Maduro acusa de "parcializado" el informe sobre derechos humanos en Venezuela pese a que la ONU usó cifras oficiales
El régimen de "uso excesivo de la fuerza" por agentes de seguridad del Estado , y se denuncia la vulneración sistemática de los derechos de los venezolanos en los ámbitos de salud, economía, seguridad, alimentación, política, libertad de expresión.
Entre otras situaciones alarmantes, el documento de la ONU señala la responsabilidad de las fuerzas de seguridad de Venezuela por la muerte de 5,287 personas en 2018 y de 1,569 hasta mayo del 2019, un número “inusualmente alto” de acuerdo con los estándares que maneja la oficina a cargo de Bachelet.
Pero, según el régimen socialista "son incontables las imprecisiones, errores, descontextualizaciones y falsas afirmaciones en las que incurre la ACNUDH, producto del inadecuado uso de las fuentes disponibles".
Sostiene el gobierno de Maduro que el informe presenta “una visión selectiva y abiertamente parcializada” de la realidad del país, que según su punto de vista, "es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración”.
Para el régimen socialista el informe privilegia “excesivamente” a fuentes “carentes de objetividad” y se excluye casi en su totalidad la información oficial, pese a que estuvo a su disposición.
El reporte se conoce apenas días después del Rufo Chacón, de 16 años, quien recibió múltiples impactos de perdigones en su rostro que lo dejaron ciego, cuando los agentes reprimían una protesta vecinal en reclamo de gas doméstico.
Lo curioso es que las cifras que recoge el informe fueron suministradas a la oficina de Bachelet por el propio régimen venezolano, precisó a la AFP una portavoz de la comisión que visitó al país, Ravina Shamdasani. "Nos fueron enviadas en directa respuesta a nuestras solicitudes", detalló.
Para recopilar el informe, la comisión realizó además 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
El régimen de Maduro solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas "adoptar las medidas necesarias para corregir los errores del informe".
Miraflores también se queja porque el reporte “omite en su totalidad los logros y avances alcanzados” por el Ejecutivo en materia de derechos humanos, ni expone el impacto de las sanciones por parte de Estados Unidos, aunque en el texto se indica que la mayoría de las cuales recaen directamente sobre altos jerarcas del régimen.
Según el gobierno Maduro, en Venezuela no existe una “crisis humanitaria”, y asegura que la oficina utiliza el término “con ligereza”, como indica una nota publicada en el sitio Efecto Cocuyo. La ONU, sin embargo, advierte que "si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país", que supera ya los cuatro millones de personas.
Los cuestionamientos se producen luego que Maduro se comprometiera a "tomar con toda la seriedad" las "sugerencias, recomendaciones y propuestas" de la comisaria tras recibirla en el palacio de Miraflores durante su visita a Venezuela entre el 19 y 21 de junio pasados.
Ante el oscuro cuadro que dibuja la comisión de derechos humanos en Venezuela, Bachelet pidió la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES) a la que se le atribuyen cientos de "ejecuciones extrajudiciales". También llamó la atención sobre "los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos, (que) han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones".
Juan Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente interino por unos 50 gobiernos, dijo que el informe de Bachelet confirma "todas las denuncias que hemos realizado durante años", y a la luz de este reporte calificó al régimen de Maduro como una "dictadura sanguinaria".
