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Deportaciones

De qué se trata el proyecto HB 20, el nuevo plan para 'cazar' inmigrantes en Texas

Los autores de la HB 20 recomiendan crear una nueva ofensa criminal y una 'Unidad de Protección Fronteriza', instancia que podrá contratar civiles 'respetuosos de la ley' y otorgarles facultad para detener, arrestar y devolver indocumentados a México. Las críticas no se han hecho esperar.
Publicado 5 Abr 2023 – 01:01 PM EDT | Actualizado 5 Abr 2023 – 04:15 PM EDT
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El nuevo plan castigará con $10,000 cada cruce indocumentado a Texas. Crédito: John Moore/Getty Images

Un proyecto de ley en manos de la asamblea legislativa de Texas busca crear una controvertida unidad de protección de la frontera. De ser aprobado, permitiría a civiles integrar un grupo dirigido por un jefe nombrado por el gobernador para 'cazar' inmigrantes con propósitos de deportación.

El plan, entregado a mediados de marzo por legisladores republicanos, se añade al operativo Lone Star (Estrella Solitaria) del gobernador Greg Abbott, lanzado en 2021, cuyo objetivo es desafiar la política migratoria del gobierno federal y reducir a cero la inmigración indocumentada en el estado fronterizo.

El problema, advierten organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, es que en el esfuerzo por combatir la inmigración ilegal se dañan los derechos de miles de extranjeros a quienes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) les ha permitido esperar en Estados Unidos la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración.

“Estas personas extranjeras tienen un estatus legal en Estados Unidos”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Se trata de personas que están aplicando para el asilo. No están aquí como indocumentados, pero tampoco como residentes o ciudadanos. Sin embargo, están aquí legalmente mientras tengan vigente el comprobante de su caso migratorio”.

Para el gobernador de Texas, Greg Abbott, este grupo de personas, al no tener una isión por parte de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), son indocumentados. Y asegura que el gobierno de Joe Biden, al dejarlos entrar, “viola la ley de inmigración”.

Qué propone la iniciativa HB 20

La iniciativa HB 20 plantea que la inmigración en la frontera con México constituye una amenaza a la seguridad y el bienestar de Texas, incrementa la actividad criminal y amenaza la seguridad pública. Y asegura que cárteles operan en todo el estado y el resto de Estados Unidos contrabandeando drogas y muertes por envenenamiento.

Para combatir este flagelo, los autores de la HB 20 recomiendan crear una nueva ofensa criminal. Y añade la creación de una “Unidad de Protección Fronteriza” integrada por agentes estatales y municipales, además de ciudadanos, indica, respetuosos de la ley, quienes podrán detener a ciudadanos extranjeros por violar las leyes migratorias y del estado.

Agrega que será el gobernador quien nombre al jefe de la nueva unidad fronteriza. Este, a su vez, podrá contratar a empleados de la unidad que también sean respetuosos de la ley. Explica el plan que solo serán rechazados aquellos que tengan condenas por antecedentes graves, según las leyes del estado.

Entre las funciones o poderes que tendrá el jefe de la unidad, la iniciativa incluye:


  • Disuadir y repeler personas que intentan ingresar a Texas ilegalmente entre puertos de entrada;
  • Devolver (expulsar) extranjeros a México; y
  • Usar la fuerza para repeler, arrestar y detener personas.

Modificaciones al Código Penal

La propuesta de ley también recomienda modificar el Código Penal de Texas para poder perseguir a los extranjeros que ingresar a sabiendas al territorio del estado:


  • Una persona comete un delito si entra a sabiendas en la propiedad de otro sin consentimiento efectivo desde una jurisdicción vecina;
  • Un delito bajo esta sección es un delito grave de tercer grado;
  • Una persona que viole esta sección está sujeta a una multa de no menos $10,000 por cada violación; y
  • El hecho de que la conducta esté sujeta a una acción civil o sanción penal en virtud de la sección, no anula ni menoscaba cualquier otro recurso disponible.

También solicita que un juez pueda exigir como condición para la puesta en libertad bajo fianza que el demandado:

  • Sea puesto en confinamiento en el hogar y monitoreo electrónico bajo supervisión de una agencia designada por la corte;
  • Pruebas semanales para detectar la presencia de sustancias controladas en el cuerpo del acusado;
  • Exigir el pago de una fianza para la puesta en libertad vigilada;
  • El demandado no será puesto en libertad si constituye riesgo de fuga.

A su vez, el magistrado podrá revocar la libertad o fianza si:

  • El acusado viola la condición de confinamiento domiciliario;
  • El acusado viola el monitoreo electrónico;
  • El acusado se niega a someterse a una prueba de control de sustancias prohibidas o controladas;
  • El acusado resulta positivo en una prueba de sustancias controladas;
  • El acusado no paga la tarifa de reembolso por monitoreo o las pruebas de sustancias controladas;
  • Si el juez determina que el demandado es indigente.

NOTA: El comité que regulará el funcionamiento de la nueva unidad de persecución de inmigrantes entregará informes periódicos al gobernador.

Críticas al nuevo plan migratorio de Texas

Un informe de la organización Human Rights Watch (HRW) señala que el nuevo plan migratorio en manos de la Asamblea Legislativa de Texas “representa un precedente global peligroso”. Y agrega que encargar a grupos organizados respaldados por el estado la tarea de “disuadir y repeler” a personas extranjeras en la frontera, “se trata de una propuesta peligrosa y extremas”.

El reporte agrega que la iniciativa HB 20 “permitiría que la istración delegue a cualquier ciudadano ‘observante de la ley’ la posibilidad de desempeñarse en la unidad y, por ende, detener a personas y disuadirlas de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México”.

“El proyecto crearía un delito penal grave en tercer grado de ingreso ilegal, para el que se prevé una multa mínima de $10,000 y contribuiría a financiar el muro en la frontera de Texas”, puntualiza HRW.

“El Operativo Lone Star, encabezado por el gobernador Abbott, así como la iniciativa de ley inmigratoria de Texas, se trata de una medida extrema entre los distintos estados de Estados Unidos y ciudades del mundo”, dijo Bob Libal, consultor para Human Rights Watch que trabaja en Texas. “Otorgar a grupos organizados el poder de policía de Texas es un paso peligroso”.

La organización dijo además que el gobierno y las agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS); “deberían dejar de trabajar de inmediato con las agencias de Texas que implementen la iniciativa fronteriza bajo el Operativo Lone Star y quitarles el financiamiento.

La postura del gobernador Abbott

El pasado 214 de marzo, el gobernador Abbott publicó un resumen de los logros obtenidos durante la vigencia de la Operación Lone Star, implementada en 2021. El informe señala que las fuerzas de orden público del estado sureño han hecho retroceder a más de 30,000 inmigrantes ilegales.

Abbott dijo además que el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Guardia Nacional de Texas continúan trabajando juntos para asegurar la frontera; detener el contrabando de drogas, armas y personas; y prevenir, detectar e interceptar el comportamiento delictivo transnacional entre los puertos de entrada.

“Desde el lanzamiento del operativo “el esfuerzo de varias agencias ha llevado a más de 359,000 detenciones de inmigrantes ilegales y más de 26,000 arrestos criminales, con más de 23,000 cargos por delitos graves reportados”, puntualiza. Y agrega que en la lucha contra el fentanilo, “el DPS ha incautado más de 373 millones de dosis letales durante esta misión fronteriza”.

Abbott insiste en que la política migratoria de del gobierno de Biden abrió las fronteras y violó la ley de inmigración, pero no explica que a partir de enero de 2021 la istración actual ha venido desarmando la política migratoria del expresidente Donald Trump y recuperar el debido proceso migratorio autorizado por el Congreso federal.

Tampoco explica que el asilo se trata de un recurso legal disponible, aunque temporalmente limitado y aprobado por ambas cámaras del Congreso desde hace más de cuatro décadas.

En cuanto a los inmigrantes liberados en la frontera por el DHS, se trata de extranjeros que, por no constituir una amenaza a la seguridad nacional y pública de Estados Unidos, esperan en libertad la resolución de sus casos de asilo en tribunales de inmigración.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan (republicano), dijo en un comunicado que “abordar la crisis fronteriza y humanitaria de nuestro estado” es una prioridad.

Otras críticas al proyecto HB 20

  • “Si la aprueban, entrenarán a la comunidad civil y le darán la fuerza de arrestar a quienes ellos crean que son ilegales. Es una medida extremadamente grave cuando podría haber soluciones más humanitarias al problema de la frontera". Rogelio Núñez, director ejecutivo del Proyecto Libertad, en Harlingen, Texas.
  • "Creo que el hecho subyacente de que va a permitir que la gente cuestione que somos estadounidenses en nuestras comunidades fronterizas y en todo Texas es inaceptable". Victoria Neave Criado, representante estatal de Texas (demócrata por Dallas).
  • “En los últimos dos años, el Operativo Lone Star ha permitido que políticos estatales se propasen en materia de política inmigratoria federal; el proyecto HB 20 es un intento manifiesto de consolidar esta extralimitación ilegal incorporándola al derecho de Texas”. Roberto López, gerente de incidencia sénior del Programa Beyond Borders del Texas Civil Rights Project.
  • “La colaboración del gobierno de Biden con el Operativo Lone Star, y la ausencia de medidas para investigar las violaciones constitucionales y de derechos humanos asociadas con el operativo, han alentado a los legisladores de Texas a adoptar estas propuestas extremas que ponen incluso más en riesgo la vida de migrantes y otras personas en Texas e insumen recursos que podrían destinarse a necesidades básicas”, señaló Alicia Torres, coordinadora de campañas inmigratorias de Grassroots Leadership.

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