Cuando colaborar con las deportaciones sale caro para las ciudades (y ICE no paga nada)
Era un ciudadano estadounidense, pero eso no importó. Ernesto Galarza fue arrestado en 2010 en Allentown, Pennsylvania, por la policía local del condado de Lehigh. Su jefe había sido detenido por cargos relacionados con drogas y los agentes intentaron involucrar a este descendiente de dominicanos. Galarza rápidamente fue declarado inocente de los cargos, pero las autoridades locales lo mantuvieron detenido bajo la solicitud de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a pesar de ser ciudadano.
Pasó tanto tiempo en la cárcel que perdió su empleo, lo que motivó a la ACLU a entablar una demanda contra ICE por haber negado sus derechos federales. Según ellos, ICE no tenía causa razonable para pensar que Galarza era indocumentado. Sin embargo, ICE se libró de responsabilidad de la batalla diciendo que la solicitud es solo eso, una solicitud, y no una obligación. Finalmente la ciudad de Allentown y el condado que tuvieron que pagar 145,000 dólares en total para compensar a Galarza.
Un reciente artículo del Wall Street Journal destacó el caso de Galarza para explicar cómo la mano dura que Trump ha adoptado con ciudades santuarios enfrentará resistencia en distintos tipos de ciudades y no solo en las grandes metrópolis liberales. Mientras que el presidente ha estado batallando con los enclaves progresistas como Chicago y San Francisco sobre la designación de ‘santuario’, está perdiendo batallas importantes en condados similares a Lehigh, donde los republicanos tienen el poder (en particular, Allentown es una de las ciudades con los niveles más altos de segregación entre blancos no-latinos y latinos). El caso de Galarza ejemplifica cómo algunas autoridades locales pueden tener razones para no cumplir con los pedidos (‘detainers’) de mantener a personas en custodia hasta que llegue ICE.
“ICE pedía ‘detainers’ seguido sin causa probable de pensar que el individuo era indocumentado y el condado de Lehigh cumplía cada pedido, independientemente de las circunstancias”, dice Molly Tack-Hooper, abogada de ACLU. “ICE pedía detainers solo para tener más tiempo para investigar el estatus migratorio de la persona. Pero el detener a alguien sin causa probable de pensar que han cometido un delito y sin una orden judicial niega sus derechos de la cuarta enmienda”.
Si ICE tiene razón, y el cuestionado es en realidad indocumentado, no hay problema para el condado. Pero si se equivocan, la culpa caerá en la espalda de los locales. Inmigración se puede lavar las manos y ICE se ha equivocado una y otra vez. Un estudio hecho por la Universidad de Syracuse encontró que entre 2008 y 2012 ICE pidió mantener en custodia a 834 ciudadanos y 28,489 residentes permanentes (personas con ‘green cards’) y que los individuos que pasaron por los períodos más largos detenidos por ICE eran residentes legales.
“Ciudadanos estadounidenses, incluyendo hijos ciudadanos de padres indocumentados, quedan atrapados en el sistema todo el tiempo”, dice Michael Olivas, profesor de Derecho en la Universidad de Houston. “El proceso supuestamente deja a ciudadanos una manera de comprobar su documentación, pero algunos se pierden en el sistema de todas maneras, especialmente si no tienen consejo legal. Esto pasa raramente si tienen abogados, pero como la inmigración es un tema civil, no criminal, el gobierno no está obligado a ofrecer consejo legal”.
La negación a acatar los 'detainers' ha sido tema importante, dada la designación de ‘ciudad santuario’ y la respuesta agresiva de Trump contra estas. En un comienzo, ICE empezó a publicar listas de las solicitudes que fueron negadas por parte de la ciudad. Hoy la agencia dice que sigue compilando los datos, pero los ha tenido que dejar de publicar porque la cantidad de errores que estos tenían. Los datos crearon conflicto con ciudades en todo el país y la más reciente versión de estos datos venía con una corrección que mostraba que ICE había atribuido incorrectamente rechazos de solicitudes a ocho entidades durante el periodo de solo una semana.
Algunas ciudades han decidido rechazar los pedidos por razones políticas: no creen que las autoridades locales deben estar haciendo el trabajo de una entidad federal o no están de acuerdo con la política antimigratoria. Pero también los rechazan por razones prácticas, ya que piensan que el hacerse cargo de temas migratorias creará conflicto entre autoridades locales y las comunidades que tratan proteger y tienen un costo importante en términos de recursos y tiempo, como lo muestra el caso de Galarza. Según Tack Hopper, “ el caso crea desincentivos significativos para que los condados y municipalidades no hagan el trabajo sucio de ICE y ICE depende mucho de la ayuda de autoridades locales”. El presidente no es conocido por su sutilezas, pero los detalles de este caso pueden crear problemas en las localidades que más lo aprecian.
En Texas, la ley no dejará esta ambigüedad sobre lo que significa un ‘pedido’: las autoridades estarán obligadas de colaborar con ICE. La ley SB-4 entra en vigor el 1 de Septiembre en ese estado y afirma que las autoridades pueden preguntar a cualquier persona por su estatus migratorio y, tal vez lo más importante, hace que las autoridades locales puedan ser sancionados por no acatar las necesidades de ICE.
Sin embargo, como Univision ha escrito recientemente, los líderes políticos todavía no están de acuerdo. “Las autoridades locales están enojadas porque los van a forzar a trabajar más, pero con los mismos recursos que tenían antes”, dice Jaime Barron, abogado de inmigración en Dallas. También cita que la SB-4 creará aún más desconfianza entre la comunidad latina y la policía local.
Sin embargo, en casos como el de Galarza, cuando ICE comete errores, es difícil para la persona detenida recuperar el tiempo perdido de una forma monetaria, porque requiere defensa legal. “ICE comete errores constantemente,” dice Olivas. “Y, raramente, [como pasó en el caso de Galarza], hay remuneración monetaria o consecuencias legales para ellos”.
