Transporte público y vivienda: dos necesidades para enfrentar la epidemia de opioides en EEUU
En 2016, la adicción a los opioides en Estados Unidos continuó aumentando para llegar a un nivel crítico: 91 personas murieron cada día de sobredosis y el número de decesos relacionados con el consumo de opioides se cuadruplicó desde 2000. Los pueblos rurales y las pequeñas ciudades han sido duramente afectados. De acuerdo con la investigación del Instituto Nacional de Salud, las personas en las áreas no metropolitanas presentan mayores índices de muertes por ingerir drogas y el envenenamiento por uso de opioides en estas mismas zonas creció cuatro veces más que en las áreas urbanas.
Durante la reciente reunión HAC Rural Housing Conference, legisladores nacionales propusieron una solución decididamente urbana a la epidemia: infraestructura. Tom Vilsack, secretario del Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), citó la falta de vivienda como un elemento crítico que perpetúa la crisis. En agosto, el USDA lanzó un plan para financiar viviendas transitorias en 22 estados para personas bajo tratamiento. Otros ponentes, por su parte, exhortaron a las agencias federales a invertir en el desarrollo de más viviendas accesibles en comunidades rurales.
CityLab conversó con Alan Morgan, director de la Asociación Nacional de la Salud Rural, acerca de las razones por las que, en los próximos años, la infraestructura de la vivienda será un factor clave para resolver la epidemia de los opioides.
¿Qué puede esperarse, en las áreas rurales de Estados Unidos, respecto de la adicción a los opioides?
La crisis de los opioides ha impactado en todo el país, pero el secretario Vilsack, e incluso el expresidente Bill Clinton, han declarado que este es exclusivamente un problema rural. Y es cierto que ha estallado con mucha fuerza en las pequeñas comunidades y que es una problemática creciente.
No se trata solo de lo que se ve en las salas de emergencia: uno puede constatar el efecto en los índices de esperanza de vida. De 1990 en adelante, este índice ha subido en las áreas urbanas, pero ciertamente ha habido una disminución en poblaciones rurales (así lo confirman los números de la Fundación Robert Wood Johnson). Esto sucede por determinadas razones: el tabaquismo, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las más comunes, pero las muertes por sobredosis y suicidios constituyen una gran parte del problema, lo que es algo inusual, ya que estos son también problemas relativos a la salud conductual.
¿Qué conduce a la desigualdad entre la salud urbana y rural, especialmente cuando se trata de la adicción?
Si se mira la prevalencia de especialistas tanto de salud mental como del comportamiento, se da una escasez clínica en materia de presencia de estos profesionales en las áreas rurales. De modo que se ha instaurado un sistema que se auto-perpetúa donde aquellos que más necesitan los servicios de salud tienen la menor cantidad de opciones disponibles. Bill Clinton, una vez más, atribuyó esta galopante crisis por el consumo de opioides a una pérdida de esperanza en las comunidades rurales.
En las áreas urbanas, en cambio, existen centros de tratamiento, profesionales de la salud del comportamiento. Además, es en las ciudades, y no en los pueblos rurales, donde predominan programas y convenios dedicados a la recuperación y la rehabilitación. En el campo, uno podría no disponer de esa red médica, mas las opciones de atención de salud se construyen en torno a la prescripción de opioides: los chicos de secundaria, por ejemplo, se lesionan practicando deportes, les prescriben analgésicos y, sin un tratamiento adecuado de seguimiento, se enganchan. Lo mismo pasa con los trabajadores en las granjas cuando sufren algún accidente. Y, a menudo, este se convierte también en un problema de transporte: los centros de atención más cercanos quedan, frecuentemente, a horas del lugar del incidente; y cuando los tratamientos necesarios son inaccesibles, la adicción toma su lugar.
La crisis adictiva opioide ha ocupado un lugar central en diversas discusiones durante el año que culmina, pero aún da la impresión de que queda mucho por hacer, particularmente en el tema de la vivienda. ¿Cómo se conectan el a la vivienda y la epidemia de los opioides en las comunidades rurales?
Tenemos una desafortunada tendencia a preservarnos en sectores. En cuanto a la epidemia de los opioides, no podemos permitirnos seguir actuando así. Es un problema de salud, pero hay de fondo también un componente ligado al transporte público, y otro, a no dudarlo, a la vivienda. Las personas necesitan permanecer en ambientes estables y aislados totalmente de las drogas para poder recuperarse. Pero en las zonas rurales, existe una seria escasez de viviendas accesibles y que, además, sean seguras y sin drogas. Si las personas que son tratadas luego regresan a las mismas condiciones en que puedan acceder a sustancias opioides, entonces el problema se exacerba.
Lo que comúnmente ocurre es que la gente que lucha contra la adicción pasa a llevar una vida de mendigo: cerca de un 35% de los individuos sin hogar en todo el país abusan de las drogas. Pero, lamentablemente, la mendicidad rural no tiene la misma visibilidad que la urbana. En las comunidades más pequeñas, la gente a menudo orbita alrededor de las casas de familia, pero la naturaleza provisional de la falta de hogar en estas zonas no es una señal visible que la gente comprenda. Ha sido difícil para las comunidades arribar a soluciones de problemas que no ven.
El secretario Vilsack y el USDA han puesto a prueba un programa para incrementar la cantidad de viviendas transitorias en las zonas rurales de Estados Unidos. ¿Qué tiene que suceder para asegurar el éxito de esa iniciativa?
Tendrá que darse un acercamiento coordinado intersectorial, multidisciplinario, mientras seguimos adelante. Esto es una gran aseveración y debería dejarlo en eso, pero debo añadir una nota de cautela. El gobierno federal está redireccionando recursos a nivel nacional para solventar esta crisis: la colaboración entre el USDA y el Servicio de Vivienda Rural conseguirá que más personas dispongan de un alojamiento estable para vivir, y la agencia está dedicando más fondos hacia programas de toma de conciencia y tratamiento.
El problema que afrontamos es que cuando existe un esfuerzo nacional como este, significa que hay que invertir un cúmulo inmenso de recursos y fondos, y uno quiere probar que estos esfuerzos no serán en vano, sino que tendrán un impacto relevante. Uno quiere mostrar que los programas han reducido dramáticamente la prevalencia de la adicción y hecho avances frente a la crisis. En pocas palabras, uno quiere números. Pero los números más notables seguirán llegando de las áreas urbanas. Siempre va a ser más difícil demostrar la necesidad en el caso de las poblaciones rurales, donde los números en general son menores.
Especialmente ahora que Ben Carson fue nombrado al mando del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), cuesta ignorar los nexos entre la vivienda y la salud. ¿Cómo ve usted a las comunidades rurales trabajando para integrar ambas durante los próximos años?
La clave será relacionar los puntos entre los servicios de salud y los sociales a nivel de cada comunidad. Esto se ha materializado a nivel federal bajo la actual istración –y, con suerte, en la próxima–, pero tiene que ocurrir localmente. ¿Cómo el hospital de la comunidad se convierte en un actor principal e integra sus servicios al mercado local de la vivienda y demás agencias? Tiene que haber una estructura social que golpee esta crisis, pero esto requerirá el apoyo de los departamentos federales: el USDA, el Departamento de Transporte, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Asuntos de los Veteranos. Tendremos que hacer, reitero, una labor multisectorial y comprometer a todos los niveles del gobierno.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.
