“Se llevaron a mi hija y la prostituyeron”: por qué la esclavitud sexual es otro negocio de los carteles
Teresa, de 16 años, salió a comprar a la tienda más cercana a su casa en la colonia Progreso de Acapulco, el popular sitio turístico ubicado en el sureste de México. Antes de que ella llegara al negocio hombres armados la subieron a un automóvil y desapareció. Sucedió en noviembre de 2020.
Jamás pidieron un rescate, porque no era un secuestro común: la habían seleccionado para ser parte de un grupo de esclavas sexuales en el que estaban varias adolescentes. Durante tres meses, hasta que logró escapar, la vigilaron pistoleros de ‘La Maña’, como le dicen al crimen organizado en esa región.
“Se llevaron a mi hija y la prostituyeron en varias casas. Se la llevaron rumbo a la sierra de Guerrero”, contó a Univision Noticias la madre de Teresa, cuya identidad se oculta por razones de seguridad. El nombre Teresa es ficticio por el mismo motivo.
“La tenían en casas, llevándola de lado a lado. Dice ella que tenían a unas 15 muchachas y que miró cómo mataron a una porque no quiso hacer lo que le pedían”, continuó.
Publicaron fotos de su hija en las redes sociales y dieron parte a la Policía, pero nada pasó.
Teresa está viva de milagro. En febrero, cuando ya habían pasado tres meses desde su rapto, la joven le imploró a uno de sus captores que la dejara huir y este aceptó conmovido. Corrió hasta la calle más cercana y abordó un taxi que la regresó a su casa, donde la esperaba su abuela.
Una vez que concluyó su denuncia en la Fiscalía de Guerrero, una tía la llevó hasta a la garita de San Ysidro, California, para que pidiera asilo al gobierno de Estados Unidos. Pasó la entrevista de miedo creíble que le hizo un agente aduanal mostrando el reporte policial que detalla su caso.
Estuvo unas semanas en un albergue infantil y el pasado 13 de marzo llegó finalmente al hogar de su madre en el sur de California. Su proceso migratorio sigue pendiente.
Teresa cumplió 17 años este lunes y apenas si pudo esbozar una sonrisa cuando le tomaron una foto frente a su pastel. Ese día vestía una blusa con un personaje de Disney. “Todas las noches llora”, lamenta su madre.
Historias como la de Teresa se repiten todos los días en México, uno de los países más flagelados por la trata de personas. El problema se ha exacerbado en años recientes porque, según expertos, los carteles agregaron la esclavitud sexual de niñas y mujeres a su amplio menú de actividades criminales.
Del huachicol a la trata
El La Unión Tepito, dos grupos relativamente nuevos en el mapa criminal en México, pasaron del narcotráfico al huachicol (robo de combustible), y ahora incursionan en la explotación sexual, advirtió Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en una reunión virtual en junio de 2020.
Nieto aseguró entonces que José Antonio Yépez, alias ‘El Marro’, el detenido jefe del Cartel Santa Rosa de Lima, tenía clubes nudistas con “decenas de jovencitas” en Celaya y la región de los Apaseo, en el estado de Guanajuato.
La UIF detectó además múltiples actividades financieras sospechosas relacionadas con La Unión Tepito, que recibe ese nombre por el popular barrio de la Ciudad de México donde se formó, en focos rojos de la trata de personas, como Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.
En Puerto Vallarta, considerado por expertos en crímenes ligados al tráfico humano y trata de personas como un “paraíso” de pedófilos, criminales pagaban derecho de piso al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Eso se descubrió tras un operativo policial encubierto que en junio de 2018 liberó a 40 mujeres, la gran mayoría de entre 13 y 15 años. Las habían invitado a una fiesta juvenil, pero las estaban esperando adultos extranjeros que bebían licor, de acuerdo con la denuncia.
“En los videos que hacen los carteles siempre dicen que ellos no secuestran ni se meten con la gente, pero la realidad es que el tráfico sexual pasa sin excepción en cada zona controlada por los carteles”, afirma un investigador de una fundación que atiende a víctimas de tráfico sexual, quien pide no publicar su nombre porque participa en operativos encubiertos en México y Estados Unidos.
“He escuchado decenas de historias como las de esta niña (Teresa). Las secuestran en la calle, en el antro, las hacen adictas a la droga, las amenazan con matar a sus familias, las obligan a prostituirse y no les pagan nada”, describió en una entrevista con Univision Noticias.
“El perfil típico de las víctimas es de entre 12 y 16 años, dependiendo su apariencia y el ‘mercado’ que atienden los traficantes”, mencionó este experto. “Las ofrecen en perfiles de Facebook y Twitter, o en anuncios que dicen ‘voy a la universidad’. O les pagan a taxistas para que lleven a clientes”, detalló.
Los carteles mexicanos se involucran de dos maneras en el tráfico sexual en sus territorios, detalló este investigador. Ya sea controlando directamente la prostitución de niñas en burdeles y cantinas del cartel, o cobrándole un porcentaje a las células independientes que operan en sus ‘plazas’.
“Les pagan 10,000 o 15,000 dólares cada mes al cartel para que les den protección y los policías no se metan con ellos”, afirmó.
El tercer ingreso monetario
Al menos 15 zonas en México, casi todas ciudades turísticas y fronterizas, tienen una alta incidente en este delito, según un informe de la Organización de las Naciones Unidad (ONU).
Esos lugares son Tijuana y Mexicali (en el estado de Baja California), Nogales (Sonora), Ciudad Juárez (Chihuahua), Acapulco (Guerrero), Cancún (Quintana Roo), Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas), Tapachula (Chiapas), Puerto Vallarta (Jalisco), Los Cabos (Baja California Sur), la Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.
Estas regiones son controladas por los carteles de Sinaloa, Jalisco, los Zetas, del Noroeste y de Juárez, así como por las células que surgieron del clan de los Beltrán Leyva.
“Los grupos del crimen organizado se han dividido y diversificado sus actividades delictivas, recurriendo a la extorsión, el secuestro, el robo de combustible, el tráfico de personas, el tráfico sexual, la venta minorista de drogas y otras empresas ilícitas”, detalla un análisis sobre los carteles mexicanos que en julio de 2020 publicó el Servicio de Investigaciones del Congreso de EEUU.
“Estos delitos a menudo se describen como más ‘parasitarios’ para las comunidades y poblaciones locales dentro de México, degradando el sentido de seguridad ciudadana”, señala.
El gobierno mexicano cree que la trata de mujeres ya es el tercer ingreso más importante del crimen organizado, después del tráfico de drogas y armas.
Los grupos que rescatan a estas víctimas lo explican así: un cargamento de narcóticos se vende una vez, pero una esclava sexual se vende varias veces.
“Pueden ganar hasta cinco o seis veces más y ellas no denuncian. El cartel entiende que esa ‘mercancía’ no se echa a perder ni se devalúa, como la droga. Por eso se han metido más y más al tema del tráfico sexual infantil”, dijo el investigador entrevistado por este medio.
Más de 5,200 víctimas en México
De 2012 a 2017, las autoridades rescataron a más de 5,200 víctimas de tráfico sexual en México, de las cuales 3,308 eran mujeres adultas, 1,086 niñas (ambas son el 85% del total de casos), 492 hombres y 289 niños varones, de acuerdo con el informe más reciente sobre dicha problemática que elaboró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En ese período, el 69% de las denuncias se registraron en las fiscalías de cuatro estados: Ciudad de México, Chiapas, Puebla y Estado de México, señala el reporte de la CNDH.
Cuando el organismo identificó solo el porcentaje de mujeres y niñas afectadas por dicho delito, sobresalió con un 99% el diminuto estado de Tlaxcala, que es el epicentro de la esclavitud sexual en México.
Algunas menores que han sido raptadas en Tlaxcala fueron llevadas a Nueva York, donde las vendieron en casas de citas clandestinas, detalla una acusación federal.
El informe de la CNDH señala que la mayor cantidad de menores han sido explotadas en Veracruz, Campeche, Guerrero, Tabasco y Sinaloa.
Si bien la mayoría de las víctimas eran mexicanas (84%), las autoridades también identificaron a personas de 28 países, incluso de África. El grupo más grande lo formaban 278 mujeres y niñas de El Salvador, Honduras, Guatemala, Cuba, Argentina, Venezuela, Brasil y Colombia.
Uno de los supuestos involucrados en esta actividad ilegal es Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el llamado ‘´Príncipe de la Basura’ y cuya influencia política lo llevó a ser presidente en la Ciudad de México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que retuvo el poder ejecutivo durante más de 70 años.
La acusación indica que Gutiérrez de la Torre reclutaba a jóvenes de 18 a 32 años para una red de prostitución que ofrecía servicios sexuales a políticos. A ellas las engañaban ofreciendo trabajo “en oficina gubernamental” por un pago de hasta 14,000 pesos mensuales (unos 700 dólares). Una de las encargadas de seleccionarlas era la secretaria particular del ‘Príncipe de la Basura’, Sandra Esther Vaca Cortés, alegan las autoridades.
El escándalo fue desvelado desde 2014 gracias a una investigación del medio MVS, pero hasta hace unos días se emitió una orden de arresto en contra de Gutiérrez de la Torre. Aspiraba a una curul en el congreso local como abanderado del PRI. El 'Príncipe’ sigue prófugo.
“El gobierno de México no cumple plenamente las normas mínimas para la erradicación de la trata de personas; sin embargo, se empeña en lograrlo”, concluye una evaluación sobre el tema que funcionarios de EEUU elaboraron el año pasado.
Señala que al menos 522 personas fueron enjuiciadas por dicho delito en cortes federales y estatales en 2019. Uno de los casos notables fue el de una familia de Tlaxcala sentenciada por cargos de trata de personas con fines de explotación sexual. Se alega que operaban una compleja red de prostitución que operaba desde el sur de México y hasta la frontera con EEUU.
EEUU subraya que la corrupción relacionada con esta actividad ilegal “sigue siendo una preocupación”. Menciona investigaciones enfocadas en cuatro agentes migratorios que “recibieron pagos monetarios por facilitar la entrada y la residencia ilegal de migrantes víctimas de la trata de personas”.
Otro caso es el de un policía federal mexicano que estaba en la nómina de una banda dedicada a la trata de venezolanas. En septiembre de 2019 lo condenaron a 39 años de prisión.
