Cómo Buenos Aires intentará renovar una de sus icónicas villas miseria

Está a metros de los terrenos más costosos de la ciudad de Buenos Aires, pero hasta el año pasado no aparecía en Google Maps ni en los mapas de la gobernación. La Villa 31 –en Argentina le llaman villas a las barriadas pobres, asentamientos informales– es un rincón de pobreza en el medio de la clase alta porteña. Se trata de 10,000 viviendas precarias que se elevan entre los puentes de la principal autopista de ingreso a la capital desde la zona norte. En un país en el que uno cada tres personas es pobre, según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, este barrio es un símbolo de las desigualdades. Y el plan –el gran desafío político– es que deje de serlo.

Por décadas, las autoridades locales consideraron ‘la 31’ una vergüenza. Tanto así que llegaron a levantar un telón con plantas para ocultar las viviendas. También representaba un desafío a nivel de seguridad, por los serios problemas de consumo y tráfico de drogas, y niveles de homicidios que llegaron a ser seis veces más altos que en el resto de la ciudad, según el Instituto de Investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por miedo o por desconfianza, esta es una zona a la cual la mayoría de los porteños no accedería nunca. De todos modos, cientos de miles de vehículos que transitan por la autopista cada día observan cómo crecen las construcciones de ladrillos a la vista, chapa y cemento.

Pero la actual gestión a cargo de Buenos Aires parece haber cambiado de actitud. El alcalde Horacio Rodríguez Larreta anunció un plan de urbanización, cuyo objetivo principal es integrar la Villa 31 al resto de la ciudad. Las autoridades se proponen un desafío mayor a la mera instalación de servicios básicos y de mejoras de viviendas. La idea es crear un atractivo parque en altura, inspirado en el High Line de Nueva York, y puentes peatonales que conecten la Villa 31 a la zona chic de Recoleta, del otro lado de la línea del ferrocarril. Al mismo tiempo, prometen una intervención del territorio para apoyar a los habitantes de una manera más profunda.

“La dificultad de las personas que tienen problemas habitacionales no es solamente urbana. Hay una falta física que es evidente, y eso hay que arreglarlo. Pero lo que hay de fondo es una problemática que excede mucho esto”, dice el secretario de Integración Social y Urbana de Buenos Aires, Diego Fernández, quien está a cargo de la urbanización de lo que se va a transformar en el Barrio 31. “Es una problemática holística que abarca todos los aspectos de la persona: la salud, la educación, el trabajo. Nuestro objetivo no es simplemente arreglar la infraestructura, sino que la gente de esta zona se integre al resto de la ciudad y que tengan oportunidades como todo el resto de la ciudad”.

Llamadas villas miseria, o simplemente villas, los asentamientos informales todavía son una realidad muy presente en Argentina. De hecho, en la última década estos aumentaron que aumentaron. Según la ONG TECHO, 250,000 personas, un 10% de la población de la ciudad de Buenos Aires (sin contar el conurbano), viven en villas, en condiciones precarias. El Relevamiento de Asentamientos Informales de 2013 de TECHO encontró que solo un 5% de la población que vive en villas tiene a cloacas, un 11% a agua corriente y un 30% a la red eléctrica regular.

Hay otras cifras que son más preocupantes, dice Fernández: de cada 10 habitantes, 7 no han terminado la secundaria y tienen trabajo precario. Los índices de violencia también son más altos que en el resto de la ciudad, aunque la presencia policial en la Villa 31 es muy fuerte y el número de homicidios ha ido bajando.

Contrariamente a lo que se piensa, históricamente las villas han crecido en momentos de gran actividad económica porque normalmente quienes las habitan trabajan para los más ricos, como albañiles o como personal de limpieza, dice Pablo Vitale, coordinador del área de Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). La Villa 31 es la más visible y la más antigua. Su posición es estratégica: cerca del puerto y de las estaciones de trenes y autobús de Retiro, principal terminal de pasajeros de Buenos Aires. Ahí se empezaron a asentar en 1,930 trabajadores que ocuparon tierras y edificaron casas.

Una de las razones para esto son las dificultades que tiene la gente de escasos recursos para encontrar un hogar. Alquilar una propiedad en Buenos Aires puede llegar a ser una pesadilla, porque, entre otras cosas, la garantía solo se certifica con otro inmueble de propiedad. Esto es un requisito imposible para muchos extranjeros (se calcula que la mitad de la población de la Villa 31 está formada por bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos de las provincias) y para personas de escasos recursos. De esta manera, en la última década, la Villa 31 creció hasta expandirse en la Villa 31 bis, llegando a un total de 42.000 habitantes.

En 2007, durante su primera campaña para llegar a ser alcalde de la Ciudad de Buenos Aires , el actual presidente argentino Mauricio Macri prometió erradicar la Villa 31. A raíz de la pelea de los vecinos, y gracias al relativo aislamiento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que operaba como minoría contra el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, el discurso empezó a cambiar. En 2009 se aprobó una ley de urbanización de la Villa 31 que creó una mesa de gestión y planeamiento, conformada por vecinos, autoridades y académicos. Se desarrolló un programa de urbanización que nunca fue implementado.

Pero el año pasado un cambio más grande terminó siendo un factor de cambio: en diciembre 2015 Macri asumió como presidente. Por primera vez en décadas, los gobiernos de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y el nacional están alineados políticamente: todos son parte de la misma fuerza política. “No hay más disputa entre ciudad, provincia y nación”, dice Vitale. “Ahora hay una voluntad real de intervención de los barrios”.

El plan propuesto en agosto se aleja del plan propuesto por la mesa de gestión. Prevé trabajos de 400 millones de dólares para mejorar las viviendas existentes y crear servicios básicos, cambiar el trazado de la autopista actual y crear nuevas viviendas para los que ahora viven bajo del puente de la autopista, que se transformará en un parque en altura. De las 10,000 viviendas existentes, solo 1,600 serían reemplazadas por unas nuevas. La estructura básica de la villa, con sus calles angostas y peatonales que no se parecen nada a la estructura de cuadras del resto de la ciudad, se mantendría. “Queremos privilegiar la identidad del lugar, no estamos buscando homologarla al resto de la ciudad a nivel de estilo”, dice Fernández.

El gobierno de la ciudad también se instalará en el renovado Barrio 31. Su nuevo Ministerio de Educación tendrá sus oficinas acá, con 2,500 empleados públicos que crearán más integración entre la ciudad y la villa. La apuesta es que el Barrio 31, con su población extranjera, pueda llegar a convertirse en un atractivo polo gastronómico, con bodegas y un mercado colorido lleno de ingredientes peruanos, por ejemplo. Es un proyecto de urbanización parecido a lo de las favelas en Rio de Janeiro o de los asentamientos de Medellín.

El plan parece exhaustivo, pero los vecinos le tienen desconfianza. “Nuestra preocupación es el dinero”, dice Amalia Amia, delegada elegida y parte de la mesa de urbanización. Uno de los temas clave de la urbanización es que los vecinos podrán escriturar las tierras donde construyeron sus casas, que hasta el momento se consideran ocupadas ilegalmente.

El secretario Fernández asegura que nadie se quedará en la calle por no poder pagar su título de propiedad, que será posible mediante créditos. “Lo que esperamos es que realmente se haga. Ojalá no sea algún verso más, solo para correr la autopista”, añade Amia, que tiene 51 años y ha vivido en la 31 toda su vida.

La idea de correr el trazado de la autopista no estaba en las propuestas de la mesa de urbanización, y llegó como una sorpresa para la población. Según el secretario Fernández, el cambio es necesario para poder crear espacios verdes para esta zona densamente poblada. Ahora, los habitantes de la zona tienen a un promedio de 0.3 m² (3.2 pies cuadrados) de espacio público, que es mucho menor que el resto de la población de la ciudad, con 6 m² (64.5 pies cuadrados) por habitante. Para llegar a tener un cambio, el gobierno de la ciudad compró unos terrenos vacíos a la petrolera estatal YPF para poder construir ahí nuevas viviendas y el nuevo trazado de la autopista, mientras que el puente que cruza entre las viviendas y las zonas a su alrededores se transformarán en parque.

“Todo esto es deuda, son recursos públicos que se van a tener que pagar”, dice Sebastián Zubizarreta, de la agrupación territorial Lxs Invisibles. “¿Quién lo va a pagar?”.

Pero para Vitale de ACIJ hay un riesgo aún mayor. “La titulación puede llegar a crear gentrificación o sea la remoción de la población por parte del mercado, por precios inaccesibles”, dice Vitale. “Si lo que se busca es que el mercado se ocupe de lo que el Estado no se puede ocupar porque tiene mucho costo político, entonces es un peligro”.

Vitale indica que por ahora los planes de urbanización anunciados por el gobierno involucran cuatro villas que tienen algo en común. “ Todas están en lugares donde se quieren hacer grandes infraestructuras o donde hay oportunidades de negocios inmobiliarios o espacios vacíos en la zona”, dice Vitale. La Villa 31, por ejemplo, está en pleno centro, mientras que la Villa Rodrigo Bueno está al lado de Puerto Madero, una zona de desarrollo inmobiliario de lujo.

Lo cierto es que los trabajos de mejoras ya han arrancado, y son varias las zonas donde se están implementando servicios básicos. Todo debería estar terminando en 2019. “En lo inmediato, este es un momento de enorme expectativa,” dice Vitale. “Se logró por lo menos poner en la agenda mucho de aquello por lo cual se ha estado peleando por muchos años. Es un momento de preocupación optimista”.