Human Rights Watch urge a América Latina proteger al éxodo venezolano, el "mayor de la historia reciente de la región"
Los gobiernos latinoamericanos deben proporcionar a los refugiados venezolanos un estatus legal temporal debido a la crisis que se ha desencadenado en el país sudamericano, un fenóneno que la organización Human Rights Watch calificó este martes como "el mayor flujo migratorio de este tipo en la historia reciente de América Latina".
Más de 2.3 millones de venezolanos de una población total estimada de 32 millones han abandonado su país desde 2014, según Naciones Unidas. Sin embargo, "muchos más –cuyos casos no habrán sido registrados por las autoridades– se han ido", según Human Rights Watch.
El informe de 33 páginas titulado 'El éxodo venezolano: Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes' documenta los esfuerzos de los gobiernos sudamericanos para enfrentar al número masivo de venezolanos que cruzan sus fronteras, aunque también recoge las detenciones arbitrarias, deportaciones e incidentes de xenofobia que han padecido los venezolanos.
"Aunque varios gobiernos han hecho esfuerzos extraordinarios por acoger a los venezolanos que huyen, la magnitud creciente de la crisis requiere una respuesta colectiva y uniforme", aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Los gobiernos deberían dar una respuesta consistente para que quienes se ven obligados a irse de Venezuela obtengan la protección necesaria que les permita rehacer sus vidas", agregó.
Venezuela afirma que el flujo migratorio del país es normal y que la situación es utilizada como una excusa por sus enemigos ideológicos para justificar la intervención extranjera en el país. El presidente Nicolás Maduro dijo en una emisión televisiva el lunes que las protestas de la oposición y las sanciones financieras estadounidenses habían llevado a algunos venezolanos a "probar suerte" en otros países, pero muchos estaban reconsiderando esa decisión.
"Más del 90% lo lamenta, de este grupo que no son más de 600,000 venezolanos que han abandonado el país en los últimos dos años, según cifras serias confirmadas y certificadas", aseguró.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador convocó una reunión regional en Quito del 3 al 4 de septiembre para abordar la emigración venezolana. "Necesitamos hacer visible la crisis y canalizar la ayuda económica" a los países anfitriones y migrantes, explicó el canciller interino de Ecuador, Andrés Terán, durante la inauguración de la reunión que se realiza para buscar soluciones humanitarias para los migrantes venezolanos que carecen de empleos y corren el riesgo de ser explotados.
Se espera que el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebre una reunión por separado sobre la crisis de Venezuela el miércoles.
Al principio, los gobiernos dieron la bienvenida a los migrantes, pero el éxodo que estalló este año ha abrumado a los vecinos de Venezuela. El mes pasado, Ecuador y Perú anunciaron reglas de entrada más estrictas para los venezolanos, exigiéndoles llevar pasaportes válidos en lugar de tarjetas de identificación nacionales.
Human Rights Watch recomendó que los gobiernos regionales compartan la carga de los refugiados mediante la adopción de un régimen universal de protección temporal que otorgaría a todos los venezolanos un estatus legal, incluidos los permisos de trabajo y la suspensión de la deportación. Esto incluiría "el traslado seguro, ordenado y voluntario de refugiados y solicitantes de asilo entre los países receptores, en función de su capacidad de acoger, registrar e integrar a estas personas", según lo sugiere Human Rights Watch en su informe.
El reporte también recomienda "sanciones específicas, como la inmovilización de activos y la cancelación de visas, dirigida contra funcionarios venezolanos clave implicados en graves violaciones de derechos humanos, y promover que se haga justicia por las violaciones de derechos humanos".
En julio y agosto de 2018, Human Rights Watch realizó misiones de investigación en las fronteras de Venezuela con Colombia y Brasil, incluidas entrevistas con funcionarios de las Naciones Unidas y del gobierno y docenas de venezolanos que cruzaron la frontera.
El grupo de derechos humanos citó el derecho internacional que protege a los refugiados que enfrentan "un temor fundado de ser perseguidos", incluida la Declaración de Cartagena de 1984 en la que 15 gobiernos regionales adoptaron una definición más amplia de refugiado que los obliga a ofrecer protección a personas que huyen de "la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público".
Algunos gobiernos sudamericanos han adoptado reglas especiales para otorgar a los venezolanos permisos legales para quedarse, pero "cientos de miles de venezolanos permanecen en una situación irregular, lo que socava gravemente su capacidad para obtener un permiso de trabajo, enviar a sus hijos a la escuela y acceder a servicios de salud ", según Human Rights Watch. "Esto los expone en mayor medida a explotación laboral y sexual, y trata de personas, y hace que sea menos probable que denuncien abusos a las autoridades competentes", agregó.
El informe también destaca que los venezolanos son la principal nacionalidad que solicita asilo en Estados Unidos y España, y solo un pequeño porcentaje lo recibe.
"Venezuela abrió sus puertas a las personas que huían de las dictaduras y conflictos internos de América del Sur en los setenta y los ochenta", dijo Vivanco. "Sus vecinos ahora tienen la oportunidad y la responsabilidad de hacer lo mismo para el pueblo venezolano. Los gobiernos que se reúnan en Quito esta semana para tratar el éxodo venezolano deben estar a la altura e las circunstancias".