Un informe acusa al gobierno de México de espiar a periodistas y activistas
Periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción han sido espiados por el gobierno de Enrique Pena Nieto a través de un software llamado Pegasus, que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado y es capaz de monitorear llamadas, mensajes de texto, correos e incluso activar el micrófono y la cámara de los teléfonos, reveló una investigación realizada por diferentes organizaciones civiles y publicada por el diario The New York Times.
Según detalla la investigación llevada a cabo por Artículo 19, R3D y Social Tic –con asistencia del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, Canadá–, se detectaron 76 intentos de infección contra personajes como los abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayoztinapa; los periodistas Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Daniel Lizárraga (quién destapó el caso de la llamada casa blanca) y Salvador Camarena; o Stephanie Brewer, una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía, entre otros.
De acuerdo con el trabajo, este equipo cibernético fue adquirido en el 2011 por el gobierno de México a la empresa israelí NSO Group, que asegura haberlo vendido bajo la condición de que no se usara contra la población civil. Tras esta adquisición, el gobierno mexicano ha gastado casi 80 millones de dólares en investigaciones.
“La compañía simplemente le cobra al gobierno en base al número de blancos espiados. Para espiar a 10 s de teléfonos iPhone, por ejemplo, la compañía hace un cargo de 650,000 dólares encima de otro cargo de 500,000 dólares por la instalación del sistema, de acuerdo a las propuestas de mercadeo de NSO; revisadas por el The New York Times”, enfatiza el reportaje.
Las personas en la mira del gobierno mexicano recibieron diversos mensajes de texto en sus celulares, que con amenazas o fake news (noticias falsas) buscaban que dieran clic en ligas de internet que automáticamente descargan e instalan el virus.
El informe señala que se reunió evidencia de que al menos tres instancias del gobierno mexicano han adquirido este software: La Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), y la Secretaría de la Defensa Nacional.
La investigación concluye que los ataques fueron dirigidos cuando los blancos cuestionaron las políticas del actual gobierno federal como la difusión del reportaje La Casa Blanca de Peña Nieto, el acompañamiento a la investigación independiente del caso Ayotzinapa, la actuación de la Policía Federal en Tanhuato y el debate de las leyes anticorrupción.
¿Qué investigaban los
activistas y periodistas espiados?
Este lunes por la tarde, las organizaciones que realizaron el estudio, así como algunos de los periodistas y activistas que habrían sido espiados por este programa, exigieron al gobierno de México la apertura de una investigación transparente al respecto y explicar el uso que dieron a la información.
Además, señalaron que recién presentaron denuncia formal sobre los hechos ante la Procuraduría General de la República y se solicitaron medidas cautelares antes la Comisión de Derechos Humanos.
Los ataques contra estos periodistas y activistas fueron documentados entre enero de 2015 y julio de 2016. Uno de estos casos fue el de tres integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez: Mario Patrón, director del centro; Santiago Aguirre, subdirector; y Stephanie Brewer, encargada del área internacional.
Durante el periodo de los ataques, las personas del Centro Prodh que fueron objetivo de los intentos de infección estaban activamente involucradas en la documentación y defensa de violaciones de derechos humanos, tales como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la ejecución extrajudicial de civiles por parte del ejército mexicano en el municipio de Tlatlaya18, Estado de México; las sobrevivientes de tortura sexual durante el operativo de San Salvador Atenco en 2006 y la discusión de la Ley General contra la Tortura.
Otros de los blancos de este espionaje fueron Carmen Aristegui, su hijo menor de edad y los periodistas Rafael Cabrera y Sebastián Barragán. Gracias a su actividad periodística se publicó el reportaje 'La casa blanca de Enrique Peña Nieto' en el que se denunciaba a través de la adquisición de una propiedad, los nexos entre el presidente y Juan Armando Hinojosa Cantú, beneficiado con importantes contratos durante la istración de Peña como gobernador del Estado de México y, posteriormente, como Presidente.
También el Carlos Loret de Mola, periodista de la cadena Televisa y uno de los rostros más visibles de la televisión mexicana, fue blanco de ataques justo en el momento que publicaba notas sobre las supuestas ejecuciones extrajudiciales por parte de policías en Tanhuato, Michoacán.
La organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la impunidad, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad también fueron blancos de ataques en omentos en que realizaban campañas anticorrupción sobre la conocida Ley 3 de3.
