El fin de la ciudadanía por nacimiento llega a la Corte Suprema: ¿qué evaluarán los jueces?
La Corte Suprema derecho a la ciudadanía por nacimiento según el estatus migratorio de los padres.
Este derecho está contemplado en la Enmienda 14 de la Constitución y establece que son ciudadanas todas las personas —sin excepción— nacidas en Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción, así como las naturalizadas.
Pero honrando sus promesas de campaña, desde el inicio de su segundo mandato Donald Trump dio pasos para limitar este derecho: el 20 de enero firmó una orden ejecutiva en la que estableció que serían ciudadanos de Estados Unidos sólo los bebés con al menos un padre ciudadano o residente estadounidense. De esa forma, busca excluir de este derecho a los niños de inmigrantes indocumentados o de padres con beneficios temporales, como acciones diferidas, visas, estatus de protección temporal o asilo.
De inmediato, la orden de Trump enfrentó desafíos legales en cortes de todo el país. Jueces de distrito de estados como Washington, Massachusetts y Maryland fallaron de forma unánime en contra del gobierno y bloquearon la entrada en vigencia de la orden ejecutiva.
En estos estados, las demandas presentadas defendieron que el presidente no tiene la autoridad para rescindir una enmienda de la Constitución con una orden ejecutiva. Aseguraban que Estados Unidos siempre ha reconocido el principio de jus soli. Este contempla que cualquier niño nacido en el país es ciudadano por nacimiento sin importar si sus padres tienen la nacionalidad estadounidense. "Es un fundamento de nuestra democracia (...) y ha dado forma a un sentimiento compartido de pertenencia nacional por generaciones de ciudadanos", se lee en una de las demandas.
Y aunque se espera que la Corte decida sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento, ese no es el tema que analizará el máximo tribunal del país este jueves.
¿Qué verán los jueces de la Corte Suprema este jueves?
El principal tema será si, en este caso, las cortes inferiores pueden dictar 'universal injunctions' o interdictos universales para frenar una orden presidencial nacional. El gobierno de Trump asegura que esta práctica es inconstitucional, porque se entromete en las funciones del Poder Ejecutivo.
Este reclamo de Trump llegó a la Corte Suprema el pasado 13 de marzo, cuando la entonces procuradora general interina, Sarah Harris, acudió al máximo tribunal con lo que calificó como una "modesta solicitud" de emergencia. Pidió que permita la entrada en vigencia de la orden ejecutiva de Trump en el país de forma limitada: excluyendo a los niños nacidos en los estados de las tres demandas en las que fallaron los jueces de Washington, Massachusetts y Maryland.
Si la Corte Suprema da luz verde a la petición del gobierno, la orden ejecutiva podría ser aplicada parcialmente en el país, pese a que se trata de una medida que jueces ya determinaron incumple la Constitución.
La Corte también podría decidir parar la aplicación de la orden ejecutiva de Trump en todo el país hasta que se decida sobre su constitucionalidad.
¿Quiénes presentarán argumentos?
Según la web Scotus Blog, especializada en la cobertura de la Corte Suprema, por el gobierno estará el procurador general, John Sauer.
Por los demandantes, dos abogados representarán a los tres casos. Uno de ellos será el procurador general de Nueva Jersey, Jeremy Feigenbaum, que representará a los gobiernos estatales y locales. También estará Kelsi Corkran, directora de la Corte Suprema en el Instituto de Defensa y Protección Constitucional de Georgetown, que representará a los individuos incluidos en las demandas y a las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
Se espera que las partes tengan una hora para presentar sus argumentos, pero es posible que tome más tiempo. En primer lugar tomará la palabra Sauer, seguido de Feigenbaum y Corkran.
¿Cuándo se conocerá una decisión de la Corte Suprema?
Según Scotus Blog, la decisión sobre este asunto en particular podría conocerse entre finales de junio y principios de julio.
¿Qué defienden las partes?
Scotus Blog explica que el gobierno en sus documentos no se centró en si la orden ejecutiva de Trump viola o no la Constitución, sino en el uso de mandatos judiciales universales por parte de los tribunales de distrito que frenaron la entrada en vigor de su decreto para febrero.
El gobierno de Trump argumenta que la Constitución no les otorga a los jueces federales el poder de emitir estas órdenes judiciales, sino que sólo pueden dar una sentencia u orden sobre los derechos de los litigantes en el caso que analizan. Aseguran que este recurso ha sido usado por las cortes en "proporciones epidémicas" desde el inicio de su segundo gobierno. Reclaman que eso le ha impedido al Poder Ejecutivo "ejercer sus funciones constitucionales".
Los demandantes argumentan que no hay razón para que la Corte Suprema se pronuncie sobre si las órdenes judiciales universales son apropiadas siempre o no. Lo relevante, dicen, es si dichas órdenes son apropiadas en este caso: insisten en que sí lo son. Aseguran que el gobierno no ha demostrado que sufrirá un daño permanente o "irreparable" como consecuencia de estos mandatos universales. Aseguran además que el gobierno ni siquiera ha intentado defender la constitucionalidad de la orden ejecutiva que, dicen, es "claramente inconstitucional".
En distintas argumentaciones para apoyar a los demandantes, organizaciones como la Escuela de Leyes de la Universidad Washington y Lee concluyeron que la Corte Suprema debe negarle al gobierno su petición de limitar el alcance de los 'injunctions' universales. Aseguran que son un instrumento para equilibrar el sistema de gobierno, la pluralidad y la democracia en Estados Unidos.
La periodista Patricia Vélez contribuyó con el reporteo de esta historia.
