EEUU sanciona a tres altos funcionarios del partido sandinista en Nicaragua por "abusos contra los derechos humanos y corrupción"
El gobierno de Nicaragua bajo la 'Ley Magnitzky', que apunta a acciones antidemocráticas como el abuso a los derechos humanos y la corrupción pública.
Los sancionados son el jefe de policía Francisco Díaz, el líder de la Juventud Sandinista Fidel Moreno y José Francisco López, tesorero del partido sandinista y vicepresidente de una empresa conjunta entre Venezuela y Nicaragua de inversión petrolera, Albanisa. Los tres han sido castigados por su papel en los "graves abusos de los derechos y la corrupción ", según un alto funcionario estadounidense que informó a periodistas en una conferencia telefónica.
"EEUU no se quedará de brazos cruzados", dijo el funcionario, quien reiteró que la istración de Trump está respaldando acuerdos para elecciones anticipadas en Nicaragua para destituir al presidente Daniel Ortega.
Funcionarios estadounidenses dijeron que la istración de Trump señalará a los responsables de la actual campaña de violencia e intimidación del gobierno nicaragüense contra su pueblo".
En una declaración, el Departamento del Tesoro de los EEUU condenó la violencia de la que responsabilizó a las fuerzas de seguridad, citando las golpizas de periodistas, los ataques contra la televisión local y las estaciones de radio, y los ataques a madres que lloran la muerte de sus hijos.
"La violencia perpetrada por el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega contra el pueblo nicaragüense y los esfuerzos de quienes están cerca del régimen de Ortega para enriquecerse ilícitamente es profundamente inquietante y completamente inaceptable", dijo Sigal Mandelker, Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y Inteligencia financiera. "El presidente Ortega y su círculo interno continúan violando las libertades básicas de civiles inocentes al tiempo que ignoran los llamados del pueblo nicaragüense a las reformas democráticas que exigen, incluidas elecciones libres, justas y transparentes".
Nicaragua está sumida en una crisis política de tres meses de duración en la que han muerto más de 200 personas en protestas callejeras, principalmente por disparos de la policía y paramilitares progubernamentales.
La crisis estalló cuando Ortega, un ex revolucionario de izquierda de 72 años, decretó una reforma del sistema de seguridad social que redujo los beneficios y aumentó los impuestos, pero desde entonces se transformó en una rebelión para derrocar su gobierno.
Ortega fue reelegido en 2016 para su tercer mandato consecutivo de cinco años, que finaliza en 2021. Pero la elección se vio empañada por numerosas irregularidades, incluida la selección de su esposa Rosario Murillo, como vicepresidenta.
Como resultado de las sanciones, todos los activos de los EEUU pertenecientes a los funcionarios afectados quedaron congelados de inmediato. Además, ni personas ni empresas estadounidenses, como los bancos, están autorizados a mantener relaciones comerciales con ellos. Sin embargo, no está claro si alguno de los tres hombres tiene activos en los Estados Unidos, como viviendas o cuentas bancarias.
Los tres sancionados son de alta confianza de la pareja presidencial.
"Bajo el mando de Francisco Javier Díaz Madriz, la Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos contra los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua", según una declaración del vocero del Departamento de Estado.
El funcionario continuó afirmando que Moreno "ha dirigido actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las continuas protestas contra el gobierno nicaragüense". Con respecto a López, quien también es presidente de la petrolera estatal Petronic, dijo que se lo acusó de "usar su posición para su propio beneficio y el de su familia, al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno".
‘Paquito’ Díaz, de 56 años, es consuegro de Ortega y Murillo y actual jefe de facto de la Policía Nacional. La jefa policial, la comisionada Aminta Granera, presentó su renuncia a finales de abril luego de diez años en el cargo. Sin embargo, hasta la fecha, no ha sido oficializada. Granera había sido reducida a labores protocolarias y de relaciones públicas, y el mando práctico de la institución lo ejercía Díaz.
En noviembre de 2014, Ortega mandó a retiro a los dos últimos allegados de confianza que Granera mantenía en la jefatura: El director jurídico Juan Ramón Grádiz y el subdirector Javier Maynard, tras una investigación sobre anomalías istrativas, e inversiones fallidas con los fondos del Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDUH) de la Policía.
El comunicado del Departamento del Tesoro citó un incidente en junio en el que hombres armados enmascarados acompañados por individuos identificados por testigos como policías nicaragüenses prendieron fuego a una casa familiar en Managua, matando a seis, incluidos dos niños pequeños. "Cuando los vecinos intentaron ayudar, la policía supuestamente disparó contra ellos, impidiendo que los posibles rescatadores lleguen a la familia", agrego.
Moreno, de 44 años, es el secretario de la Alcaldía de Managua y brazo derecho de la pareja presidencial, en especial a Murillo. Moreno ejerce la verdadera autoridad en la municipalidad capitalina por encima de los alcaldes y es considerado una figura de “todopoderoso”. Moreno ha sido señalado de dirigir las turbas de la Juventud Sandinista y los grupos paramilitares, que se organizan en los planteles de la alcaldía.
"Moreno ha sido personalmente implicado en ordenar ataques contra manifestantes desde 2013, cuando ancianos y jóvenes que protestaban pacíficamente por la reducción de las pensiones de jubilación fueron desalojados violentamente de su campamento por de la Juventud Sandinista", dijo el Departamento del Tesoro. También lo acusó de orquestar el uso de motociclistas para atacar violentamente las marchas contra el gobierno. "Moreno ha sido acusado de robar grandes sumas de dinero de los proyectos municipales de Managua, así como de usar fondos municipales para pagar las actividades del partido FSLN", agregó.
López, de 67 años, quien también es presidente de la petrolera estatal Petronic, utilizó su puesto para su propio beneficio y el de su familia, y "ha colocado a numerosas personas en todo el gobierno que lo han ayudado a robar millones de dólares en una anual base ", de acuerdo con la declaración del Departamento del Tesoro. Señaló que altos funcionarios dentro del gobierno nicaragüense y el FSLN "han utilizado los fondos de ALBANISA para comprar estaciones de televisión y radio, hoteles, ranchos ganaderos, plantas de generación de electricidad y laboratorios farmacéuticos".