La polémica en el país de América Latina que autorizó que civiles puedan portar armas de fuego en la calle
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, modificó un decreto ejecutivo que regula el uso de armas con el objetivo de autorizar que los civiles puedan tener y portar armamento.
El anuncio se realizó en momentos en que se han incrementado los hechos violentos en el país, que incluyen asesinatos, el abandono de una cabeza humana en un parque y numerosos robos, incluyendo un asalto a una entidad bancaria en un concurrido centro comercial a plena luz del día en la ciudad costera de Guayaquil.
La tasa de homicidios pasó de un 7.1 por 100,000 habitantes en 2020, a 14.1 en 2021 y a 26 en 2022. El año pasado, tuvo 4,600 muertes violentas, cuando en 2021 esa cifra, que ya se había disparado, fue de menos de la mitad, de acuerdo con cifras oficiales.
La decisión ha generado una serie críticas y las voces en contra son cada vez más notorias. Muchos lo ven como una aceptación implícita de que el Estado no puede vencer a los delincuentes ni garantizar la seguridad y otros creen que “es una decisión negativa y contraproducente.
Lasso ha defendido que el momento de permitir el uso de armas en civiles era ahora porque así lo han pedido “los ciudadanos, yo escucho permanentemente, y no estamos hablando del porte y tenencia, sino del porte y tenencia regulado de armas”, con énfasis en la palabra regulado.
Desde que comenzó su gobierno, en mayo de 2021, ha decretado al menos 17 estados de excepción debido al repunte de la violencia en el país, principalmente, en la ciudad portuaria de Guayaquil y sus alrededores, donde vuelve a regir el estado de excepción y un toque de queda nocturno desde el sábado.
En qué consiste la medida
Los ecuatorianos están autorizados a la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, así como el uso de aerosoles de gas pimienta para el mismo uso.
Los permisos para porte o tenencia de armas de fuego para personas naturales y jurídicas tienen una validez de dos y cinco años, respectivamente, y para su renovación se deben cumplir con una serie de requisitos establecidos en un reglamento.
El nuevo decreto reforma el artículo 84 del anterior decreto para añadir la mención: “Las personas naturales podrán tener y portar el arma de uso civil para defensa personal si cumplen con los siguientes requisitos”.
Para tramitar un permiso se requiere una edad mínima de 25 años, certificados de pruebas psicológicas emitidos por el Ministerio de Salud Pública, aprobar un curso de entrenamiento de uso de armas y obtener un certificado de destreza concedido por el Ministerio de Defensa Nacional.
A su vez, el no debe haber sido condenado por algún delito penal ni denunciado por violencia familiar y no tener antecedentes toxicológicos.
Las armas para defensa personal autorizadas son las pistolas hasta el calibre 9mm; semiautomáticas con alimentadores de hasta 10 proyectiles, revólveres hasta el calibre 38, escopetas recortadas del calibre 10 al 410 o sus equivalentes.
Si una persona con un permiso hiere o mata a otra, será detenido y procesado penalmente hasta que demuestre que disparó en legítima defensa o de un tercero.
Para ello se deberá demostrar que fue víctima de una agresión ilegítima o de un ataque inminente no provocado e injustificado y que haya habido una necesidad racional de defensa. También debe haber un equilibrio en el nivel de agresión y el de respuesta.
Alzan la voz en contra de la medida
Expertos y ciudadanos han externado serias dudas de que, como ya ha ocurrido con otros certificados o permisos, se pueda obtener una licencia de armas de forma irregular.
Otro frente de críticas está centrado en la gestión que ha hecho el gobierno en la lucha contra la delincuencia y la falta de seguridad y protección a los ciudadanos.
Varias universidades del país recogieron su rechazo total a la medida en una carta. La universidad Católica, la Politécnica Salesiana, la del Azuay, o la UTE, entre otras, estimaron que el uso de las armas aumenta las muertes violentas.
Hay reportes diarios de extorsiones en pequeños negocios a quienes se exige un pago para no ser atracados; de secuestros para vaciar las cuentas bancarias, de atracos y asaltos en la vía pública, o de crímenes al estilo sicariato.
La exsubsecretaria de Derechos Humanos, Emilia Carrasco, en declaraciones a la AP, expresó que en el mundo no hay un país donde haya correlación entre el porte de armas y la disminución de la violencia. “Está demostrado que la mejor forma de combatir la delincuencia y el crimen es reducir la desigualdad y la pobreza", cuestión la exfuncionaria.
El analista y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Freddy Rivera, en declaraciones a la AP señaló que esa es una medida “de corte absolutamente demagógico e irresponsable”, porque el Estado incumple tratados y convenios internacionales que le obligan a proteger a su población. Está “delegando a la sociedad" su seguridad, apuntó.
“Entonces la ciudadanía queda en medio de fuego cruzado entre los criminales y de la inacción del Estado”, insistió el docente, recordando que la institucionalidad está “destrozada”, con una policía mal armada y sin recursos y un sistema judicial cuestionado e ineficiente.
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