El Congreso de Perú destituye al presidente Pedro Castillo horas después de que el mandatario anunciara su disolución
El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles luego de una frenética mañana en la que ordenó disolver el Congreso y este votó por la destitución del mandatario.
La orden de Castillo de anular el Parlamento tuvo lugar el mismo día en que los legisladores se proponían, nuevamente, realizarle un juicio político, que tuvo lugar poco después del anuncio del mandatario.
Tras la decisión del Congreso, la Policía Nacional (PNP) anunció que había "intervenido" al "expresidente" Castillo.
En la mañana del miércoles, Castillo dijo en un mensaje televisado que había indicado que convocaría elecciones para un nuevo Parlamento y que gobernaría mediante decretos ley. Sin embargo, el Congreso siguió adelante con su plan de votar su vacancia y lo destituyó con 101 votos a favor, de los 87 necesarios.
Mientras el Parlamento votaba, Castillo se quedó prácticamente sin respaldo alguno. Fue abandonado por ministros y su vicepresidenta, Dina Boluarte. Lo mismo hicieron las Fuerzas Armadas y la fiscal general de Perú.
“Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, dijeron esas instituciones en un comunicado conjunto.
Horas después, el Congreso tomó juramento a Dina Boluarte, quien se convirtió en la presidenta interina hasta que se convoquen elecciones generales. Boluarte es la primera mujer en la historia de Perú en asumir el cargo de jefa de Estado.
Por su parte, hacia la noche del miércoles, Castillo fue trasladado al penal de Barbadillo, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.
La Fiscalía de la Nación de Perú también realizó operativos simultáneos en el Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios, en busca de pruebas contra el expresidente Pedro Castillo, al que investiga por rebelión y conspiración.
Según informó el Ministerio Público a través de Twitter, el objetivo de los operativos es "recabar elementos de convicción respecto a la investigación que se le sigue al expresidente" por la presunta comisión del delito de rebelión.
Se trata de un nuevo capítulo en la inestabilidad política en la que ha estado sumido el país sudamericano desde hace años.
Castillo en específico es investigado por la Fiscalía en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción. Su hipótesis es que el mandatario usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. El presidente ha negado las acusaciones.
En sus 17 meses en el poder, el profesor de una aldea rural que llegó a jefe de Estado, además de las seis investigaciones criminales, ha visto cinco cambio de gabinete, y dos intentos fallidos de ser removido del cargo por el Congreso.
Congresistas denunciaron un golpe de Estado de Castillo
Legisladores de diferentes bancadas habían denunciado este miércoles que Castillo dio un golpe de Estado al anunciar la disolución del Parlamento y la conformación de un "Gobierno de emergencia" en el país.
Ruth Luque, legisladora de izquierda, declaró que "esta decisión configura un golpe de Estado y se aleja de todos los marcos constitucionales". La agrupación a la que pertenece Luque ha apoyado habitualmente la permanencia del presidente en el poder.
La parlamentaria agregó que la decisión del gobernante "es claramente un golpe al estilo del 92", en referencia al "autogolpe" que dio en 1992 el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), que también disolvió el Congreso.
Por su parte, el congresista derechista José Cueto, del partido ultraconservador Renovación Popular y excomandante de las Fuerzas Armadas, afirmó a la agencia EFE que, "por supuesto que es un golpe de Estado", pero que las Fuerzas Armadas "respaldan al Congreso".
"Espero que las Fuerzas Armadas se pronuncien en contra del golpe de Estado, no puede él cerrar el Congreso", enfatizó.
La fujimorista Martha Moyano coincidió en que se trata de un golpe de Estado y aunque pidió guardar "la calma", dijo que se debe "alzar la voz, decir las cosas como son".
Sigue la inestabilidad política
Casi la totalidad de los exmandatarios de los últimos 40 años en Perú están indagados por corrupción y ligados a multinacionales, como la constructora brasileña Odebrecht.
Desde 2016, Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 el mandatario Martín Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por marchas que dejaron dos muertos y 200 heridos. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.
El enfrentamiento con el Congreso y la Fiscalía es tan fuerte que Castillo pidió recientemente la visita de una misión de alto nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que concluyó en un informe que se necesita una tregua política para estimular el diálogo entre las partes.
En medio de la lucha por el poder, la sequía más potente en medio siglo golpea los Andes y miles de aldeas rurales sufren la falta de lluvias que no permiten el inicio de la siembra de papas. Los pastos naturales han comenzado a agotarse provocando la muerte de ovejas y camélidos. Al mismo tiempo la gripe aviar ha matado a más de 18,000 aves marinas silvestres y ha provocado al menos un contagio en una granja de aves que pone en peligro la crianza de pollos y pavos, cuya venta es popular en diciembre porque se usa en las cenas de Navidad y Año Nuevo.
El gobierno también afirma que desde hace una semana el país sufre una quinta ola de infecciones de covid-19. Desde el inicio de la pandemia han muerto más de 217,000 peruanos y 4.3 millones se han contagiado, según datos oficiales.
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