EEUU sube la presión contra el gobierno de Maduro y sanciona a otros 10 altos funcionarios
El gobierno de Estados Unidos amplió este jueves la lista de altos funcionarios –y exfuncionarios– venezolanos sancionados por "socavar procesos electorales", censurar a los medios de comunicación y por manejos "corruptos" de los programas gubernamentales relacionados con alimentación.
"Este listado se da a continuación de las elecciones estatales del 15 de octubre de 2017, que estuvieron marcadas por numerosas irregularidades que sugieren con fuerza que un fraude llevó al partido de gobierno a ganar inesperadamente una mayoría de las gobernaciones", se lee en el comunicado del Departamento del Tesoro.
Los funcionarios incluidos en esta oportunidad no podrán hacer negocios con Estados Unidos, ni movilizar los activos que pudieran tener en el país o en el sistema bancario internacional. Entre ellos se encuentran Freddy Bernal, una reconocida figura del chavismo, actual ministro de Agricultura Urbana y jefe del comando nacional encargado de la distribución de las bolsas de alimentos que da el gobierno (llamadas CLAP); las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Sandra Oblitas –quien también es la vicepresidenta del organismo– y Socorro Hernández; Ernesto Villegas, ministro de Cultura y exministro de Comunicación; y Carlos Osorio, exministro de Alimentación, señalado de cometer irregularidades en el manejo de una misión social.
Isaías Rodríguez también figura en la lista ampliada. Es embajador de Venezuela en Italia, pero Estados Unidos lo señala por haber firmado el documento que obligaba a los gobernadores electos el pasado octubre a legitimarse ante la Asamblea Nacional Constituyente que fue desconocida por EEUU. Rodríguez fue fiscal de la república antes de la destituida Luisa Ortega Díaz. Tuvo a su cargo casos de relevancia y de los que aún no hay hechos claros, como la investigación del asesinato de un fiscal (Danilo Anderson) y las muertes del 11 de abril de 2002, día que comenzó con una gigantesca marcha opositora que atravesó toda Caracas y que terminó con un levantamiento militar que derrocó por unas horas al fallecido presidente Hugo Chávez.
Al incluir a Oblitas y a Hernández, Estados Unidos ya ha sancionado a cuatro de los cinco rectores principales del ente electoral. El único que no ha sido incorporado es Luis Emilio Rondón, un funcionario que –desde que asumió el cargo en 2014– ha mantenido posturas críticas a la forma como se han celebrado las elecciones en Venezuela.
El resto de las autoridades incluidas son representantes de la compañía estatal telefónica y de telecomunicaciones, a quienes el gobierno estadounidense señala de censurar a los medios de comunicación independientes.
"Como el gobierno de Venezuela continúa irrespetando la voluntad de su gente, nuestro mensaje se mantiene claro: Estados Unidos no se mantendrá al margen mientras el régimen de Maduro continúa destruyendo el orden democrático y la prosperidad de Venezuela", dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, al hacer el anuncio. "Mantendremos nuestros esfuerzos de sancionar a funcionarios del gobierno de Venezuela que son cómplices de los intentos de Maduro por debilitar la democracia, violar los derechos humanos, limitar la libertar de expresión o las reuniones pacíficas; o por comprometerse en la corrupción pública, a menos de que se separen del régimen de Maduro".
El ministro de Exteriores venezolano, Jorge Arreaza, rechazó el último paquete de "pretendidas sanciones unilaterales de la istración de Trump" contra funcionarios del estado venezolano, al señalar en su cuenta de Twitter que "Venezuela es un país libre, independiente y soberano que ejercerá permanentemente su derecho a la autodeterminación".
Arreaza considea que las nuevas sanciones forman parte de la "sistemática campaña de agresión del gobierno de EEUU contra Venezuela" y, para el gobierno de Maduro, "son una muestra de desprecio" de Trump hacia el pueblo venezolano.
La decisión de este jueves es parte del conjunto de medidas que ha tomado la istración de Donald Trump en contra del régimen chavista en Venezuela. Ya en julio, el Departamento del Tesoro emitió sanciones idénticas contra el propio presidente Nicolás Maduro, a quien Washington calificó de "dictador" por su empeño de imponer la Constitución y liquidar todos los poderes públicos actuales a través de ella. Y en agosto, amplió el castigo financiero a otros ocho funcionarios, entre los que incluyó al hermano del expresidente Chávez, Adán Chávez.
Y unos días antes de que el chavismo celebrara las elecciones de los de la Asamblea Nacional Constituyente, el 26 de julio, Washington sancionó a otros 13 altos funcionarios, entre los que estaban la propia presidenta del CNE, Tibisay Lucena, que organizó esas elecciones; así como Elías Jaua, exvicepresidente de Venezuela y quien estuvo a la cabeza de la comisión presidencial constituyente.
La Casa Blanca ha insistido en los últimos meses en que impondrá sanciones contra cualquiera que apoye las acciones de Maduro y sus funcionarios. Y el pasado 25 de agosto prohibió a los ciudadanos estadounidenses comprar nuevas emisiones de bonos del Estado venezolano y de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Además limitó la negociación de bonos que se encuentran en manos del sector público venezolano y el pago de dividendos al gobierno de Maduro.
Las sanciones se conocen un día después de que la Constituyente aprobara una ley que castiga con entre 10 y 20 años de prisión a quienes comentan delitos de odio. Contempla además la ilegalización de los partidos políticos que "promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio" y el cierre de medios que difundan mensajes "a favor de la guerra o (hagan) apología del odio nacional".
