Abogados piden a comité judicial de la Cámara Baja rechazar plan republicano de asilo
Miles de abogados de inmigración y profesores de derecho pidieron públicamente al comité judicial de la Cámara de Representantes que rechace el proyecto de ley migratoria de la bancada republicana que, de ser aprobado por el pleno, impondría severas restricciones al asilo y eliminaría protecciones garantizadas por el Congreso.
En un documento publicado el martes en horas de la tarde, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y la Asociación Nacional de Abogados (ambas reúnen más de 17,000 ), así como profesores de derecho, instaron al comité “a oponerse” al proyecto de ley HR 2640, denominado Reforma del Sistema de Asilo y Protección de la Frontera 2023 (Reform of the Asylum System and Protection of the Border 2023), por tratarse de “una medida divisiva motivada por sentimientos antiinmigrantes que dañarán a las comunidades de inmigrantes y a la nación en general”.
El citado proyecto de ley, de 137 páginas, es patrocinado por el representante republicano Tom McClintock (California) y será sometido a la consideración del Comité Judicial de la Cámara Baja este miércoles.
La iniciativa amplía requisitos de elegibilidad y restricciones para pedir asilo, exige la detención de familias migrantes y menores de edad que huyen de sus países y piden asilo en Estados Unidos, impone la regla del Tercer País Seguro e incluye severas sanciones a los empleadores que contraten a inmigrantes indocumentados, entre otras disposiciones.
El plan republicano también autoriza al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a impedir el ingreso a Estados Unidos de cualquier extranjero si el funcionario determina "es necesario para lograr el control operativo” sobre la frontera. También amplía las capacidades de detención de extranjeros y acelera los procesos de deportación.
La iniciativa reúne los principales componentes de la cuestionada política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump, quien durante su istración y a golpe de decretos y memorandos reinterpretó diversas leyes de inmigración que afectaron y redujeron considerablemente el debido proceso migratorio.
Respeto al debido proceso
Los abogados y profesores de derecho declararon que, “más allá de las líneas partidarias, el pueblo estadounidense apoya la protección de los solicitantes de asilo”. Y que “existe un reconocimiento histórico de larga data basado en la ley estadounidense de que Estados Unidos ha sido y debe ser un líder en asistencia humanitaria global”.
Agrega que la iniciativa de McClintock representa “todo lo contrario a lo que indican los principios estadounidenses y el derecho internacional”, razones suficientes para que el Comité Judicial de la Cámara de Representantes desestime el plan.
“El proyecto de ley no ofrece soluciones efectivas que mejoren la gestión en la frontera sur de Estados Unidos con México. Por el contrario, intenta controlar el fenómeno ahora global de los flujos de refugiados bloqueando a los solicitantes de asilo y destruyendo la ley de asilo existente”, indica.
La ley de asilo vigente, aprobada por el Congreso, indica que si una persona busca asilo y tiene o demuestra un miedo de ser deportado porque su vida está en peligro, es un juez de inmigración quien cedide su futuro en Estados Unidos.
Debido al atasco en la Corte de Inmigración (EOIR), que tiene más de 2.1 millones de casos acumulados, la mayoría de asilo, en mayo del año pasado el gobierno de Joe Biden otorgó poderes extraordinarios temporales a los agentes de asilo de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para decidir casos de asilo en la frontera con el objetivo de descongestionar los tribunales.
Sólo en aquellos casos cuando un agente de asilo rechaza una petición de asilo el expediente es enviado a la EOIR para que un juez decida.
Esta política, sin embargo, será puesta en suspenso tras el retiro del Título 42 de los CDC previsto para el 11 de mayo y los agentes de asilo de USCIS serán autorizados para actuar en la frontera en las primeras 72 horas cuando el extranjero está bajo el control de la Patrulla Fronteriza. Hasta ahora los agentes de asilo actúan después de las 72 horas iniciales cuando los agentes federales de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo determinan, en uso de su discrecionalidad, que existe una probable causa de asilo o miedo creíble y remiten al extranjero bajo la custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Las restricciones del plan republicano
La revisión del proyecto hecha por los abogados y profesores de derecho indica que, en particular, el plan republicano “prohibiría el asilo enteramente y sin excepción a las personas que cruzan la frontera entre puertos de entrada sin excepción, aunque se trate de grupos vulnerables, incluidos los niños no acompañados que están protegidos por la Ley de Protección a las Víctimas de la Trata”.
Los niños no acompañados también están protegidos por el Acuerdo Judicial Flores de 1997, que prohíbe la privación de libertad de menores en centros de detención federales, fija plazos máximos de detención y procesamiento y exige que sólo los jueces de inmigración decidan sus futuros en Estados Unidos.
“El proyecto de ley restringiría aún más la elegibilidad para el asilo y limitaría la solicitud”, advierten los abogados. “Significa que simplemente no habrá un significativo al asilo para aquellos que huyen de la persecución y vienen a Estados Unidos para salvar sus vidas”, agrega.
AILA dice además que los cambios propuestos en el proyecto de ley “obstaculizarían aún más a nuestro gobierno federal al exigir medidas poco prácticas y obstáculos burocráticos que relentizarán el proceso (de asilo) en lugar de hacerlo más eficiente”.
Los republicanos autores del proyecto también recomiendan limitar la autorización de empleo para solicitantes de asilo “a solo seis meses” y requiere efectivamente que los titulares de autorizaciones de empleo “vuelvan a aplicar repetidamente” para conseguir el documento, que en muchos casos demora más de seis meses en ser procesado por USCIS, incluso más de un año.
“Estas solicitudes para renovar la autorización de trabajo agravará el atraso existente que actualmente enfrenta USCIS que está demorando severamente todas las formas de visas basadas en el empleo y en familia”, puntualiza el documento.
Los dejarán sin trabajo
Los abogados temen que las limitaciones recomendadas para la obtención de las autorizaciones de empleo junto con las demoras en los procesos istrativos de adjudicación, “dificulten que los solicitantes de asilo obtengan trabajo” y, a su vez, se agrave “la escasez de mano de obra que enfrentan nuestras comunidades”.
“Al limitar el a la autorización de empleo para solicitantes de asilo, este proyecto de ley ignora el apoyo bipartidista para ampliar el ”, indica.
También previene que las disposiciones contenidas en el proyecto de ley sobre el uso del programa de verificación de empleo (E-) “exigen crear una estructura de multas excesivamente punitivas para los empleadores que intentan cumplir con un
mosaico bizantino de las normas de autorización de trabajo”.
“Sin un enfoque holístico que aborde las necesidades de nuestra economía y asegure que todos los trabajadores reciban protecciones laborales adecuadas, este proyecto de ley no lo hace. Una ley E- obligatoria exacerbará la escasez sin precedentes del mercado laboral de la nación, aumentará las oportunidades de explotación, creará una mayor demanda de productos producidos en el extranjero y debilitará nuestra economía”, advierten.
Recomendaciones de los abogados y profesores
Tras revisar el documento, los abogados y profesores, luego de advertir los problemas si el Comité Judicial de la Cámara de Representantes lo aprueba y envía al pleno, hicieron una serie de recomendaciones para mejorar el sistema de asilo y encontrar soluciones a la crisis que se vive en la frontera con México.
“Hay alternativas disponibles para que el Congreso las siga”, indicaron. “Cuando la migración se gestiona con eficacia,
los inmigrantes han jugado un papel fundamental en el avance de la prosperidad de la nación”.
Señalan que el país “se ha beneficiado directamente de la inmigración durante la recuperación en curso del país a causa de la pandemia del COVID-19 y la amenaza de recesión económica cuando los inmigrantes desempeñaron funciones vitales como profesionales médicos y otros trabajadores en industrias esenciales”.
Para abordar directamente los patrones cambiantes de migración en la frontera sur, AILA recomendó:
- Presentar estrategias para gestionar la migración y, al mismo tiempo, mantener las protecciones establecidas en el derecho de asilo humanitario de Estados Unidos;
- Modernizar el procesamiento de asilo en la frontera mediante el uso de un enfoque de todo el gobierno para aprovechar múltiples agencias y aliviar la presión en la frontera sur;
- La istración Biden debería crear una Oficina de Protección de Migrantes para coordinar el trabajo entre las agencias relacionadas con la inmigración;
- El Poder Ejecutivo debe establecer políticas más uniformes para compartir información entre las agencias que operan en la frontera, regiones que están identificando y procesando a los migrantes y los del interior, como los tribunales de inmigración.
- Se necesitan mayores inversiones para mejorar la infraestructura, incluida la contratación de más personal del CBP en los puertos de entrada para inspeccionar vehículos y peatones, así como más agentes de asilo de USCIS para entrevistar personas que temen ser perseguidas si regresan a sus países de origen.
- Para lograr esto, el Congreso debe hacer las inversiones necesarias en el sistema mediante la financiación adecuada de USCIS, el sistema judicial migratorio y el Departamento de Estado, que revisan miles de solicitudes de visas y otros casos de inmigración anualmente.
No más castigos
AILA dijo además que “también se opone al uso de medidas punitivas adicionales, como la detención, el bloqueo o la rápida
expulsión de las personas que llegan a la frontera”.
“Las istraciones actuales y pasadas han intentado tales métodos punitivos solo para descubrir que son ineficaces, injustos y ponen en grave riesgo la vida de las personas”, agregó.
Por ejemplo, dijo, la política del Título 42 de los CDC “no ha logrado reducir el número de personas llegando a la frontera sur mientras los atrapa en condiciones inseguras y peligrosas en México.
Los abogados y profesores de derecho indicaron que la Ley de Cumplimiento y Seguridad Fronteriza de 2023 es un paso en la dirección equivocada y es contraria a las leyes estadounidenses, el derecho internacional y los valores estadounidenses. Este proyecto de ley no istrará la inmigración en la frontera de Estados Unidos, sólo agravará los problemas dentro de nuestro sistema de inmigración vigente”, señalaron.
Los demócratas también cuestionaron el proyecto de ley. “El plan republicano de la Cámara de Representantes no aborda las causas de la migración irregular en nuestro hemisferio y, en cambio, perpetúa la mentira de que nuestro sistema de asilo tiene la culpa de todos los problemas en la frontera”, comentó el senador demócrata Bob Menéndez (Nueva Jersey), quien el martes presentó una propuesta migratoria que incluye un nuevo TPS para Centroamericanos, permisos de trabajo para indocumentados que están en Estados Unidos y aumentar los recursos para mitigar las causas de la migración hacia Estados Unidos.
“Hasta que los republicanos se sienten a la mesa con soluciones basadas en evidencia que puedan obtener apoyo bipartidista, este es simplemente un proyecto de ley de mensajes diseñado para apaciguar a los extremistas en su partido”, señaló.
Las probabilidades de que el plan presentado por el representante McClintock sea aprobado depende del líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (California). La oposición cuenta con 222 asientos frente a los 213 demócratas. Se requieren 218 votos para ser aprobado en el pleno. Pero en el Senado es poco probable que llegue al hemiciclo controlado por los demócratas, quienes tienen 48 asientos más tres independientes que votan con ellos. Los republicanos cuentan con 49 escaños.
Entre 2018 y 2019, los dos primeros años de gobierno de Trump, la Casa Blanca de ese entonces intentó sin éxito que el Congreso, controlado en ambas cámaras por los republicanos, aprobara una reforma similar a la sugerida por McClintock.
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