La Corte Suprema permite que el gobierno de Trump termine el conteo del censo más temprano
La Corte Suprema permitió este martes que el gobierno finalice el conteo del censo más de dos semanas antes de lo previsto, al bloquear sin ofrecer una explicación un fallo de una corte federal que pidió hacerlo hasta el 31 de octubre.
La decisión supone un revés para las organizaciones civiles que advirtieron que concluir el conteo más temprano ocasionaría que las minorías no sean contempladas de forma apropiada. La magistrada Sonia Sotomayor emitió una opinión disidente.
A fines de septiembre, un tribunal federal ordenó al gobierno del presidente Donald Trump que prescindiera de las modificaciones de última hora en el calendario del Censo de 2020 y que se cumpliera el plazo para el recuento hasta octubre.
Ese fallo respondió a una demanda presentada por una coalición nacional de gobiernos locales y organizaciones de derechos civiles sobre la decisión del gobierno de comprimir ocho meses y medio de recopilación y procesamiento de datos en solo cuatro meses y medio.
Un pedido para acelerar el conteo
El director de la Oficina del Censo, Steven Dillingham, anunció en julio que el secretario de Comercio Wilbur Ross, que supervisa la oficina, le había ordenado que acelerara todos los esfuerzos de conteo para terminar el 30 de septiembre, un mes antes de lo que la oficina había planeado, con el fin de entregar el primer conjunto de resultados a Trump, como lo exige la ley federal, para finales de este año.
El Congreso aún no ha aprobado una ley para ampliar los plazos de presentación de informes del censo, aunque un grupo bipartidista de senadores presentó recientemente un proyecto de ley con extensiones.
Los abogados del Departamento de Justicia han tratado de presentar la aceleración del conteo como una forma de que la Oficina del Censo cumpla con el plazo legal del 31 de diciembre para reportar los resultados, en vista de que el Congreso no le da más tiempo a la oficina.
La jueza del Distrito Norte de California, Lucy Koh, fue quien emitió la orden que requería que la Oficina del Censo siguiera intentando contar a los residentes del país hasta el 31 de octubre.
Si bien un de la corte de apelaciones confirmó la orden de Koh, anuló la parte que suspendía la fecha límite del 31 de diciembre para entregar los números. El de tres jueces de apelación dijo que el hecho de que la fecha límite de fin de año sea imposible de cumplir no significa que el tribunal deba exigir que la Oficina del Censo no la cumpla, de acuerdo con Chicago Tribune.
El fiscal de Los Ángeles, Mike Feuer, dijo a través de un comunicado en ese momento que el fallo se consideraba "una gran victoria en nuestra lucha por un recuento exacto del censo, que es crucial para una representación política justa y la asignación adecuada de los recursos federales esenciales".
La coalición de demandantes incluía a las ciudades de Los Ángeles, Chicago, Salinas y San José, junto con el condado de Harris, Texas; el condado de King, Washington, la Nación Navajo, la Comunidad Indígena del Río Gila, la Alianza Negra para una Inmigración Justa, la Liga Urbana Nacional, la NAA, la Liga de Mujeres Votantes y los comisionados de los tribunales del condado de Harris, Rodney Ellis y Adrián García.
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