidas múltiples del territorio nacional”.
También garantizó derechos y un permiso de trabajo a los devueltos mientras esperan la resolución de sus casos en los tribunales migratorios estadounidenses.
La segunda postura
Esta vez la respuesta de México fue breve y no hjace referencia al otorgamiento de permisos de trabajo a los extranjeros que devuelva el gobierno de Estados Unidos.
La nueva postura del gobierno Andrés Manuel López Obrador al MPP indica que “en el ánimo de responder de manera humanitaria a las necesidades de las personas migrantes, en el contexto de una compleja situación regional, iniciará un diálogo técnico con el gobierno de Estados Unidos con el objetivo central de evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común”.
Qué dice el fallo de Texas
La orden emitida el 13 de agosto por el de distrito Matthew J. Kacsmaryk, indica que el gobierno debía reinstalar el MPP el sábado 21 de agosto. Pero la Corte Suprema, tras un recurso de emergencia del DOJ, aplazó la orden hasta el martes 24. Ese día la Corte Suprema rechazó el pedido del gobierno y la orden de Texas cobró vigor de inmediato.
Además de reinstalar el MPP, Kacsmaryk estipuló que a partir del 15 de septiembre y los días 15 de cada mes en adelante, el Gobierno debe presentar informes sobre el número de extranjeros deportados, solicitantes de isión bajo la Sección 1225 de la Ley de Inmigración o bajo cualquier otro estatuto, así como los extranjeros aceptados y liberados
en Estados Unidos (en libertad condicional).
La orden de Kacsmary precisa que la medida cautelar “se otorga a nivel nacional” y que nada del dictamen “requiere que el DHS tome ninguna acción de inmigración o expulsión, ni retener su discreción legal hacia cualquier individuo que de otra manera no tomaría”.
Mientras tanto, prosigue en curso la apelación presentada por el gobierno ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, tribunal que avaló la sentencia emitida por Kacsmary.
Las opciones de Biden
“El gobierno tiene varias opciones. Primero, puede acatar la orden judicial y restablecer la política MPP y no apelar. Pero el gobierno ya ha dicho que apelará”, explica Stephen Yale-Loehr, profesor de la práctica de inmigración de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell, Nueva York.
“En segundo lugar, puede acatar la medida cautelar por el momento, pero también apelar sobre el fondo, argumentando que la decisión del tribunal de primera instancia es incorrecta según la ley. Sin embargo, eso llevará varios meses”, agrega.
Yale- Loehr dijo además que “en tercer lugar, el gobierno puede acatar la medida cautelar por el momento, pero también emitir una nueva regla que intente remediar los supuestos problemas procesales identificados por el tribunal de primera instancia. Sin embargo, una nueva regulación probablemente tomaría varios meses para pasar por el proceso de reglamentación”, indicó.
A finales de julio la Corte de Inmigración (EOIR) tenía acumulados más de 1.3 millones de casos y unos 500 jueces. En promedio, los casos demoran entre 3.1 y 3.5 años en ser resueltos, advierten abogados consultados por Univision Noticias.
