Bukele aprovecha la crisis del coronavirus en El Salvador para autorizar el uso de la "fuerza letal" contra pandilleros
El presidente de El Salvador, pandillas, acusadas de la mayoría de asesinatos cometidos en el país.
"El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños", indicó el mandatario desde su cuenta de Twitter, al señalar que "las coronavirus.
Añadió que "el Gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados, por defender la vida de la gente honrada" e instó a la Fiscalía General de la República (FGR) a "procesar a los aliados de las pandillas" por "asociaciones terroristas" y "apología del terrorismo".
El mandatario también instruyó que los de la Policía y del Ejército den prioridad a atender la escalada de homicidios en medio de la pandemia de covid-19, lo que supone un duro golpe a la estrategia de contención con la vigilancia de los uniformados en la calle.
Según reportes de la prensa local, que el Gobierno no ha desmentido, el viernes se registraron en El Salvador 23 homicidios en todo el territorio y entre sábado y domingo otros 10 en la zona oriental del país.
Las autoridades no han detallado si estas muertes están relacionadas con purgas dentro de las estructuras criminales, intentos de ampliar el control en sus territorios o si son asesinatos de civiles que se han saltado la cuarentena por el covid-19.
Actualmente, las autoridades de seguridad disponen de unos 23,000 policías y más de 7,000 militares para la atención de la pandemia, y se desconoce cuántos serán delegados para controlar el alza de asesinatos.
De acuerdo con informaciones de la prensa local, las principales pandillas, la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que poseen unos 60,000 , ordenaron a los pobladores de las zonas que controlan respetar el confinamiento bajo amenazas de muerte.
Cambio de estrategia en las cárceles
También este domingo, el Gobierno de Bukele decidió mezclar a los de pandillas rivales en las celdas en las diferentes prisiones del país, en las que se encontraban separados por grupos.
Diferentes organizaciones han criticado el uso de la Fuerza Armada durante los últimos Gobiernos como una medida para pilar del combate a las pandillas, lo que, a juicio de estas entidades, "implica un retroceso en la construcción de una sociedad democrática" y contribuye a "la aparición de nuevos fenómenos de violencia".
Un informe de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos, presentado ante la Asamblea Legislativa, denuncia “detenciones ilegales” y “tratos crueles, inhumanos y degradantes” y registra que, hasta la fecha, hay 778 denuncias contra los de la fuerza pública en el período Bukele.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, al tomar nota de la situación en El Salvador, dijo recientemente que "incluso en un estado de emergencia, algunos derechos fundamentales no pueden restringirse ni suspenderse, entre ellos el derecho a no sufrir malos tratos y la garantía fundamental contra la detención arbitraria".
