Así es el plan de deportaciones del Proyecto 2025 basado en la ‘tolerancia cero’ de Trump

La fuerza nacional de deportaciones incluida en el ‘Proyecto 2025’, la estrategia conservadora divulgada por la Fundación Heritage, va más allá de la reagrupación de la totalidad de fuerzas federales que participan en el proceso migratorio. Recomienda modificar, anular o eliminar todo reglamento vigente que vaya en contra del objetivo que tienen los juicios de deportación estipulados en la ley vigente para acelerar la expulsión de extranjeros con o sin papeles de estadía legal en Estados Unidos.

El plan, elaborado por decenas de exfuncionarios del gobierno de Donald Trump -cuya campaña hace esfuerzos por desmarcarse de las propuestas contenidas en el documento de casi 900 páginas-, propone establecer un nuevo marco de prioridades para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ministerio creado en 2003 en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuya atención debe enfocarse en la persecución, arresto y deportación de indocumentados y, simultáneamente, restringir la inmigración legal e investigar miles de solicitudes de naturalización de extranjeros en busca de fraude.

Las deportaciones masivas, tal y como ha mencionado Trump en sus discursos y entrevistas como candidato del Partido Republicano para un segundo mandato en la elección presidencial del 5 de noviembre, no solo se limitarían a la ejecución de redadas en casas de extranjeros y centros de trabajo, sino también en lugares sensitivos tales como iglesias, escuelas, hospitales y tribunales de justicia. Y la lista de inisibles también incluiría a todo extranjero que cometa un simple error istrativo, como por ejemplo dejar en blanco un espacio en un formulario del servicio de inmigración.

“Esto ya lo hemos visto”, dice Armando Olmedo, vicepresidente y consejero legal de inmigración de Televisa Univision, co-autor del libro ‘Hablemos de Inmigración’. “Los inmigrantes deberán estar limpios. La propuesta tendrá un gran impacto, por ejemplo, en los procesos de extensión de beneficios legales. Así, si un inmigrante envía la petición a tiempo, pero dejó en blanco un casillero o no respondió una pregunta y el servicio de inmigración rechaza la petición, puede dejarlo fuera de estatus. Ese es el gran susto porque esa persona estaría en riesgo de perder sus derechos de permanencia en Estados Unidos”, advierte.

En agosto de 2020, Univision Noticias reportó que la política de ‘tolerancia cero’ de Trump no solo se estaba aplicando en la frontera para detener la inmigración indocumentada o para perseguir a aquellos inmigrantes que se encontraban dentro del país y cometen delitos, sino que también se estaba implementando en las oficinas del servicio de inmigración y apuntaba específicamente a los formularios que se utilizan para solicitar beneficios.

“De manera exagerada están rechazando más trámites que antes. No sabemos a qué se debe, pero un espacio en blanco, un casillero que no se llena o no se pone nada porque simplemente no aplica al inmigrante que pide un beneficio, es suficiente para que la USCIS (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración) rechace la petición”, dijo en esa ocasión Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de derecho en la Universidad de California, en San Diego. “Están regresando muchos casos por este motivo. Antes se utilizaba el criterio que, si la pregunta no aplica al inmigrante, pues se dejaba ese espacio en blanco. Pero ahora sí o sí hay que colocar N/A (No Aplica)”, agregó.

En abril de 2021, tres meses después de la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, la USCIS anunció la suspensión de la regla impuesta durante el mandato de Trump y que facultaba a los agentes rechazar cualquier solicitud de servicios que tuvieran espacios en blanco y que en muchos casos se emitieron Notificaciones de Comparecencia (NTA) ante un juez de inmigración con el riesgo de ser deportado del país.

Cambiar reglas sin apoyo del Congreso

El Proyecto 2025 no toma en cuenta la participación del Congreso en la creación de un nuevo sistema migratorio, excepto en cuanto a la aprobación de fondos para construir un modelo que se ajuste a la visión del país promovida por la Fundación Heritaje, similar a la expuesta por Trump en el discurso de inauguración de su primer mandato tras ganar las elecciones del 2016.

“Priorizar la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley de inmigración, incluida la detención y la deportación, es fundamental si queremos recuperar el control de la frontera, reparar el daño histórico causado por la istración Biden, volver a un sistema de inmigración legal y ordenado, y proteger la patria del terrorismo y las amenazas a la seguridad pública”, se lee en el documento, dando a entender que todos los males que aquejan a la nación han sido provocados por los inmigrantes recientes. Y deja de lado que, durante el gobierno de Trump, el número de casos acumulados en la Corte de Inmigración (EOIR) aumentó de 520,000 a más de 1.2 millones, o que en los dos primeros años de su gobierno la cifra de cruces indocumentados exitosos, que era de poco más de 55,000 en 2016, creció más de 11 puntos porcentuales, de acuerdo con datos divulgados por del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), conteo que fue suspendido en 2019 por “órdenes superiores”, dijo a Univision Noticias una fuente de ese ministerio.

Pero el Proyecto 2025 no solo se limita a culpar a los inmigrantes para justificar un discurso que muestra una nación amenazada por la invasión de extranjeros ilegales, sino que incluso sugiere que la izquierda, donde se incluye a los demócratas, ha utilizado de alguna manera el cumplimiento del debido proceso migratorio “como arma contra los estadounidenses” a quienes la izquierda percibe como sus “oponentes políticos”.

Ante este escenario, el documento recomienda “priorizar la seguridad fronteriza y la aplicación de la ley de inmigración, incluida la detención y la deportación; es fundamental si queremos recuperar el control de la frontera, reparar el daño histórico causado por la istración Biden, volver a un sistema de inmigración legal y ordenado, y proteger la patria del terrorismo y las amenazas a la seguridad pública”, precisa.

¿Y cuál es la respuesta del Proyecto 2025 para llevar a cabo esta estrategia? “El Congreso”, precisa, a través de la aprobación de fondos, autorización para cambiar reglamentos, aprobar nuevas reglas acorde con los planteamientos de la Fundación Heritage, aprobar nuevos roles y funciones a las agencias y agentes federales que participan en el proceso migratorio, aumentar la capacidad operativa para perseguir, encarcelar y deportar a extranjeros, así como crear el marco jurídico necesario para cancelar beneficios de inmigración tales como asilo, estatus de protección temporal, cierres istrativos de deportación, programas de visas temporales, lotería de visas y restringir la inmigración legal en base a un sistema de méritos.

“Si bien el Congreso debe usar su autoridad de supervisión para garantizar que la deportación expedita se utilice en la mayor medida posible y se siga al pie de la letra de la ley, otras vías para quienes cruzan la frontera deben incluirse en un paquete legislativo”, precisa el Proyecto 2025.

Cabezas interinas con gran poder

El plan conservador culpa a la burocracia, el mal uso de presupuestos y la política migratoria de Biden por la crisis migratoria. Pero la base de este argumento no es correcta, porque la crisis en la frontera, por ejemplo, no comenzó en enero de 2021 sino en 2013. Y la política migratoria de Biden se fundamenta en el respeto al debido proceso migratorio aprobado por el Congreso y no a un capricho político. En cuanto al presupuesto o la limitación de fondos por parte del legislativo, en octubre del año pasado Biden pidió al Congreso la aprobación de un fondo de emergencia por 14,000 millones para contratar, entre otros, 2,400 agentes fronterizos, 4,300 agentes de asilo del servicio de inmigración y crear 100 tribunales de inmigración.

Biden buscaba la manera de aumentar la capacidad de respuesta de su gobierno para hacer frente a la crisis fronteriza tratando de proteger el debido proceso, como lo ha hecho desde inicio de su gobierno, pero las discusiones bipartidistas en el Senado se desplomaron en febrero y mayo debido, según denunció el propio Biden, por presiones de Trump para mantener la situación tal y como se encuentra en la frontera con México y de esa manera justificar el argumento del candidato presidencial republicano de una nación en crisis asolada por una invasión de extranjeros, muchos de ellos criminales o salidos de las cárceles en sus países de origen.

De cara a un gobierno conservador, si es que los republicanos ganan la elección del 5 de noviembre, el Proyecto 2025 habla de instalar el plan conservador asegurando, primero el nombramiento de un “personal político dedicado”, un equipo de designados políticos nombrado por el secretario del DHS y que no se trate de personal de carrera ni de otros departamentos para de esa manera “ayudar a garantizar la finalización de la agenda (conservadora) del próximo presidente”.

“La próxima istración debería colocar a sus nominados para puestos clave en posiciones similares a los de “interinos” (…) Este enfoque garantizaría la implementación de la agenda desde el primer día y equiparía al departamento (DHS) para posibles situaciones de emergencia sin dejar de respetar el requisito de confirmación”, señala. Y agrega que “el departamento también debería buscar eliminar del requisito de confirmación los puestos de nivel inferior, pero importantes que actualmente
requieren la confirmación del Senado, aunque este esfuerzo requeriría legislación (y también podría ser discutido en caso de una legislación que cierre partes del departamento que actualmente tienen un liderazgo confirmado por el Senado)”.

Cabe recordar que el capítulo de inmigración fue redactado por un equipo en el cual participó Ken Cuccinelli, exdirector del servicio de inmigración durante Trump y exsubsecretario del DHS. Sin embargo, en marzo de 2020 una corte de distrito de Washington DC falló que el nombramiento de Cuccinelli como director de USCIS había violado la ley porque debió haber sido ratificado por el Senado. En la sentencia, el juez Randolph D. Moss concluyó que Cuccinelli, exgobernador de Virginia y uno de los firmes defensores de la política migratoria de ‘tolerancia cero’ de Trump, “no fue legalmente designado para servir como director interino de USCIS”.

En consecuencia, dijo el juez, las medidas y cambios ordenados por Cuccinelli mientras fungió el cargo, “deben dejarse de lado”, entre ellas las determinaciones negativas de miedo creíble y el programa de deportaciones aceleradas”. La corte, además, halló que en el nombramiento del exfuncionario (hoy en día uno de los redactores del Proyecto 2025 del cual Trump busca deslindarse) “no hubo una verificación apropiada ni una promoción juiciosa”.

En respuesta a este error de procedimiento ejecutivo, el documento recomienda, “con base en la experiencia previa, que el departamento necesita una legislación para establecer una línea de sucesión más duradera, pero con orientación política para los fines de la toma de decisiones de la agencia”. Y precisa que “la secuencia ideal para la línea de sucesión es ciertamente discutible, excepto que en circunstancias en las que un empleado de carrera ocupa un puesto de liderazgo en el departamento,
ese puesto debe considerarse vacante para los fines de la línea de sucesión y el siguiente designado político elegible en la secuencia debe asumir la autoridad interina”, un consejo que rompe con la tradición del escalafón y carrera istrativa dentro del gobierno federal estadounidense.

A qué apunta el Proyecto 2025

El plan migratorio del Proyecto 2025 incluye una larga lista de cambios que, para ejecutarlos, necesitará del respaldo del Congreso. Pero si el martes 5 de noviembre los demócratas pierden la elección, ganan los republicanos y en enero asume un gobierno conservador y este decide utilizar el Proyecto 2025, el documento aconseja que, para poner en marcha los programas sugeridos, el presidente debe utilizar vías “exentas” bajo la Ley de Procedimiento istrativo (APA), la misma que Trump violó en reiteradas ocasiones y los tribunales de justicia lo acusaron de haber actuado de manera “arbitraria” y “caprichosa” cuando canceló beneficios migratorios como el TPS para países de Centroamérica y la Acción Diferida para los llegados en la Infancia de 2012 (DACA).

Entre los reglamentos que no están sujetos a la APA, el Proyecto 2025 cita pasos que puede dar el secretario del DHS, entre ellos declarar que la migración masiva real o prevista de extranjeros en ruta o que llegue a las costas de Estados Unidos presenta circunstancias urgentes que requieren una respuesta federal inmediata; aprobar normas y reglamentos que prohíban total o parcialmente la introducción de personas de los países o lugares que él presidente o el secretario designe para evitar o reducir dicha migración masiva y por el período de tiempo que se considere necesario; deportar a dichos extranjeros, entre otras medidas.

También dispone que, no obstante, “cualquier otra disposición de la ley, cuando el secretario tome tal determinación y luego promulgue, sujeto a la aprobación del presidente (no del Congreso), tales normas y reglamentos, el secretario tendrá la autoridad de eximir todos los requisitos legales del Título 8 que el secretario, a su exclusivo criterio, determine que son necesarios para evitar o reducir la migración masiva”.

El Proyecto recomienda, además:

• Cerrar oficinas innecesarias;
• Unificar el servicio de inmigración (USCIS), ICE y la Patrulla Fronteriza en una sola agencia con libre a las bases de datos a nivel nacional del gobierno;
• Interpretar la ley de inmigración tal y como fue escrita por el Congreso (dejar de lado el precedente histórico);
• Eliminar el cierre istrativo de casos de inmigración (cancelado por Trump en su gobierno y restituido por Biden en 2021);
• Aumentar de 32,000 a 100,000 el número de camas diarias disponibles en las cárceles de ICE;
• Encarcelar a todos los extranjeros con orden de deportación vigente, incluso en campamentos con tiendas de campaña (incluye reactivar las prioridades de deportación de Trump de 2017, que criminalizó la estadía indocumentada, hoy en día una falta de carácter civil);
• Eliminar las visas U y T;
• Cancelar el programa de fianza para extranjeros;Aumentar la discrecionalidad y el poder de los agentes de ICE para que actúen en redadas y detenciones;
• Poner fin a las llamadas “zonas sensibles” (hospitales, iglesias, escuelas);
• Acelerar las deportaciones expedidas a nivel nacional (como lo hizo Trump en 2020);
• Que el Congreso aumente el presupuesto del DHS para arrestar, procesar y deportar a extranjeros;
• Cerrar las fronteras;
• Restringir el asilo y reinstalar el Programa Permanecer en México (MPP);
• Establecer un sistema migratorio basado en méritos;
• Cancelar el Acuerdo Flores de 1997 para Menores No Acompañados;
• Eliminar el programa ‘catch and reléase’ (tal como lo propuso Trump en 2019);
• Iniciar procesos de desnaturalización (tal como Trump lo hizo en 2018);
• Establecer la regla del tercer país seguro para negar asilos en la frontera;
• Cancelar los permisos o autorizaciones de empleo (EAD) de inmigrantes en proceso de asilo y cuyos casos no hayan sido resueltos;
• Eliminar los perdones humanitarios;
• Acelerar los juicios de deportación;
• Cambiar la función de USCIS y que no sea una agencia de servicio sino de cumplimiento de la ley de inmigración;
• Destinar todos los recursos y personal de las agencias migratorias a funciones enfocadas en deportación;
• Orden de aplicar el acuerdo 287(g) a nivel nacional para que las policías actúen con poderes extraordinarios como agentes de inmigración para arrestar y deportar a extranjeros.

El Proyecto 2025 contiene decenas de otras recomendaciones similares en materia de inmigración.