"No estamos preparados para recibirlos": incertidumbre en El Salvador por el fin del TPS

SAN SALVADOR, El Salvador.- La cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) ha provocado incertidumbre, preocupación y reacciones políticas encontradas en El Salvador, un país agobiado por un grave problema de violencia generada por las pandillas, y que ahora debate qué hacer ante la última prórroga de ese beneficio migratorio para unos 200,000 salvadoreños.

“Nos sumamos a la preocupación por el último TPS. Estamos hablando de salvadoreños que tienen 15 o 18 años de vivir en Estados Unidos, lograron hacer un proyecto de vida y tienen un perfil particular. El último TPS representa una problemática para la que El Salvador no está preparado”, dice Celia Medrano, la oficial de programas de Cristosal, una organización que trabaja por el respeto a los derechos humanos y que asesora a víctimas de desplazamiento forzado por la violencia.

Medrano lamenta que el Estado no ha diseñado políticas para recibir a salvadoreños con arraigo en Estados Unidos que se verían obligados a retornar a su país y dice que sería un error recibirlos con los actuales programas para atender deportados. “El problema es que no hay una política integral que garantice la reinserción y parten de premisas erróneas de que la gente solo se va por razones económicas, pero muchos de los perfiles ganaban aquí 400 o 600 dólares. Hay un error en no reconocer la gravedad de la violencia y cómo se cruza con la migración”.

Mientras empresarios y representantes de organizaciones dicen estar preocupados, el gobierno salvadoreño se ha empeñado en matizar la cancelación del programa, llamándola “la prórroga” del TPS. La casa presidencial que dirige Salvador Sánchez Cerén divulgó el mismo 8 de enero un comunicado en el que señala: “El gobierno salvadoreño manifiesta su agradecimiento al gobierno de los Estados Unidos por este anuncio, el cual reafirma los fuertes lazos de amistad y cooperación que mantienen como socios históricos”.

“Sabemos que este anuncio ha generado muchos rumores e incertidumbres”, dice el canciller Hugo Martínez. El funcionario visitó este miércoles a los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores y los invitó a viajar hacia los Estados Unidos con dos objetivos: el primero, pedir a los salvadoreños a que se reinscriban al TPS; y segundo, hacer lobby con congresistas estadounidenses.

“La importancia de gestiones ante el Congreso es que se trata de la instancia que puede legislar para brindar estabilidad a compatriotas”, dijo.

El factor elecciones

La última prórroga del TPS ha provocado reacciones encontradas en los principales círculos políticos. Mientras desde el oficialismo señalan que se trata de un “éxito”, en la oposición reprochan fallas en la gestión diplomática.

Una parte de ese choque político se explica por las próximas elecciones: en marzo los salvadoreños eligen alcaldes y diputados, y 2019 elegirán un nuevo Presidente.

“Estamos a punto de perder el TPS, pero que le quede claro a los salvadoreños a quién le deben pasar la factura al perder el TPS”, declaró a la prensa Mauricio Interiano, presidente de Arena, partido de oposición.

Los dos precandidatos presidenciales de Arena también aprovecharon para pronunciarse. “Cualquier gestión con el Congreso o con el gobierno de los Estados Unidos comienza con una buena relación y con una visión compartida de la democracia, cosas que el gobierno FMLN está lejos de alcanzar”. “La cancelación del TPS tiene que despertarnos”, dijo Carlos Calleja, el otro precandidato.

Nidia Díaz, diputada por el FMLN y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa, rechazó los reproches de los opositores. “Lo que no se vale es responsabilizar a un gobierno de la decisión interna que toma otro gobierno. En primer lugar, esta es una política migratoria que el presidente (Donald) Trump anunció desde su campaña: el recorte a los programas de beneficio migratorio. Eso es independiente de las relaciones diplomáticas que se tienen”.

La diputada dijo que apoyarán las gestiones de la Cancillería en Estados Unidos, acercamientos con iglesias, empresarios, profesionales y congresistas, con la esperanza de encontrar alguna solución que permita a los salvadoreños legalizar su situación migratoria definitivamente. Como parte de esa estrategia, la Asamblea aprobó un fondo especial para que los beneficiarios del TPS reciban asesoría migratoria especializada. Eso lo harán en Estados Unidos.

Al mismo tiempo, dijo Díaz, en El Salvador, el gobierno ya diseñó un plan piloto ante un eventual retorno de salvadoreños beneficiarios del TPS. El proyecto consiste en crear un capital semilla y asesorar a los salvadoreños que retornen en la creación de pequeñas y microempresas. Según el proyecto de ley presentado por el partido en el gobierno, el FMLN, cada beneficiario recibiría 1,500 dólares.

Según un reporte del Banco Central de Reserva, en 2017 El Salvador recibió 4,576 millones de dólares en concepto de remesas, lo que representa el 17.1% del Producto Interno Bruto. De ese total, 4,217 millones de dólares fue dinero que salvadoreños mandaron desde los Estados Unidos.

Ahora, ante la posibilidad del retorno de beneficiarios del TPS y ante la propuesta estatal de otorgarles un capital semilla para micros y pequeñas empresas, algunos empresarios se muestran incrédulos.

Ernesto Vilanova es presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), una organización con 8,000 afiliados. Vilanova cuenta que durante 2017, un total de 450 asociados huyeron de El Salvador, principalmente, hacia los Estados Unidos por el problema de las extorsiones. “Han cerrado sus negocios, sencillamente porque no podían pagar extorsiones y estaban sujetos a amenazas de muerte ellos o sus familias. La micro y pequeña empresa carece de oportunidades reales, primero por el terrorismo que estamos viviendo, las extorsiones y la falta de oportunidades. Yo no creo que todos los salvadoreños que vengan de los Estados Unidos vengan con la capacidad de montar de una vez sus empresas. Unos lo podrán hacer, otros no. Eso va impactar la economía del país”, dice.

No es la primera vez que El Salvador enfrenta una posible deportación masiva. A mediados de la década de 1990, Estados Unidos deportó a cientos de jóvenes pandilleros. Esos pandilleros reclutaron a más jóvenes, se organizaron y, ante la ausencia del Estado, se convirtieron en la autoridad de comunidades marginales y pobres. Las pandillas son responsables ahora de buena parte de los homicidios y las extorsiones, y El Salvador es uno de los países más violentos del continente.