Por qué Puerto Rico está presionando para privatizar sus escuelas

La Escuela Segunda Unidad Matrullas es una pequeña escuela pública de kinder a noveno grado en las montañas del centro de Puerto Rico. Después de que el huracán María azotara la isla en septiembre pasado, estuvo sin electricidad durante cinco meses. Recientemente, el director de la escuela perdió las esperanzas de volver a conectarse a la red eléctrica del territorio y en su lugar decidió depender de una microrred —un sistema de es solares y baterías de almacenamiento— para mantener la electricidad en el edificio. Los apuros de este colegio no son únicos: cientos de otras escuelas aún permanecen sin electricidad. También persisten otros daños, desde el derrumbe de techos y problemas causados por el agua hasta el moho generalizado. Y el sistema ha perdido a aproximadamente 14,000 estudiantes que se han mudado al territorio continental de Estados Unidos desde el paso de la tormenta.

En esta situación desesperada, las autoridades puertorriqueñas están usando la recuperación tras el paso de la tormenta como una oportunidad para reformar dramáticamente su sistema educativo. El gobernador Ricardo Rosselló anunció recientemente que se cerrarán más de 300 escuelas públicas de las 1,100 que hay, y esbozó los cambios que quiere hacer en el sistema , incluyendo instituir escuelas chárter y el usar cupones para escuelas privadas, ideas similares a las promovidas por la secretaria de Educación de Estados Unidos, Betsy DeVos.

Esto puede sonar un poco familiar: después del huracán Katrina, Nueva Orleans también se embarcó en una importante renovación educativa e hizo que la mayoría de sus escuelas públicas se convirtieran en escuelas chárter, una medida que sigue siendo polémica. Actualmente, más de un 90% de los estudiantes la ciudad asisten a escuelas chárter.

Pero la situación en Puerto Rico en realidad tiene sus raíces en la década de 1990, cuando los líderes conservadores de la isla comenzaron a promover las escuelas privadas y (sin éxito) presionaron en favor de los vales o vouchers. Incluso antes de la tormenta, muchas escuelas estaban cerrando. Entre 2010 y 2015, 150 escuelas públicas fueron clausuradas, y en mayo de 2017, cuatro meses antes del paso de María, las autoridades anunciaron que cerrarían otras 179.

Fue un tipo diferente de tormenta, la crisis financiera de 2008, la que provocó esa oleada de cierres de escuelas públicas, según el politólogo Charles Venator-Santiago, de la Universidad de Connecticut. La pérdida de la autoridad del gobierno para financiar las escuelas impulsó el movimiento a favor de la estadidad, el cual apoya convertir las estructuras puertorriqueñas en estructuras similares a las del territorio continental para hacer del territorio un candidato más atractivo a la Unión y lograr ser estado. Actualmente, Rosselló encabeza el Partido Nuevo Progresista a favor de la estadidad, que actualmente tiene una mayoría tanto en la Cámara como en el Senado de Puerto Rico.

Podría ser sensato cerrar algunas escuelas públicas rurales con bajas matrículas, pero Venator-Santiago, quien estudia la ley territorial estadounidense, cree que el llamado de Rosselló a convertir más escuelas públicas en escuelas chárter y a hacer mayor uso de los vales es, en principio, una estrategia para ganarse el favor de Estados Unidos y obtener más fondos federales, así como satisfacer a sus aliados en Puerto Rico dándoles empleos en nuevos puestos de docentes y superintendentes. La defensa de los vales también es bien vista por los grupos religiosos conservadores que apoyan a las escuelas religiosas, principalmente católicas y privadas en la isla, dijo.

La reforma educativa de Rosselló es parte de una iniciativa mayor para la privatización favorable a Estados Unidos en Puerto Rico. El gobernador anunció recientemente planes para privatizar la empresa eléctrica pública del territorio, alegando que la medida permitiría mejorar el servicio y reducir costos. Meses antes del huracán, el gobierno expuso los planes para vender puertos marítimos, estacionamientos, residencias estudiantiles, y más a empresas privadas.

Pero la privatización enfrenta una dura resistencia por parte del sindicato de docentes, la Asociación de Maestros de Puerto Rico, que ha pedido más fondos y atención para las escuelas públicas en lugar de instituciones chárter y privadas. "Después de los huracanes Irma y María, [Rosselló] necesita invertir en escuelas públicas para apoyar y estabilizar el aprendizaje de los niños, y no abandonar y privatizar las escuelas", escribió en una declaración a comienzos de este mes la presidenta Aida Díaz.

La experta puertorriqueña Yarimar Bonilla, de la Universidad Rutgers, es crítica de las políticas de privatización. Según ella, los líderes a favor de la estadidad no tienen interés en fortalecer las estructuras del territorio, dado su objetivo final. "No están interesados en construir un estado fuerte o en crear una economía independiente", dijo. "Por eso no les preocupa que las empresas estadounidenses tomen la ventaja en la recuperación... En el sistema educativo, esto significa que los márgenes de ganancia lo definen todo, desde donde se ubican las escuelas hasta lo que se enseña en ellas".

La saga del sistema chárter de Nueva Orleans es quizás tanto un modelo como una advertencia para Puerto Rico. A pesar de los temores de los críticos, los puntajes en las pruebas han mejorado y la segregación —que se sabe que se exacerba en las escuelas chárter— no ha empeorado, dijo Douglas Harris, de la Universidad de Tulane, que estudia las escuelas chárter de la ciudad.

Al mismo tiempo, el nuevo sistema sigue siendo muy polémico entre los residentes y maestros de la ciudad, porque, entre otros problemas, ha significado el fin de las escuelas basadas en los vecindarios. La ciudad también sembró la disidencia al despedir a una cifra importante de educadores negros experimentados y reemplazarlos con maestros blancos jóvenes en la reforma.

La secretaria de Educación de Puerto Rico, Julia Keleher, ha dicho que las reformas del territorio no serán tan drásticas como las que se hicieron en Louisiana. Pero ha llamado a Nueva Orleans un "punto de referencia" con respecto a su nuevo sistema escolar. Y como Betsy DeVos está ayudando a las autoridades puertorriqueñas a elaborar estrategias —se ha reunido con Rosselló y Keleher, y su subsecretario adjunto, Jason Botel, se ha estado comunicando regularmente con Keleher durante meses— los profesores de las escuelas públicas de la isla y sus aliados tienen motivos para preocuparse por el futuro.

También vale la pena señalar los límites de utilizar Nueva Orleans como modelo de reforma educativa en Puerto Rico. Por ejemplo, el territorio tiene una población estudiantil mucho mayor: son alrededor de 330,000 estudiantes contra los 46,000 de Nueva Orleans, distribuidos en un área del tamaño de Connecticut y con diez veces el número de escuelas, lo cual hace la reforma más complicada. "En Nueva Orleans", dijo Harris, "tuvimos una intensa concentración de interés en un lugar muy pequeño".

Pero Harris nota una estrategia de Nueva Orleans de la que Puerto Rico podría aprender: Louisiana no les otorgó autonomía total a las escuelas chárter. Después de ver cómo funcionaba el sistema en un principio, el estado cambió a un sistema de inscripción y expulsión centralizado para regular la conformación de los estudiantes de las escuelas. El estado también restringió las transferencias, para limitar la transferencia entre escuelas, y ordenó que las escuelas primarias e intermedias proporcionaran transporte gratuito para que los estudiantes tengan más facilidad para asistir a la escuela.

"Cuando surgieron problemas en ciertas escuelas, el estado volvió a intervenir y tomó el control", dijo Harris. "No permitió que las escuelas chárter funcionaran como si estuvieran en un sistema completo de mercado libre".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en CityLab.com.