Tres indocumentadas trabajaron como esclavas en un restaurante por miedo a que las deportaran
Una madre y sus dos hijas adolescentes originarias de Guatemala fueron obligadas a trabajar durante varias horas sin tener un solo día de descanso en un restaurante de comida mexicana y en una empresa de limpieza en el norte de California, según una acusación federal desvelada este lunes.
La queja criminal alega que las tres fueron sometidas a condiciones casi de esclavitud, mientras las amenazaban con denunciarlas a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para que las deportaran.
Las autoridades arrestaron a una pareja en relación con este caso. Se trata de Nery Martínez Vásquez y Maura Martínez, ambos de 50 años y vecinos de Shasta Lake, a 170 millas al norte de Sacramento. Los acusan de tráfico laboral, conspiración para cometer trabajo forzoso y ocultar indocumentados para obtener ganancias financieras.
Estos delitos que conllevan una condena de hasta 30 años en prisión y el pago de una compensación monetaria a las víctimas. La pareja se declaró inocente en una corte federal en Sacramento.
De acuerdo con la acusación, entre septiembre de 2016 y febrero de 2018 la pareja hizo arreglos para traer a esta mujer y a sus dos hijas enviándoles más de 5,000 dólares para que obtuvieran pasaportes, visas de turista y compraran los pasajes de avión para viajar a la ciudad de San Francisco.
La madre aceptó la oferta laboral porque “le prometieron una vida más cómoda para su familia, incluyendo un salario justo y oportunidades educativas para sus hijas”, señalan documentos judiciales.
Sin embargo, una vez que llegaron a Shasta Lake, las tres fueron forzadas a trabajar durante 12 horas diarias, siete días a la semana, en el restaurante de comida mexicana Latino’s y en la compañía de servicios de limpieza y lavado de alfombras Redding Carpet Cleaning & Janitorial Services.
A esta madre y a su hija mayor les pagaban un salario “miserable, muy por debajo del salario mínimo”, mientras que la menor de las víctimas no recibió un solo centavo por trabajar durante largas jornadas en el establecimiento de comida, alega el Distrito Este de California de la Fiscalía federal.
Para evitar que las tres regresaran a Guatemala, la pareja les “impuso” una deuda falsa de más de 12,000 dólares que tenían que pagar trabajando varios meses y les mintieron diciéndoles que si usaban celulares, acudían a la escuela o salían a la calle, terminarían arrestadas en los operativos de ICE.
Golpeaban a las menores con un palo, según la queja
El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que los acusados crearon “un sistema de dependencia”, cubriendo las necesidades básicas de sus víctimas, ofreciéndoles comida y vivienda. Además, señala que las sometieron a abusos físicos, psicológicos y verbales, incluyendo golpear a las menores con un palo.
La madre frecuentemente era humillada frente a sus hijas, advirtiéndole que si no pagaba la “deuda” terminaría en la cárcel, menciona la queja judicial. También la forzaban a comer las sobras.
Aparentemente también separaron a la madre de sus hijas para evitar que escaparan. “Los acusados explotaron la vulnerabilidad de la víctima y de sus hijas, incluyendo su estatus migratorio, su falta de educación y por no hablar inglés”, indica la Fiscalía.
Esta mujer y sus hijas, cuyas identidades no han sido reveladas, llegaron al norte de California en septiembre de 2016, después de recibir 2,359 dólares para comprar sus pasajes de avión. Ellas fueron recogidas en el aeropuerto de San Francisco el 12 de ese mes y ese día las trasportaron a Shasta Lake.
Apenas llegaron, les hicieron varias advertencias: a la madre le dijeron que si compraba un celular sería localizada por ICE y a las hijas les pidieron que no acudieran a la escuela porque “agentes migratorios estaban haciendo redadas” en dichos institutos.
Las agraviadas fueron obligadas a vivir en “un remolque en ruinas, sin calefacción, aire acondicionado, ni agua corriente”, señalaron las autoridades.
El infierno de estas mujeres concluyó en febrero de 2018, cuando las autoridades las rescataron. No se ha revelado qué ocurrió con ellas.
Por su parte, el gobierno le incautó la propiedad de los acusados en Shasta Lake, ubicadas en el 1957 de la avenida Montana y en el 1987 de la calle Cabello.
El caso está siendo investigado por la oficina del FBI en Sacramento.
