Lo que llevó a renunciar al jefe de Justicia Social de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU

El futuro de la Oficina de Justicia Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas) fue cuestionado cuando uno de sus fundadores, Mustafa Ali, renunció recientemente, luego de 24 años en esa institución. Ali trabajaba en esta oficina, la que aborda el racismo ambiental y aplica las leyes de derechos civiles en temas ecológicos.

Para el movimiento de justicia ambiental, esta oficina era como un servidor en la nube, donde las organizaciones locales de justicia ambiental podían almacenar datos recopilados de sus vecindarios, compartir consejos, mejores prácticas y otros documentos vitales. Antes de la salida de Ali, la oficina ya estaba sufriendo las consecuencias de algunos reportes que informaban que su presupuesto podría reducirse hasta en un 78%. Queda por ver en qué medida la nueva istración hará hincapié en la justicia ambiental. Las anteriores jefas de la EPA Gina McCarthy y Lisa Jackson dejaron claro que la justicia ambiental sería una prioridad para el organismo. El nuevo secretario de la agencia, Scott Pruitt, ha sido mucho menos claro al respecto.

Ali ha comenzado de nuevo como vicepresidente principal de Hip Hop Caucus, una organización que recluta a artistas populares como Common y Drake para el trabajo en materia de justicia climática y ambiental. CityLab se reunió con Ali para ver qué le espera al movimiento de justicia ambiental.

¿Cómo cambia el trabajo ahora, trabajando con el Hip Hop Caucus en lugar del gobierno federal?

No creo que el trabajo cambie, solo se expande, profundiza y pone aún más de manifiesto la necesidad de revitalizar las comunidades vulnerables, de estimular las voces de quienes a menudo son olvidados, así que estoy muy emocionado por eso. Hip Hop Caucus ha venido haciendo durante años un increíble trabajo asegurándose de que los jóvenes tengan la oportunidad de participar plenamente, de ayudar a lograr el cambio, y a ser los promotores e impulsores de la próxima generación, y acercar también la cultura al trabajo, a lo cual el reverendo Lennox Yearwood [el CEO de la organización] nos ha estado ayudando durante años.

Usted estuvo con la Oficina de Justicia Ambiental de la EPA desde el principio. ¿Puede hablarnos sobre cómo se involucró en eso y cuáles eran las perspectivas que tenía en ese entonces?

Fue increíble, teníamos en esa época a la doctora Clarice Gaylord, que es una figura emblemática de la justicia ambiental, especialmente para aquellos que están en servicio federal. Algo de lo que muchas personas no están conscientes es que la Oficina de Justicia Ambiental —que primero se llamó la Oficina de Equidad Ambiental— surgió de un conjunto de recomendaciones que las partes interesadas en justicia ambiental habían presentado a la agencia. En ese momento, William Reilly, un republicano, encabezaba la agencia. Nació de un movimiento de personas que querían tener ese punto central en el gobierno federal.

En aquel momento, era una oficina muy pequeña, pero logramos hacer muchas cosas muy creativas y transformativas. Estuvo la creación del programa de pequeñas subvenciones de justicia ambiental, que ha ayudado a más de 1,400 comunidades y distribuido alrededor de 25 millones de dólares a las comunidades como capital inicial. Las subvenciones también les ayudaron a capacitar gente en sus comunidades acerca de algunos de los desproporcionados impactos ambientales negativos que padecían, y también iniciar pensamientos y planificación estratégicos.

Se creó el Consejo Asesor de Justicia Ambiental Nacional, que ayudó a reunir a varias partes interesadas —empresas e industrias, organizaciones de base, tribus, académicos, estados, gobiernos locales— quienes se reunieron para considerar críticamente los problemas. Y, también, se formó el Grupo de Trabajo Interinstitucional, el cual salió de la Orden Ejecutiva 12898 [la cual veló por la protección medioambiental y la salud de las minorías y las personas de bajos ingresos]. Fue emocionante durante esos primeros años ver todo esto desarrollarse.

Pero también fue una época difícil, porque era un tema nuevo para mucha gente. Estábamos tratando de educar a la gente acerca de cuán reales eran los impactos que esas comunidades compartían con los funcionarios del gobierno. Hubo personas en funciones gubernamentales que dijeron que esas cosas no podían estar sucediendo en nuestro país. Pero hay estudios importantes sobre esto y los funcionarios federales comenzaron a visitar estas comunidades, y a pasar tiempo con sus habitantes. Eso cambió la dinámica de la gente que no creía que algunos de estos impactos fueran posibles.

Usted podría haber dejado la EPA cuando George W. Bush asumió la presidencia. ¿Por qué decidió quedarse?

Era una dinámica diferente en aquel entonces. La gente tenía sus propias prioridades y objetivos, pero en ese momento no me parecía —y, por supuesto, yo era un poco más joven entonces— que hubiera gente interesada en el desmantelamiento de algunas de esas normas, estatutos y regulaciones necesarios que eran tan importantes para las comunidades. Ahora, en lo que se refiere al presupuesto, siempre habrá diferentes prioridades y cierta contracción, pero nunca hubo conversaciones entonces sobre eliminar progresivamente y desmantelar las oficinas.

¿Cuál fue la última gota para usted, lo qué lo llevó a renunciar esta vez?

Parcialmente el presupuesto y algunas de las propuestas que están en marcha, la reversión de las regulaciones o, al menos, las propuestas que se han discutido. Como ustedes saben, todas nuestras comunidades vulnerables han estado luchando durante años para obtener las regulaciones vigentes para intentar reducir los impactos que estaban sufriendo. Para mí, eso es crítico, y es necesario un fuerte programa de aplicación de la ley para ayudar a proteger las comunidades en primera línea de los impactos devastadores que han estado ocurriendo. Se me hizo necesario llevar mis talentos y habilidades a un lugar donde fueran valorados y utilizados, para poder seguir ayudando a lograr el cambio dentro de las comunidades.

¿Cómo pueden las ciudades y los gobiernos locales tomar el manto de la justicia ambiental?

Creo que empieza a un nivel básico. Si no están auténticamente colaborando con comunidades con preocupaciones en materia de justicia ambiental, necesitan comenzar a hacerlo. Debe haber conversaciones honestas sobre una estrategia a medida que avanzamos. Yo pienso que sobre el terreno aún puede hacerse un trabajo muy transformador. Éste es un tema local. En muchos casos, existen algunas superposiciones a nivel nacional, por supuesto, pero respecto a muchos de los problemas en curso, son las comunidades y las organizaciones locales las que luchan por el cambio.

Claro, el movimiento por la justicia ambiental es un movimiento de base, local. ¿Podría explicarnos cuál es el papel del gobierno federal en la promoción de esta causa?

Una de las grandes cosas que el gobierno federal puede hacer es ser coordinador, especialmente cuando hay situaciones contenciosas, ayudando a unir a las personas y a hacer que las personas discutan los problemas. También existe el comité consultivo del gobierno local, que es un comité federal de alcaldes locales que han hecho de la justicia ambiental su trabajo. Así que la agencia ha venido desempeñando un papel importante en ayudar a la gente a unirse en forma cooperativa y en lograr cambios.

¿Qué sucederá con el plan EJ 20/20 de la EPA, el que busca ayudar a fortalecer las políticas de justicia ambiental en toda la agencia?

Ésa es una buena pregunta. Creo que tendremos que esperar y ver si esto es una prioridad para el nuevo . Espero que sí. A ese plan se le dedicó mucho pensamiento, energía y conocimientos. Una enorme cantidad de compromiso con muchas partes interesadas de todo el país. Sé que los estados han jugado un gran papel en comprometerse y valoraron mucho el EJ 2020. Así que eso es muy positivo y es un signo de que hay una necesidad de ello.

¿Cuál es el error más grande sobre lo que se supone que debe hacer la oficina de justicia ambiental de la EPA?

Si alguien piensa que es un lugar que está intentando entorpecer la actividad empresarial, yo diría que es un error. Y si la gente cree que no hay un valor agregado. Ésa es la parte más importante. La oficina de justicia ambiental es realmente un valor agregado. Contribuye a fortalecer y hacer más inclusivo un proceso, y al hacer eso, estamos ayudando a proteger nuestras comunidades más vulnerables. Produce el cambio positivo que es necesario para fortalecer nuestro país.