Casi 200 organizaciones de derechos humanos en Venezuela piden a Michelle Bachelet que remita el informe a la Corte Penal Internacional
"Instamos a la Alta Comisionada a que remita el informe a la Corte Penal Internacional, extendiendo sus buenos oficios al Consejo de Derechos Humanos y demás instancias de la ONU, para que los países del mundo impulsen y se comprometan con acciones urgentes pacíficas y electorales que permitan en el corto tiempo el retorno a la democracia en Venezuela, garantía para el disfrute de derechos humanos para todos los sectores de la población, especialmente los más vulnerables".
Así concluye la carta que 190 organizaciones no gubernamentales venezolanas le escribieron a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
Se refieren al detallado informe presentado este jueves 4 de julio por la oficina que encabeza la expresidente chilena y en el que revela cómo torturas, malos tratos a opositores y escaso a medicinas y alimentos son usados por el régimen chavista como control social.
"Queremos expresar públicamente nuestro respaldo al trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre nuestro país. Entre sus labores se encuentra la realización de los tres informes sobre Venezuela, incluyendo el más reciente presentado por la Alta Comisionada Michelle Bachelet", se puede leer en el comunicado publicado este viernes 5 de julio, un día después de que se conociera el resultado de las visitas del equipo de la ONU a Venezuela.
Recordaron que este equipo de investigación de la ONU ha estado monitoreando de cerca la situación del debilitamiento de la institucionalidad democrática y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela durante años y mantienen o con diferentes sectores para precisar información.
"Sus informes recogen, de manera rigurosa y respetuosa, las voces de cientos de víctimas dentro del país y migrantes forzosos, venezolanos que han tenido que huir del país por razones políticas o para sobrevivir".
"Queremos recalcar la importancia de la presencia de oficiales de la Oficina de la Alta Comisionada en Venezuela, y la urgencia de que se cumplan los acuerdos establecidos durante la visita de Michelle Bachelet con quienes detentan el poder, para facilitar su labor dentro del país en favor de las víctimas y todos los ciudadanos".
Responsabilizaron a las autoridades de garantizar la seguridad de los técnicos y las condiciones para que puedan realizar la misión, según las normas internacionales. Uno de los acuerdos contempla, en efecto, que dos técnicos permanezcan en el país monitoreando la situación de los derechos humanos y supervisando que se cumplan las recomendaciones emitidas por la oficina.
"Consideramos de vital importancia la conformación de una oficina permanente en Venezuela y la pronta visita de los procedimientos especiales a Venezuela", pidieron las organizaciones. Además, exhortaron a que se acepten las recomendaciones emitidas en el informe de la oficina, así como la instalación de una Comisión de Investigación, con expertos independientes de la ONU, para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y lograr justicia.
Este viernes hubo una gran confusión luego de que la comisionada asegurara que dos simbólicos presos políticos del régimen tenían libertad plena: el editor periodístico Braulio Jatar y la jueza María Lourdes Afiuni, pero ambos por su parte expresaron su consternación porque tal libertad plena no ha ocurrido. Al cierre de esta nota seguían esperando confirmación de los tribunales respectivos, que estaban de asueto por el Día de la Independencia.
