El difícil futuro de Los Ángeles tras el anuncio del fin del TPS
LOS ANGELES, California — Evelyn Hernández le dijo a su esposo que aunque ella se muera, no quiere irse de Estados Unidos. "Quiero que me entierren aquí", dice que le dijo un día. "No quiero que me envíes a mi país".
Hernández es originaria de El Salvador, pero vive en Los Ángeles desde que emigró a Estados Unidos en 1992 a la edad de 19 años. Ha podido vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos desde 2001 gracias a su Estatus de Protección Temporal, o TPS, como se lo conoce comúnmente.
Pero hace una semana, la istración Trump anunció planes para ponerle fin al TPS para personas de El Salvador, poniendo en peligro la vida de aproximadamente 200,000 salvadoreños que han estado viviendo en este país desde al menos marzo de 2001, o quizás mucho más tiempo. Estas personas ahora tienen dieciocho meses —hasta el 9 de septiembre de 2019— para abandonar Estados Unidos o encontrar un medio alternativo para obtener la residencia legal.
Hernández, que trabaja como organizadora comunitaria en el Centro de Recursos Centroamericanos de Los Ángeles (CARECEN), se describió a sí misma como "devastada, frustrada y enojada" por la decisión, pero no derrotada. "Todo eso, lo convierto en energía para luchar, no solo por Evelyn Hernández sino también por todos nosotros que tenemos el Estatus de Protección Temporal".
Un estatus nacido del desastre y la guerra
El programa TPS fue creado en 1990 para permitir que las personas permanecieran temporalmente en Estados Unidos cuando las condiciones en sus países natales les impidieran regresar a sus hogares de manera segura, en la mayoría de los casos debido a conflictos armados o desastres naturales. El TPS se los otorgó a los salvadoreños el entonces presidente George W. Bush en 2001, después de que dos grandes terremotos en un mes destruyeran la pequeña nación centroamericana. El Departamento de Seguridad Nacional ahora dice que es necesario ponerle fin al TPS porque "las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen".
Pero muchos críticos argumentan que El Salvador, que tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, sigue azotado por la inestabilidad y la violencia, el legado de la desgarradora guerra civil ocurrida en el país entre 1980 y 1992. Los salvadoreños constituyen la abrumadora mayoría de los beneficiarios del TPS, pero 13 países de todo el mundo estaban designados para el TPS cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo en enero pasado, una lista que también incluye a Honduras, Nicaragua, Siria, Haití y varias naciones africanas.
El futuro del programa del TPS como un todo ha estado sujeto a recortes bajo Trump. Los beneficiarios del TPS como Orlando Zepeda, un residente de Los Ángeles de 51 años de edad, no se sorprendieron por la decisión del lunes pasado. "Ya lo habían decidido para los otros países, y lo estábamos esperando", le dijo Zepeda a CityLab, refiriéndose al hecho de que el Departamento de Seguridad Nacional había anunciado planes para ponerle fin al TPS para nicaragüenses y haitianos en noviembre. "Pero cuando escuchas las noticias que te conciernen a ti, es devastador".
Zepeda emigró de El Salvador en 1984; su esposa Lorena también es beneficiaria del TPS y la pareja tiene dos hijos, ambos ciudadanos estadounidenses.
Para los beneficiarios del TPS, el programa otorga a los participantes una especie de legalidad intermedia: los beneficiarios no pueden ser deportados y pueden obtener permisos de autorización laboral, pero su estado debe renovarse cada 18 meses y el TPS no ofrece ninguna vía hacia la residencia legal permanente. En teoría y nombre, el programa debe ser temporal. En la práctica, sin embargo, ha sido prácticamente casi permanente, lo que les ha permitido a los beneficiarios salvadoreños como Zepeda y Hernández desarrollar vidas y raíces en Estados Unidos durante un período de casi dos décadas.
Las investigaciones han demostrado que obtener el TPS genera "un aumento en la calidad de vida, mayores ingresos, mejores trabajos y mayores tasas de propiedad de vivienda, entre otros indicadores de integración y bienestar" para los beneficiarios. "No ha sido temporal, especialmente para la comunidad centroamericana", dijo la directora ejecutiva de CARECEN, Martha Arévalo. "Ha sido renovado bajo presidentes republicanos y demócratas, y tienen la responsabilidad de resolver este problema".
Un posible éxodo para el sur de California
Si no surgen vías hacia la legalización impulsadas por las políticas antes de que se venza el plazo de 18 meses, se espera que las personas abandonen el país de forma masiva, abandonando así la fuerza laboral, sus familias y comunidades. Un éxodo semejante sacudiría ciudades como Los Ángeles, cuya área metropolitana es el hogar de la mayor población de inmigrantes salvadoreños en Estados Unidos. La ciudad de Los Ángeles alberga aproximadamente a 30,415 salvadoreños beneficiarios del TPS, la segunda mayor concentración en el país después de Washington DC, que es el hogar de aproximadamente 32,360.
"Nuestras comunidades trabajan en la industria hospitalaria, la industria hotelera, el sistema escolar", dijo Karina Oliva Alvarado, profesora de Estudios Chicanos de UCLA e inmigrante salvadoreña. "Somos parte de la estructura de la economía de Los Ángeles".
Eso se cumple especialmente en los vecindarios de Westlake y Pico Union, donde decenas de restaurantes sirven comida salvadoreña y los carritos de pupusa se colocan en las intersecciones más transitadas. En 2012, las autoridades de la ciudad designaron oficialmente una sección de la avenida Vermont que atraviesa Pico-Union como el Corredor Comunitario de El Salvador. Un año más tarde, se develó un monumento conmemorativo de la muerte del sacerdote salvadoreño Monseñor Oscar Romero en el bullicioso parque MacArthur de Westlake. Romero fue asesinado en 1980, al comienzo de la sangrienta guerra civil que llevó a decenas de miles de salvadoreños a emigrar a Los Ángeles.
Ese conflicto de 12 años “resonó con fuerza en Los Ángeles y transformó la ciudad”, como explicó el L.A. Times en un artículo de 1992. Lo que una vez fue una lenta migración salvadoreña "se convirtió en una inundación", y el sur de California sirvió como el "principal destino" para los salvadoreños que huían de la violencia y la inestabilidad política. CARECEN se formó en 1983 para proporcionar servicios legales y sociales a la naciente comunidad y desde entonces se ha convertido en una prominente organización de derechos de los centroamericanos a nivel nacional.
"Nos estamos movilizando", dijo la coordinadora de voluntarios de CARECEN Jennifer Marín Esquivel. Entre sus necesidades urgentes: contratar a diez empleados temporales para ayudar con las renovaciones del TPS. (Los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos han indicado que los beneficiarios salvadoreños del TPS tendrán que renovar su situación una última vez antes de que su estado expire en septiembre próximo). "Esperamos que en cuanto se publiquen las fechas de renovación de El Salvador, nos inunderemos de solicitudes".
Midiendo el impacto económico
Es importante destacar cuán económicamente arraigada está esta comunidad. Según datos del Centro de Estudios Migratorios, más de un tercio de los beneficiarios centroamericanos de TPS son dueños de sus casas, y el sitio inmobiliario Zillow estimó que los beneficiarios salvadoreños del TPS que viven en Los Ángeles pagaron entre 22.1 millones y 32 millones de dólares en impuestos a la propiedad en 2017. Más del 88% de los beneficiarios del TPS en Centroamérica están en la fuerza laboral—una tasa de participación en la fuerza laboral que es más de un 20% superior a la de la población estadounidense en general.
"Esto nos parece simplemente devastador", dijo Andrew Cohen, portavoz de Unite Here Local 11, que representa a los trabajadores de hoteles y restaurantes en Los Ángeles (incluyendo varios miles de beneficiarios del TPS). "Parte de eso es la relación transnacional—sus familias en El Salvador, en general, dependen de las remesas que envían como trabajadores desde aquí".
Las remesas representan un sorprendente 17% del PIB de El Salvador, según el Banco Mundial, con cifras que suman más de 4,500 millones de dólares al año. Dado que los beneficiarios del TPS constituyen el 16% de la población salvadoreña total en Estados Unidos, es probable que su impacto en las remesas al país sea sustancial. En una entrevista con NPR, un politólogo calculó que los beneficiarios del TPS pueden estar enviando más de 600 millones de dólares a El Salvador—una suma mayor a la ayuda oficial otorgada por Estados Unidos a ese país, y equivalente al 2% del PIB del país.
Hablando en términos prácticos, el sistema judicial estadounidense de inmigración ya tiene tanto trabajo atrasado que deportar a los más de 30,000 beneficiarios del TPS inmediatamente después de que expire su estatus sería logísticamente imposible. Pero aunque no sea inminente la visita legal de un funcionario, una población que ha pasado casi dos décadas con un estatus casi legal será lanzada a las sombras, sabiendo que el gobierno ya conoce sus domicilios.
Y cuando expire el plazo de dieciocho meses, los beneficiarios del TPS perderán inmediatamente su capacidad de trabajar legalmente en Estados Unidos. "Básicamente vuelven a la economía sumergida, donde trabajan sin reportar ingresos", dijo Cohen.
"En este momento, recibimos muchas llamadas de personas que tienen mucho miedo", dijo Valeria De González, abogada de inmigración de Hadsell Stormer & Renick, una firma que representa aproximadamente a 70 trabajadores de restaurantes y hoteles que son beneficiarios del TPS. Según De González, a los empleados como los que ella representa a través del fondo legal Unite Here Local 11 generalmente se les pregunta sobre sus permisos laborales unos meses antes de que expiren. "Cada empleador es diferente, pero básicamente exigen que el empleado demuestre que tiene un nuevo permiso de trabajo válido para la próxima temporada del TPS. Esperamos que sea lo mismo". Los empleadores que no cumplen con la ley federal de inmigración corren el riesgo de multas y cuotas.
Los beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos después de que su estatus expire estarán en una fuerte desventaja cuando busquen un empleo fijo. "A los trabajadores indocumentados se les dan peores salarios, son víctimas del robo de salarios y otras formas de abuso mucho más frecuentemente, sus condiciones de trabajo son más peligrosas, enfrentan acoso sexual y el abuso con más frecuencia", dijo el Sr. Cohen. "Esto se debe a que están relegados a esta situación en la que no pueden denunciar".
Los hijos del TPS
Los salvadoreños poseedores de TPS también son padres de un estimado de 192,700 niños nacidos en Estados Unidos, una gran cantidad de jóvenes ciudadanos estadounidenses ahora sumidos en el miedo y la incertidumbre. Los hijos ciudadanos estadounidenses de los beneficiarios del TPS que viven en ciudades como Los Ángeles enfrentan la posibilidad de ser separados de sus padres, o la reubicación forzosa a un país que muchos ni siquiera han visitado.
El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), el segundo distrito escolar más grande del país, llegó a emitir una declaración la semana pasada denunciando la decisión sobre el TPS y reafirmando su compromiso con sus muchos estudiantes inmigrantes. Según LAUSD, el anuncio "generó una gran ansiedad y confusión entre algunos estudiantes, familias y empleados".
"No podemos simplemente hablar de DACA o el TPS por separado. Todo está entrelazado". Todas las luchas de nuestra comunidad están entrelazadas", le dijo a CityLab Ester Hernández, profesora de Estudios Chicanos/Latinos en Los Ángeles quien emigró de El Salvador cuando era niña. "Esto es como una bomba de tiempo para el sistema educativo de California".
Si colocan a los padres en detención migratoria o los deportan, los hijos menores de edad de los beneficiarios del TPS teóricamente podrían caer en el sistema de adopción, un resultado que no solo sería profundamente traumático para los niños involucrados sino también financieramente gravoso para el estado. Sin embargo, según Juana Aguilera, vocera del Departamento de Niños y Familias del Condado de Los Ángeles (DCFS, por sus siglas en inglés), la participación del DCFS en casos de inmigración todavía es bastante rara. "La mayoría de las veces, los padres ya tienen familia [en el lugar] y dejan a los niños con esos de la familia", dijo Aguilera.
Orlando Zepeda ha estado conversando con su hijo de 14 años y su hija de 12 años. Ninguno de sus dos hijos nacidos en Estados Unidos ha estado en El Salvador.
"Les digo que nada malo va a suceder. Cuando llegue el momento, veremos qué tenemos que hacer".
Debido a que uno de los hijos ciudadanos estadounidenses de Evelyn Hernández tiene 21 años de edad, podrá presentar una petición familiar que, con suerte, le permitirá establecer residencia legal después de que expire su TPS. "Estamos aquí juntos y no nos vamos a rendir fácilmente", dijo. "Somos luchadores".
Este artículo fue originalmente publicado en inglés en CityLab.com
