Comienza juicio del hombre acusado de sobornar al presidente de Honduras con dinero de la droga
NUEVA YORK .- El juicio de un presunto narcotraficante que, según los fiscales, sobornó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, comenzó este lunes en un juzgado federal de Nueva York. Geovanny Fuentes Ramírez está acusado de tráfico de drogas y armas.
El Juicio inició como es habitual con la selección del jurado y se espera que continúe con las declaraciones de apertura en la tarde.
El juez Kevin Castel avisó a la corte su preocupacion porque un hijo de Fuentes ó a la esposa un nuevo testigo protegido, lo cual podría interpretarse como un acto de interferencia o intimidación. El abogado de Fuentes, Avraham C. Moskowitz, había solicitado la exclusión del testimonio de ese testigo, debido a que se ó con los fiscales hace apenas una semana, pero parece que el juez lo va a itir.
Según los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, Fuentes era “un traficante de cocaína prolífico, poderoso y un asesino” que fue ayudado por políticos de alto rango y oficiales de la policía en Honduras.
“Vamos a meter la droga en las narices de los gringos”, supuestamente le dijo Hernández a Fuentes durante una de las dos reuniones entre ellos que están mencionadas en documentos legales en el caso, cuyo desenlace podría marcar un punto de no retorno para las relaciones entre Estados Unidos y el gobierno de Honduras.
Fuentes presuntamente reportó "directamente a Tony Hernández", hermano del presidente y exlegislador que fue condenado por tráfico de drogas en octubre de 2019. Después de un largo retraso debido a la pandemia, está programado que sea sentenciado el 23 de marzo.
Agentes de la DEA arrestaron a Fuentes el 1 de marzo de 2020 en Miami como parte de la investigación en curso del presidente Hernández y lo que los fiscales llamaron "la alianza impía de funcionarios hondureños y narcotraficantes".
El asediado presidente ha negado todas las acusaciones de vínculos con narcotraficantes, afirmando en un reciente discurso ante el Congreso que los narcotraficantes han encontrado una “llave mágica” para reducir sus sentencias diciendo lo que dice que son mentiras en su contra. El discurso fue en respuesta a un proyecto de ley presentado por senadores estadounidenses que sancionaría a Hernández por presunta corrupción y narcotráfico.
Hernández advirtió que la cooperación bilateral, incluida la extradición y los operativos antinarcóticos, podría estar en peligro "si determinadas oficinas en Estados Unidos cometen el error de premiar a los narcos que dan falsos testimonios en lugar de aumentar sus penas."
En una entrevista con la DEA posterior al arresto, Fuentes parece corroborar algunas de las acusaciones en su contra, itiendo conocer a narcotraficantes, policías y asesinos que son co-conspiradores no acusados. También reconoció conocer “muy bien” a un empresario hondureño cuya oficina es donde presuntamente se reunió con Hernández.
Se espera que los fiscales llamen a testificar a varios ex narcotraficantes. Devis Rivera Maradiaga, codirector de la violenta familia del crimen Cachiros que ha sido testigo estrella en varios juicios notables, podría estar acompañado por su hermano Javier en el estrado por primera vez.
El gobierno también pudo contar con el testimonio de dos testigos protegidos, incluido uno que se puso en o con los fiscales hace aproximadamente una semana después de aparentemente viajar de Honduras a Nueva York. La decisión del juez sobre la isión del testigo de última hora está pendiente.
Se espera que el juicio dure un poco más de una semana. Un veredicto de culpabilidad condenaría a Fuentes, de 51 años, a un mínimo de 40 años de prisión y ratificaría las acusaciones contra los dos hermanos Hernández en el caso, complicando aún más las relaciones con Estados Unidos.
El presidente Hernández ha sido nombrado co-conspirador no acusado en tres casos de narcotráfico y los fiscales señalan que recibió millones en sobornos de narcotraficantes. Prometió dejar el cargo al final de su mandato actual en enero de 2021. Hasta entonces, una regla no escrita en el Departamento de Justicia evitaría que se presenten o se revelen posibles cargos en su contra.
