¿Qué es lo que realmente pasa en la ‘carretera de la muerte’ donde fue vista Debanhi Escobar por última vez?
'Campos de exterminio', más de una década de conductores de camiones y transporte público desaparecidos, tubos de minería abandonados usados para ir ocultando cuerpos poniéndoles concreto encima. Mujeres que piden un carro por una aplicación digital para ir a una fiesta en una quinta y que nunca regresan. Un 'territorio de sangre', una avalancha de violencia, una gran fosa común es atravesada por una carretera de 200 kilómetros que, en una aparente normalidad vehicular, conecta a la ciudad de Monterrey, Nuevo León con Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Una vía que es el paso obligado de 14,000 camiones al año, por donde se transporta el 80% de las mercancías que se comercian entre México y Estados Unidos y que ostenta el apenas justo apodo de la ‘carretera de la muerte’.
Las noticias volvieron a poner su atención en esta vía, una vez que la última imagen que se obtuvo de la joven Debanhi Escobar viva, era parada ahí, en esa autopista que, a esa altura, a las afueras de Monterrey, está llena de moteles y enormes casas de recreo. Pero esta vía y los municipios, parajes y las vías menores con las que conecta llevan siendo escenario de desapariciones sistemáticas desde hace una década.
“Se les pierde el rastro en la carretera, eso es todo lo que se sabe”, sentencia Angélica Orozco miembro y activista de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León y quien lleva un registro expedito de quienes en medio de este trayecto han desaparecido sin que familiares y autoridades hayan podido encontrar rastro, ni huella.
Muy documentado fue el caso del ingeniero de IBM Alejandro Alfonso Moreno Baca, quien a sus 32 años desapareció en esta autopista, se dijo, a manos de narcotraficantes de los Zetas en 2011. Le siguieron Brandon Isaac, Manuel Acuña, Bruno Mejía, Michael Foxworth, David Emanuel Ramírez, Jorge Arévalo, Ricardo Valdez, Javier Toro Cagal, Artemio Moreno, entre otros.
Pero a pesar de los casos registrados, la situación empezó a cobrar tonos alarmantes y levantar la atención de las organizaciones de víctimas, cuando en menos de tres meses, para marzo de 2021, ya se habían notificado más de 10 casos de desapariciones. La cifra alcanzaría según Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León 70 desaparecidos hasta diciembre.
No se tiene muy clara la razón de esta violencia, se reconoce sí un patrón. Estos conductores van circulando, de noche o de madrugada, y luego el último rastro que muestra el GPS de sus celulares es, en la mayoría de los casos, el kilómetro 15, el 26 o kilómetro 100, de esta concurrida vía. Muchas veces ni los carros, ni las mercancías aparecen, tampoco suele haber una solicitud de pago de rescate, no aparecen los cuerpos.
“¿Cuál es el motivo? Eso nos hemos preguntado todo este tiempo, creemos que es absurdo que se los lleven solo para matarlos. No sabemos el motor de los criminales”, confiesa Leticia Hidalgo, fundadora de Fuerzas Unidas y madre de Roy Rivera Hidalgo, el joven que fue desaparecido hace 10 años en Escobedo, Nuevo León.
Fue precisamente en esta carretera, en plena crisis de desapariciones del 2021, en el mes de julio, cuando se reportaron como desaparecidos los ciudadanos estadounidenses Gladys Cristina Pérez Sánchez, de 39 años, y sus hijos, Juan Carlos González, de 16, y Michelle Cristina Durán, de 9. Se trataba de una familia estadounidense que viajaba de vuelta a Texas luego de visitar a sus familiares en México. El Chevrolet Sonic amarillo, modelo 2014, en el que viajaban nunca pasó la frontera a Estados Unidos.
Después de 10 meses de búsqueda, en la ‘carretera de la muerte’ que tantas veces había sido escrutada por la fuerza policial presionada por el propio FBI, en el kilómetro 174 fueron encontrados los cuerpos sin vida de toda la familia y el carro hundido en una fosa de agua. Mientras las autoridades investigan qué hubo detrás del caso de esta familia, las activistas denuncian irregularidades que son transversales a todos estos casos.
“En un principio, como la mayoría de desapariciones ocurrieron en Tamaulipas, los del gobierno de Nuevo León se deslindaban de su responsabilidad y de las búsquedas. Otras veces la comisión local de Tamaulipas no iba acompañada del Ministerio Público, por lo que hacían un operativo grande, encontraban una persona sospechosa en un rancho o ropa o credenciales, pero no podían entrar porque no tenían orden de cateo”, denuncia Orozco, quien asegura que en estos 10 años de desapariciones no se ha ubicado a ningún responsable. A ninguno.
Una cifra que Orozco sabe que solo le hace resonancia a las 36 sentencias por desaparición forzada que se han registrado en el país frente a los más de 100,000 reportados como desaparecidos (cifra del Informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas).
'Campos de exterminio' y cuerpos sepultados por el cemento
Si de camino a Nuevo Laredo —una ciudad concurrida desde Monterrey para ir hacer compras— se hace un pequeño desvio hacia la zona de Carboneras, aún en el estado de Nuevo León, los rastros de la tragedia que ha atravesado esa ‘carretera de la muerte’ parecen ser más evidentes.
Las activistas de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León dicen haber recorrido junto a la Fiscalía verdaderos ‘campos de exterminio’. “Visitamos una especie de ejido en donde se han encontrado cientos de miles de fragmentos de huesos humanos incinerados que aún se están identificando, casquillos de armas, prendas de vestir y tanques de lámina en donde aparentemente incineran a las personas”, explican.
Este lugar es casi calcado a otro campo lleno de restos humanos descubierto en Vallecillo, Nuevo León. Ambos son terrenos despoblados, con ranchos o quintas separadas por vastas extensiones de terrenos, árboles frondosos, arroyos pequeños cercanos y muchas veces llenos de construcciones no terminadas o medio derrumbadas.
“A estas zonas se les suma un enorme tubo de unos 75 metros de diámetros, que desde 2017 estuvimos presionando para que fuera escrutado, debido al rumor constante de que ese antiguo desagüe de una mina era usado por la delincuencia para sepultar cuerpos sobre vastas capas de cemento”, explica Leticia Hidalgo.
De la mano de la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos y de expertos en geología y minas, estas madres consiguieron que, en diciembre de 2021, después de cientos de denuncias que empezaron a aparecer, las autoridades intervinieran este tubo que, en un principio, se pensó que media solo 200 metros, pero que ahora, después de cavar y cavar capas de cemento, se sabe que mide más de 330.
A pesar de este panorama, sobre la ‘carretera de la muerte’ no se ha informado oficialmente que se hayan puesto cámaras, o algún sistema de alerta o vigilancia. Lo que ha hecho la fuerza policial es armar caravanas para ir escoltando a los viajeros, pero es imposible escoltarlos a todos, sobre todo con esa gran afluencia de tráfico.
Las organizaciones de víctimas, por su parte, han levantado protocolos de viaje alentando a los que se mueven por esa zona a no moverse de noche, no hacerlo solos y a mandar constantemente mensajes que permita saber su ubicación. Aunque este año no se han recibido reportes de nuevas familias de desaparecidos, la imagen de Debanhi Escobar viva sobre esta vía, como el último recuerdo de su vida, parece el clamor callado de cientos que como ella reclaman y merecen justicia.
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