Fiscales de estados republicanos piden a corte anular nueva política migratoria de Biden
Los fiscales generales de una veintena de estados gobernados por republicanos están redoblando sus esfuerzos para que la Corte de Distrito del Sur de Texas, en Victoria, anule una política migratoria temporal anunciada por el presidente Joe Biden el 5 de enero, que regula la entrada al país de ciudadanos originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (este último desde octubre de 2021).
En un primer escrito presentado el martes, el grupo pidió al tribunal un “bloqueo preliminar” de la política, conocida como advance parole, mientras sigue revisando una demanda entablada a finales de enero y toma una decisión al respecto.
El escrito fue firmado, entre otros, por los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Florida, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky.
Un segundo recurso similar fue presentado simultáneamente por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, a nombre del estado sureño y en contra del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.
La regla de Biden
La política migratoria de Biden del 5 de enero estipula que los ciudadanos de los cuatro países mencionados que buscan entrar a por la frontera con México, deben contar con un patrocinador que resida legalmente en Estados Unidos.
Una vez autorizado el patrocinio, el beneficiario recibirá una autorización de viaje a Estados Unidos y sólo podrá hacerlo vía aérea. Una vez llega a un puerto de entrada, un agente de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) lo inspeccionará y le dará isión hasta por un período de dos años.
Los titulares del programa tendrán derecho a un permiso de trabajo por el mismo período de tiempo. Una vez cumplido el plazo, si no han ajustado su estatus a permanente por cualquier otra vía legal disponible, deberán marcharse de Estados Unidos.
El gobierno dispuso una cuota de 30,000 cupos mensuales para las cuatro naciones beneficiadas (hasta 360,000 ingresos al año).
La demanda
En el escrito, el fiscal general Paxton dijo que la moción de orden judicial preliminar contra un nuevo programa de visas de Biden “recluta de manera proactiva a cientos de miles de extranjeros mientras se encuentran en sus países de origen y utiliza los dólares de los contribuyentes para llevarlos a las ciudades del interior del país”.
Paxton agrega que durante el tiempo de permanencia autorizado de dos años “los elevados costos de itir a cientos de miles de extranjeros (millones de dólares en gastos de atención médica, aplicación de la ley y educación) serían una carga enorme para Texas”.
Por esta razón, agrega, “la moción de orden judicial preliminar solicita a la Corte que suspenda el programa de libertad condicional ilegal de la istración Biden hasta que se pueda llevar a cabo una audiencia final sobre el fondo del caso”.
Texas argumenta además que, “en lugar de desplegar la alfombra roja para cientos de miles de extranjeros y usar el dinero de los contribuyentes para traerlos al país, (el presidente) Biden debería concentrarse en asegurar nuestra frontera”.
“Este programa de libertad condicional ilegal es otro ejemplo más de la desesperación de Biden y Mayorkas por ignorar las leyes de nuestra nación para promover una agenda de fronteras abiertas”, apuntó Paxton.
La opinión del gobierno
Contrario a los argumentos señalados por Texas y otros de estados demandantes de la política migratoria de Biden, el gobierno dice que las detenciones o hallazgos entre puertos de entrada en la frontera entre Estados Unidos y México bajó un 42% en enero, comparado con las detenciones efectuadas en diciembre.
Un informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) publicado esta semana señala que la disminución justifica la nueva política del 5 de enero, resultados que ilustran “claramente que las nuevas medidas de control fronterizo están funcionando, con el nivel más bajo de encuentros de la Patrulla Fronteriza entre los puertos de entrada desde febrero de 2021”, dijo Troy Miller, comisionado interino de CBP.
La Casa Blanca ha respondido que la nueva demanda contra el Advance Parol se trata de un nuevo bloqueo que los republicanos llevan a cabo. Agrega que primero lo hicieron con la reforma migratoria y luego con el presupuesto de financiamiento para la seguridad fronteriza.
La semana pasada, durante el informe sobre el Estado de la Unión, Biden, además de reconocer la crisis que su gobierno vive en la frontera con México y la falta de capacidad de respuesta para enfrentarla, dijo que, si el Congreso no le da los fondos para atenderla, el problema seguirá creciendo y afectando la seguridad nacional de Estados Unidos.
La demanda de enero
La última semana de enero una veintena de estados republicanos demandaron el Advance Parol y pidieron a la Corte de Distrito de Victoria que la frene. En un escrito de 39 páginas, se alega que el gobierno, a través del DHS, “bajo el pretexto de impedir que los extranjeros crucen ilegalmente la frontera entre puertos de entrada, ha creado efectivamente un nuevo programa de visas sin las formalidades de legislación que deben ser aprobadas por el Congreso”.
Los demandantes señalaron en el escrito que el poder de libertad condicional del DHS “es excepcionalmente limitado” y ha sido restringido por el Congreso “varias veces y puede usarse solo caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo".
A pesar de estas limitaciones, los estados contrarios al programa señalan que “el plan del DHS permite que extranjeros en sus países de origen puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no haya otra base legal para que lo hagan”.
“El programa de libertad condicional establecido por el DHS falla en cada uno de los tres factores limitantes de la ley. No es caso por caso, no es para urgencia por razones humanitarias y no promueve ningún beneficio público significativo”, se lee en el documento.
E insiste en que el plan de Biden “equivale a la creación de un nuevo programa de visas que permite a cientos de miles de extranjeros (unos 36,000 al año) a entrar a Estados Unidos que de otro modo no tienen ninguna base para hacerlo. Esto es una burla y no sigue los límites establecidos por el Congreso”, argumentan.
Los estados demandantes son Alabama, Alaska, Arkansas, South Carolina, Florida, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia and Wyoming. Ahora exigen que el tribunal detenga la política del 5 de enero mientras programa audiencias y emite un fallo final sobre el caso.
