La ONU desmiente a funcionario mexicano y respalda al GIEI en polémica sobre caso Ayotzinapa
Los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno mexicano se han enfrascado en un cruce de señalamientos que evidencian la profundización de sus diferencias en torno a la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en Iguala (Guerrero) hace 19 meses.
Este jueves, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) desmintió al director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón, al afirmar que de esa oficina en México no atestiguaron la diligencia practicada el 28 de octubre de 2014 sobre el caso.
La ONU-DH emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones formuladas el miércoles por Zerón, quien aseguró que dos del organismo internacional atestiguaron la presencia del director de la AIC en el río San Juan, el municipio de Cocula (también en Guerrero), junto con un detenido.
Al respecto, precisó que sus representantes llegaron esa día en un helicóptero de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) a un campo de fútbol en Cocula alrededor de las 16:10 horas para trasladarse de inmediato a un vertedero de basura.
"La visita tuvo el objetivo de documentar los supuestos hallazgos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el mencionado basurero, en el marco de su mandato de observación", señaló.
Expuso que la ONU-DH nunca llegó al Río San Juan y, por ende, no fue testigo de las diligencias practicadas por la PGR en la zona. Aseguró que tampoco tuvo conocimiento de la presencia del detenido Agustín García Reyes.
"Por lo anterior, la ONU-DH manifiesta su extrañamiento por la mención a su presencia y rol en actividades de la PGR en las que nunca participó, así como por la innecesaria exposición mediática de la imagen y los nombres de una funcionaria y un exfuncionario de esta oficina", manifestó el organismo.
Por ello, hizo un llamado a focalizar todos los esfuerzos en determinar el paradero de los estudiantes, juzgar y sancionar a los responsables y brindar reparación a las víctimas.
También pidió aplicar plenamente las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Finalmente, la ONU-DH reiteró "su solidaridad con las víctimas, sus familiares y defensores, y ofrece su plena disponibilidad para brindar la asesoría y acompañamiento que se requieran".
Cruce de acusaciones
El titular de la AIC aseguró este miércoles que su actuación "fue legal" y tuvo como fin reconocer en campo declaraciones de García Reyes, uno de los detenidos y quien dijo haber participado en los hechos en que "fueron quemados los cuerpos de los estudiantes en el basurero y sus cenizas arrojadas en bolsas al Río San Juan".
Además, presentó un video de más de 13 minutos sobre esa actuación, de la que dijo pueden dar cuenta dos del Alto Comisionado de Naciones Unidas, "quienes junto con la prensa pudieron atestiguar nuestra presencia junto al detenido".
En ese video se dice que "hay cuatro bolsas en el río, de las cuales no existe ningún registro", destacaron los expertos designados por la CIDH.
Para el grupo de la Comisión Interamericana es muy preocupante que Zerón ocultara hasta ahora un video "editado" en el que hubo una "tergiversación de la realidad" porque "se manipuló" la presencia de observadores internacionales.
En una rueda de prensa, el médico español Carlos Beristáin, miembro del GIEI, indicó que las declaraciones de Zerón son "graves" e insistió en que las actuaciones realizadas ese día no fueron consignadas en el expediente de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.
Beristáin acusó a Zerón de manipular la presencia de los representantes de la ONU en el lugar, de quienes aseguró que "en ningún momento" vieron a García Reyes en el escenario del Río San Juan. Los expertos, además, acusaron al director de la AIC de actuar alejado de los "estándares mínimos internacionales" en tal diligencia.
Beristáin insistió en que ninguna de las actuaciones realizadas ese día con Agustín García Reyes, uno de los arrestados por el caso y del que hay claras evidencias de tortura, consta en la averiguación previa, además de que la diligencia se llevó a cabo sin que estuviera presente su defensor de García Reyes, enfatizó.
El GIEI ha puesto la mira en lo ocurrido en el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan porque fue allí donde un día después, según el expediente oficial, buzos de la Marina encontraron una bolsa con restos óseos que permitieron identificar genéticamente a uno de los 43 los jóvenes desaparecidos.
Los forenses argentinos que participan en el caso advirtieron en diciembre de 2014 que no habían sido testigos del hallazgo del fragmento que permitió identificar a Alexander Mora, pues cuando llegaron al lugar la bolsa ya estaba abierta y la muestra colocada en un área de limpieza.
Dicha identificación es la única prueba científica de que uno de los 43 jóvenes fue calcinado, como sostiene la versión de la fiscalía, según la cual todos o gran parte de ellos fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula y sus restos lanzados en ocho bolsas al río San Juan por del cártel Guerreros Unidos.
Una foto muestra una bolsa con restos óseos etiquetada con fecha 28, algo que Zerón atribuyó el miércoles a un error de la perito responsable de marcarla y anunció una investigación al respecto.
Además, dijo que los metadatos de la imagen demuestran que fue tomada al día siguiente.
El comportamiento de la AIC genera "duda para todo" lo ocurrido en ese lugar y resulta "inaceptable" que un perito desestime pruebas "in situ" sin registrar en el expediente por qué no se incorpora esa evidencia, señaló el chileno Francisco Cox al aludir a una imagen que muestra cuando un perito encuentra un hueso en el lugar.
En un mensaje a medios de comunicación el miércoles, Zerón explicó que ese hueso pertenecía a un ave, "por lo que no tuvo ningún valor criminalístico que ameritara incorporarlo a la averiguación previa".
Los expertos señalaron que la fiscalía les había asegurado "que no había más documentación" que la consignada en el expediente, por lo que pidió la entrega "inmediata" del video presentado por Zerón a la unidad que investiga el caso y su incorporación a la averiguación previa.
Que deje el cargo
Los familiares de las víctimas pidieron el lunes pasado el cese del director de la AIC tras acusarlo de "sembrar" pruebas en el río San Juan.
El GIEI pidió una "investigación imparcial" de la actuación del día 28 en la que la AIC debe estar al margen para asegurar su independencia e incorporar las declaraciones de todos los funcionarios involucrados en esa diligencia.
"La misma persona que aparece en el video no puede generar su propia investigación", añadió Angela Buitrago. Al ser preguntada si eso significaba que pedían su renuncia se limitó a asentir con la cabeza.
En tanto, diputados del opositor Partido Acción Nacional (PAN, conservador) llamaron este jueves a que Tomás Zerón sea cesado de su cargo al frente de la AIC, además de que pidieron que se le investigue.
“Dicho por el grupo de expertos, fue él quien obstaculizó el proceso, el que falseó las pruebas, el que provocó que gente fuera a declarar sin su abogado, el que entonces ha provocado que no podamos saber los mexicanos la verdad, en primera instancia”, declaró el coordinador de ese grupo político, Marko Cortés.
Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva y miembro del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), Jesús Zambrano, consideró que hay elementos suficientes para investigar tanto a Zerón como al exfiscal Jesús Murillo Karam.
Funcionarios bajo investigación
En tanto, los funcionarios que participaron en la diligencia que se produjo el 28 de octubre de 2014 serán investigados por la Visitaduría General para determinar si se cometieron irregularidades, informó este jueves la fiscalía mexicana.
La oficina que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la fiscalía, dio vista del asunto al organismo, para que indague la actuación de los servidores públicos.
Y que, en su caso, "finque las responsabilidades correspondientes", informó la PGR.