Estados Unidos impone más sanciones a Nicaragua por la represión de las protestas
Estados Unidos impuso este jueves más restricciones de visado a responsables de violar derechos humanos en Nicaragua, donde continúan las protestas que exigen la renuncia del presidente Daniel Ortega y que cese la violencia que deja unos 220 muertos en poco más de dos meses.
La embajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu, informó de la revocación de visas a más funcionarios y otros individuos involucrados en la represión de las manifestaciones y las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua.
"Este día, el Departamento de Estado revocó visas de otros individuos responsables de abusos contra los Derechos Humanos y/o por socavar la democracia en Nicaragua", indicó la embajadora en una declaración.
En esa ocasión los afectados por esas restricciones fueron funcionarios de la Policía Nacional, de gobiernos municipales y del Ministerio de Salud.
"Mientras el gobierno nicaragüense siga usando violencia para reprimir protestas pacíficas, seguiremos revocando visas de los responsables", tuiteó el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Francisco Palmieri, sin ampliar detalles.
Washington no ha precisado el número total de personas sancionadas bajo esta medida ni los ha identificado por razones de de confidencialidad.
Estados Unidos sancionó a principios de junio con esa medida a oficiales de la Policía Nacional y funcionarios municipales, por considerar que abusan de los derechos humanos y socavan la democracia.
Más acciones
En Nicaragua continuaron este jueves las acciones de los opositores nicaragüenses. Sonando bocinas, con banderas nacionales y multicolores, grupos del movimiento de diversidad sexual se manifestaron en Managua.
"En esta dictadura también nos hemos sentido sin derechos. Ortega tiene que irse", dijo a AFP Dámaso Vargas, un joven transgénero de 25 años que dijo vestir de negro por "los asesinados" y "la muerte de la República".
En la Catedral, el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw presidió una misa: "El papa Francisco nos pide ser constructores de la paz de Cristo, llamando a que cese toda violencia, que se evite un inútil derramamiento de sangre", dijo en la homilía.
"Vine a pedir que termine la masacre y se vayan del país. Lo que han hecho no tiene nombre", declaró a AFP Nidia Vargas, de 70 años. "Le pedimos al Señor por la paz que este gobierno nos quitó", declaró Auxiliadora Martínez, de 60 años.
Con la mediación de la Iglesia católica, el gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -de la sociedad civil- reanudaron este jueves pláticas a nivel de mesas de trabajo, para intentar destrabar el diálogo que busca resolver la crisis.
Exguerrillero izquierdista de 72 años, Ortega es acusado por la Alianza y grupos humanitarios de instaurar en Nicaragua el nepotismo y una dictadura, y desatar una brutal represión.
"El tiempo se le acabó"
El diálogo está estancado porque Ortega, cuyo tercer mandato consecutivo acaba en enero de 2022, aún no responde a la propuesta de adelantar las elecciones de 2021 a marzo de 2019.
"No ha habido el menor signo de buena voluntad", declaró el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, quien dijo no descartar que si no se resuelve el "problema político" y "cesa la represión" se "desemboque en un conflicto mayor".
"No se quiere ir, cree que puede seguir gobernando en este río de sangre. No se da cuenta que el tiempo se le acabó", dijo Azahálea Solís, delegada de la Alianza en el diálogo, tras una reunión con la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El gobierno califica las protestas como una "intentona golpista" y acusa a los manifestantes de "delincuentes". La vicepresidenta Rosario Murillo aseguró que implora por "la paz y el reencuentro de los nicaragüenses".
Ortega llegó al poder en 1979 tras el triunfo de la insurrección popular que lideró el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para derrocar al dictador Anastasio Somoza, y volvió al gobierno por la vía electoral en 2007.
"Vivos los queremos"
Comisiones de derechos humanos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reúnen con el gobierno, la Alianza y víctimas de la violencia en las protestas.
Un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intentó entrar -sin éxito- a la emblemática cárcel El Chipote, en Managua, donde madres y otros familiares les pidieron interceder por la liberación de detenidos.
"Vivos se los llevaron, vivos los queremos", se leía en una pancarta afuera de la prisión. Con fotos de sus hijos presos, varias mujeres denunciaron al grupo de la CIDH "detenciones arbitrarias" incluso de menores de edad.
Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), al menos 285 personas han muerto, mientras que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) ha verificado 214 fallecimientos y está confirmando otros 13.
Aprovechando también la visita de expertos de la CIDH y de la ONU, medios de comunicación no oficialistas denunciaron "asedio" y "agresiones" contra la prensa y exigieron, en un comunicado, "pleno respeto a la libertad de información".
En abril, el periodista Ángel Gahona murió de un balazo en la cabeza cuando transmitía en vivo los saqueos en la caribeña ciudad de Bluefields.
La Alianza convocó para el sábado la 'Marcha de las flores' en Managua y diversas ciudades, para exigir justicia y honrar a los fallecidos. La protesta había sido suspendida hace una semana por la violenta incursión de antimotines, parapolicías y paramilitares a varias ciudades.