Declaran santo a Óscar Arnulfo Romero: en El Salvador la investigación de su asesinato sigue estancada
SAN SALVADOR, El Salvador.- Un viejo legajo de documentos que data de la década de los ochenta detalla que El Salvador obstaculizó la investigación sobre el homicidio de monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, a sus 62 años de edad. Romero fue canonizado este domingo y, ahora que es el primer santo salvadoreño de la Iglesia Católica, las autoridades hablan de esclarecer el caso.
La Fiscalía investiga 160 casos de crímenes que ocurrieron durante la guerra civil salvadoreña, uno de esos casos es el de monseñor Romero, asesinado durante la celebración de una misa.
“El de monseñor Romero es uno de los casos que se está revisando en este momento. Es posible que en los próximos días o semanas tengamos que hacer otro requerimiento. Es uno de los tantos crímenes de guerra que se están revisando”, dijo Douglas Meléndez, el fiscal general.
El fiscal salvadoreño ha demorado dos años y medio para referirse a una investigación ya resuelta parcialmente. Una investigación que perfiló a los principales implicados en el crimen, pero que fue obstaculizada cuando apareció involucrado el fundador de uno de los principales partidos políticos de El Salvador: el mayor Roberto d'Aubuisson.
Documentos de un fracaso
El 13 de enero de 1986, el entonces presidente de El Salvador, José Napoleón Duarte, creó una comisión especial para investigar el asesinato de monseñor Romero. La comisión revisó la documentación y determinó que policías, fiscales y jueces no habían hecho nada significativo para esclarecer el caso. Nadie investigaba.
Los nuevos investigadores revisaron la documentación, volvieron a llamar testigos y en uno de sus primeros reportes escribieron lo siguiente: “Se ha descartado que el homicidio hubiese sido cometido por organizaciones de izquierda y que todas las informaciones apuntaban a que fue efectuado por los llamados Escuadrones de la Muerte”.
Los Escuadrones de la Muerte eran grupos paramilitares que asesinaron y desaparecieron a cientos de personas durante la guerra civil salvadoreña. La comisión tenía una lista de militares sospechosos de pertenecer a este grupo, entre ellos el capitán Álvaro Saravia, uno de los hombres de confianza del mayor d'Aubuisson, quien años después fundó Alianza Republicana Nacionalista (Arena), un partido de derecha que aún es uno de los principales en el país.
El gobierno de Duarte logró identificar a un testigo clave: Amado Garay, el conductor del capitán Saravia. El 19 de noviembre de 1987, el testigo confesó que manejaba el vehículo que llevó al francotirador hasta el lugar del crimen. Además, relató que tres días después del asesinato el capitán Saravia se reunió con d'Aubuisson para informarle que ya “se había cumplido la misión (asesinato) tal como él lo había ordenado”.
Una semana después de la declaración del testigo clave, el capitán Saravia fue detenido en Miami, Estados Unidos y la Fiscalía pidió su extradición. Al siguiente día, el 25 de noviembre de 1987, el entonces diputado por Arena, Roberto d'Aubuisson, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de exhibición personal porque se sentía acosado por el gobierno.
La queja de d'Abuisson dinamitó el caso. La Corte congeló el caso durante un año y justo en las vísperas de las vacaciones navideñas de 1988, determinó que la Fiscalía no podía pedir la extradición del capitán Saravia y que el testimonio del testigo clave “no merecía fe” porque ya había pasado mucho tiempo del asesino y, por lo tanto, no había evidencia contra d'Aubuisson.
“Esta resolución prácticamente destruyó todos los esfuerzos realizados por la comisión. La Fiscalía en ese momento no pudo hacer absolutamente nada para presentar las pruebas al tribunal”, declaró el entonces ministro de justicia, Julio Alfredo Samayoa hijo.
¿Contra quién va la Fiscalía?
“Estamos revisando varios casos importantes en este momento. Es necesario decir: los crímenes de guerra todos son importantes, las desapariciones de personas, las masacres que hubo. Es una gran cantidad y volumen de casos, los fiscales están revisando”, dijo Meléndez.
El fiscal Meléndez aseguró que en los próximos días presentará un requerimiento por el caso de monseñor Romero; sin embargo, eso no significa que presentará acusación alguna contra el prófugo capitán Saravia o contra el fallecido d'Aubuisson.
El vocero de la Fiscalía, Salvador Martínez, explicó que se pedirá una serie de diligencias de investigación. “Nosotros no llevamos la dirección funcional de la investigación, eso le corresponde al juzgado”, dijo.
Mientras miles de feligreses católicos celebran la canonización de monseñor Romero, algunas instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) reiteraron la petición de investigar el caso.
“Recomendamos al fiscal que desarrolle una investigación seria, eficaz y concluyente sobre la ejecución extrajudicial de monseñor Óscar Arnulfo Romero. Tiene amplias facultades para hacerlo. No puede aducir falta de presupuesto, falta de personal ni ningún otra excusa para impedir la investigación de un crimen atroz, de lesa humanidad”, dice Carlos Rodríguez, el procurador adjunto de derechos civiles.
