EEUU y México llegan a un acuerdo para reiniciar programa 'Quédate en México'
Los gobiernos de Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para reiniciar el controvertido Programa de Protección del Migrante (MPP), creado en 2019 por el entonces presidente Donald Trump.
La Secretaría (Ministerio) de Relaciones Exteriores de México (SRE), dijo en un comunicado que, tras el diálogo celebrado entre ambos gobiernos a través del grupo técnico de trabajo sobre migración y desarrollo, Washington “ ha comunicado al Gobierno de México que atenderá todas las preocupaciones de índole humanitaria con respecto a la reimplementación” del programa.
El programa devuelve a México a solicitantes de asilo a esperar en ese territorio las decisiones que tomen los tribunales de inmigración estadounidenses, demora que en algunos casos sobrepasa los tres años.
El gobierno mexicano, que sin su consentimiento el programa no puede ser reinstalado, dijo además que, en virtud de que el Gobierno de Estados Unidos ha aceptado las preocupaciones de carácter humanitario presentadas, “ha decidido que, por razones humanitarias y de manera temporal, no retornará a sus países de origen a ciertos migrantes que tengan una cita para aparecer ante un juez migratorio en Estados Unidos para solicitar asilo en ese país”.
Breve historia del programa
El MPP, también conocido como Quédate en México, fue activado en enero de 2019 y discontinuado en enero de 2021, cuando el presidente Joe Biden tomó el control de la Casa Blanca.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), unos 70,000 inmigrantes que llegaron a la frontera sur pidiendo asilo, fueron regresados. En marzo de este año unos 25,000 casos estaban activos y el resto, o bien fue rechazado o los peticionarios de refugio no se presentaron a sus audiencias judiciales, principalmente por errores en las Notificaciones de Comparecencia (NTA).
Entre las condiciones presentadas por México y aceptadas por el gobierno de Biden, se incluye "aumentar los recursos para albergues y organizaciones internacionales, la protección para grupos vulnerables, la consideración de las condiciones locales de seguridad y de capacidad de albergue y de atención del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la aplicación de medidas contra la COVID-19, tal como revisiones médicas y la disponibilidad de vacunas para las personas migrantes sujetas tanto al MPP como al Título 42 del Código de Estados Unidos", explicó la SRE.
El Gobierno de México, además, dijo que "reiteraba su compromiso con los derechos humanos de las y los migrantes, así como para mantener una migración ordenada, segura y regular".
El diario The Washington Post dijo que la reanudación del MPP comenzaría en las áreas de Brownsville y Laredo (Texas), de acuerdo con dos fuentes citadas por el periódico.
La demanda
En abril, tres meses después de cancelado el MPP, los estados de Texas y Missouri, gobernados por republicanos, emendaron la política migratoria de Biden y exigieron la restitución del programa de asilo de Trump.
En la demanda, presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y el fiscal general de Missouri, Eric Schmitt, ante la Corte de Distrito Norte de Texas, división de Amarillo, dijeron que el retorno de la polémica política pondrá freno a la “crisis criminal y humanitaria en la frontera” entre ambos países.
Señalaron además que el MPP “restringe la capacidad de los extranjeros indocumentados para permanecer en Estados Unidos durante los procedimientos de inmigración, lo que reduce en gran medida la carga sobre las agencias estatales y federales encargadas de defender nuestra frontera”.
"El presidente Biden podría remediar inmediatamente el influjo de delitos cruzando nuestra frontera al restablecer el programa”, agregaron.
Los argumentos agregan que “los criminales peligrosos se están aprovechando de las lagunas en las fuerzas del orden y está resultando en la trata de personas, el contrabando, una plétora de crímenes violentos y una carga masiva y sin precedentes en los programas estatales y federales para los que los contribuyentes deben pagar la factura", dijo Paxton.
El funcionario Agregó que "no podemos permitir que esta ilegalidad destruya nuestras comunidades por más tiempo. El presidente Biden debe actuar".
El fallo
El 14 de agosto el juez federal Matthew J. Kacsmary, en una decisión de 53 páginas, ordenó al gobierno de Biden restaurar el MPP.
En la decisión, el tribunal consideró que el gobierno "falló en analizar muchos factores críticos" como beneficios del programa y que ponerle fin había sido ilegal y dañino”.
Kacsmaryk opinó además que el MPP disuadía a los migrantes que no calificaban para pedir asilo de venir a Estados Unidos. Y al revertir el programa, el juez consideró que se causó un daño a los estados demandantes porque al liberar a los migrantes se les permitió usar los servicios de salud, aplicar a una licencia para conducir e ir a la escuela, en el caso de los niños.
A mediados de octubre el DHS dijo, por medio de un comunicado, que estaba tomando las medidas necesarias para cumplir con la orden judicial "que nos obliga a reimplantar el MPP de buena fe". Y que todo dependía de si México acepta recibir en su territorio a solicitantes de asilo.
El programa no podrá reanudarse sin el consentimiento de México, como reconoció el tribunal federal de Amarillo (Texas) en su fallo. "México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente para aceptar el retorno de individuos sin estatus en México como parte de cualquier reimplementación del MPP", dijo en ese entonces el comunicado del DHS, también difundido por Twitter.
Nuevo MPP
Al tiempo que el DHS reactiva el MPP en cumplimiento con la orden judicial emitida en agosto, a principios de noviembre el ministerio anunció un nuevo memorando que pondrá fin al programa, pero su vigencia deberá esperar hasta que finalice el juicio que lo mantiene vivo.
El secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, dijo en un comunicado que el gobierno “está abordando problemas de larga data que han plagado nuestro sistema de inmigración durante décadas para lograr el cambio sistémico necesario”. Y que el MPP “no ayuda a lograr este objetivo”.
Mayorkas explicó que “el MPP tenía fallas endémicas, impuso costos humanos injustificables, apartó recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios y no abordó las causas fundamentales de la migración irregular”.
El jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos dijo además que el programa no solo “socavó la capacidad del gobierno para implementar cambios fundamentales en el sistema de inmigración, sino que no brinda el proceso justo y las protecciones humanitarias que las personas merecen según la ley".
Duras criticas
En una reciente carta enviada al gobierno por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), que agrupa a unos 15,000 a nivel nacional, dijo que las personas sujetas a MPP enfrentan “graves obstáculos” para obtener asesoramiento legal”, situación que afecta el debudo proceso y las oportunidades de ganar sus casos de asilo, un recurso legal disponible.
Añade que tanto los inmigrantes como sus abogados enfrentan peligros y dificultades extremas al navegar por esta política, y que en los últimos dos años ha quedado claro que este programa “viola el debido proceso y el derecho de los demandados a un día justo en la corte” y no debería implementarse nuevamente.
Cabe destacar que los casos devueltos a México se suman a la cola de casos pendientes en la Corte de Inmigración (EOIR) que suma más de 1.4 millones de expedientes acumulados. Y en promedio la resolución de un caso puede demorar más de 3.2 años.
AILA señala además que la tasa de representación legal bajo el MPP es menor al 7.5%, lo que significa que el porcentaje de casos ganados sea mínimo en perjuicio de las personas que huyen de sus países en busca de asilo en Estados Unidos.
A su vez, quienes esperan por sus audiencias en zonas de alto riesgo se quedan sin casa, viviendo en condiciones de extrema pobreza y expuestos a las inclemencias del tiempo.
Actualmente unos 3,000 casos de MPP están registrados en la base de datos de ACNUR. La agencia internacional espera que el programa sea reinstalado, de conformidad con la orden judicial, para seguir colaborando en los procesos de asilo.
