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"Abuso de poder estatal": ACLU arremete contra nueva ley migratoria de Florida

El grupo de derechos civiles advierte que entre las políticas más controvertidas y dañinas de la nueva ley migratoria de Florida (H.R., 1718 y S.B. 1718) está la criminalización de las personas, tanto ciudadanos como extranjeros, que viajan al estado con migrantes y/o solicitantes de asilo en Estados Unidos.
Publicado 3 May 2023 – 12:43 PM EDT | Actualizado 4 May 2023 – 09:34 AM EDT
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La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) dijo que la nueva ley antiinmigrante H.R. 1718 aprobada el martes por la Cámara Baja de Florida es cruel, peligrosa y demasiado amplia”, y que en caso de ser promulgada por el gobernador Ron DeSantis, se convertirá en una “extralimitación del gobierno estatal y un abuso del poder que infringe los derechos y la libertad de los floridanos”.

La iniciativa de ley republicana, que ya fue aprobada la semana pasada por el Senado (S.B. 1718), incluye una serie de regulaciones dirigidas a castigar severamente la inmigración indocumentada y negar el a la atención médica de emergencia, hasta ahora permitido legalmente.

“La legislación apunta a los inmigrantes en Florida y criminaliza a las personas que viajan a través de las fronteras estatales con extranjeros, incluidos algunos que están legalmente autorizados a estar en Estados Unidos”, señala ACLU.

Eso incluye a inmigrantes que llegaron a la frontera en busca de asilo, demostraron temor creíble de persecución y que sus vidas corren peligro si son deportados, fueron procesados por las autoridades federales de inmigración, sus casos emitidos a la Corte de Inmigración y puestos en libertad bajo el Programa Alternativo de Detención (ATD) en espera que un juez de inmigración decida sus futuros en Estados Unidos.

Según el lenguaje de la nueva ley, estos inmigrantes que se trasladaron a Florida y que fueron puestos en libertad porque no representan una amenaza a la seguridad nacional y/o pública, se trata de extranjeros sin papeles que pueden ser sancionados.

Nueva ley migratoria de Florida "infunde temor"

ACLU dijo también que la nueva ley migratoria contiene “una serie de políticas que perjudican a los inmigrantes de Florida y sus familias en todas las facetas de sus vidas”.

La S.B. 1718 (aprobada por el Senado) y la H.B.1718 aprobada por la Cámara Baja “infunden temor en los inmigrantes floridanos que buscan acceder a la atención médica, amplía las sanciones del programa federal E- a las empresas y prohíbe el financiamiento de tarjetas de identificación comunitarias por parte de los gobiernos locales”.

El grupo de derechos civiles también señala que, entre las políticas más controvertidas y dañinas de la nueva ley migratoria de Florida, “está la criminalización de las personas, tanto ciudadanos como extranjeros, que viajan al estado con migrantes y solicitantes de asilo”.

“Esto significa que las personas que brindan ayuda médica o humanitaria de emergencia, o simplemente se van de vacaciones con un ser querido, podrían ser castigadas”, agrega. Es decir, “una persona puede ser objeto de un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión, por viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada”.

Riesgo de uso de perfil racial en Florida por ley migratoria

Abogados consultados por Univision Noticias este miércoles advirtieron que, de ser aprobada la nueva ley migratoria, existe un riesgo de uso de perfil racial cuando se aplique. “Es lamentable, pero bien se podría usar en personas que tienen estatus y sean afectados por esta nueva legislación”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, sir de Florida.

“Pero no hay reglamento todavía que explique y detalle cómo las agencias del gobierno estatal trabajaran juntamente con el gobierno federal, que es el encargado de ejercer la ley migratoria”, advirtió.

Mientras tanto, si es promulgada por el gobernador, “todas las personas del estado que tienen un estatus legal de permanencia, inclusive los ciudadanos, lo mejor es llevar consigo un documento que pruebe su identidad y si se trata de un ciudadano, residencia permanente (green card), visa o permiso de permanencia temporal como TPS o DACA”, recomendó.

Ante esto, ACLU dijo que, este tipo de política fomenta la elaboración de perfiles raciales y la discriminación porque apoya consultas relacionadas con la nacionalidad, ciudadanía o estatus migratorio de las personas con las que interactúan en la vida cotidiana”. Y agrega que “es probable que tales sospechas se deban a la forma en que alguien se ve, su acento, de dónde provienen ellos o su familia u otras suposiciones y estereotipos motivados por motivos raciales o culturales”.

Miles en la mira por ley contra inmigración indocumentada de Florida

“En un estado tan diverso como Florida, este proyecto de ley migratorio pone en riesgo a muchas personas. Incentiva la elaboración de perfiles raciales de una variedad de floridanos y crea un entorno de ‘muéstrame tus papeles’. Busca activamente criminalizar a los floridanos, perjudica a las empresas y a nuestra economía, y socava nuestro sistema de salud pública”, dice Kirk Bailey, director político de la ACLU de Florida.

Agregó que “casi el 20 por ciento de los residentes del estado son inmigrantes” y que el proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa “daña directamente a una quinta parte de nuestra población y no tiene cabida en nuestro estado. En pocas palabras, este proyecto de ley es vergonzoso”.

“Este proyecto de ley antiinmigrante no hace que nuestro estado sea más seguro o mejor. En cambio, representa una extralimitación del gobierno y un abuso de poder, criminaliza y perfila racialmente a los floridanos, daña nuestra economía y malversa millones de dólares de los contribuyentes para atacar activamente a los floridanos”, precisó Bailey.

A su vez, el Southern Poverty Law Center (SPLC) condenó la aprobación de la nueva ley migratoria de Florida que, previno, “deja a todos los floridanos, incluidos los ciudadanos estadounidenses, expuestos a cargos por delitos graves”.

“Esta nueva ley demasiado amplia es intencionalmente odiosa y pretende demonizar a los inmigrantes y sus familias”, agregó la organización. “Según la nueva ley, cualquier persona en Florida puede ser acusada de un delito grave de tercer grado por transportar a un inmigrante al estado, incluso si la persona ha obtenido un estatus legal desde entonces”, precisó.

“Este proyecto de ley socava nuestros valores al sembrar sospechas entre vecinos, atacar a trabajadores y empresas durante una escasez de mano de obra y obligar a los productivos de la sociedad a volver a las sombras”, dijo Jonathan Webber, director de políticas de Florida para SPLC Action Fund.

Resumen de la nueva ley migratoria de Florida

La nueva ley migratoria de Florida aprobada por la Asamblea Estatal incluye:


  • Prohibir la financiación local para identificaciones comunitarias;
  • Invalidar ciertas licencias de conducir de otro estado emitidas legalmente;
  • Rastreará, registrará e informará el estado migratorio de los pacientes en hospitales;
  • Agregue un estatuto demasiado amplio de "tráfico de personas" a la lista de delitos que pueden resultar en cargos de extorsión;
  • Uso obligatorio de E- para empresas privadas con 25 o más empleados;
  • Deroga la capacidad de ciertos inmigrantes estudiantes de derecho (como dreamers protegidos por DACA) para ser itidos en el Colegio de Abogados de Florida;
  • Combina los esfuerzos antiterroristas del estado con la inmigración;
  • Exige la extracción de muestras de ADN de inmigrantes detenidos;
  • Eliminar las protecciones para inmigrantes víctimas de delitos;
  • Proporciona $12 millones de los contribuyentes al programa de transporte de extranjeros no autorizados a otros estados.

“El poder único y exclusivo para regular la política de inmigración se otorga al gobierno federal, no a los estados, de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos (Artículo VI) y siglos de acción y jurisprudencia del Congreso”, recordó Paul R. Chávez, abogado supervisor principal del SPLC Action Fund.
“Un esfuerzo estatal para crear un sistema de aplicación de la ley de inmigración istrado por el estado separado y en competencia impide la capacidad del gobierno federal para hacer su trabajo y socava nuestra democracia”, concluyó.

El gobernador DeSantis tiene siete días para promulgar o vetar la iniciativa de ley aprobada por la Asamblea Estatal de Florida.


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