El brutal asesinato de dos jóvenes venezolanos en Colombia reaviva el conflicto político entre ambos países
El atroz Nicolás Maduro.
Los hechos ocurrieron el 8 de octubre en Tibú, un municipio del fronterizo estado Norte de Santander, situado en medio de una violenta región cocalera históricamente golpeada por el conflicto armado colombiano.
Aparentemente, los dos jóvenes habían sido señalados de hurtar ropa en un comercio y fueron retenidos y golpeados por pobladores de Tibú, dijeron testigos citados por medios locales.
En videos y fotos difundidas en redes sociales, se ve a los jóvenes con aire afligido, las manos atadas hacia adelante con cinta adhesiva mientras una persona fuera de cámara los acusa de "ladroncitos".
"Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras", dice la voz anónima.
Aunque ambos permanecían atados y retenidos por los pobladores, aparentemente a la espera de alguna autoridad policial para entregarlos, "fueron arrebatados (...) por un grupo armado ilegal que se los llevó con un destino desconocido donde luego aparecieron muertos", dijo Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander.
“Los asesinan en las afueras del municipio”, confirmó el viernes el coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía.
Sus cuerpos fueron encontrados más tarde en una zona rural, aparentemente baleados y con las manos todavía amarradas. Un cartón con la palabra "ladrones" escrita a mano reposaba sobre el cuerpo del más pequeño, tirado bocabajo con una mochila roja.
Huyeron de la crisis y encontraron la muerte
Ambos chicos había migrado a Colombia huyendo de la severa crisis económica que hace años golpea a Venezuela.
Las autoridades colombianas identificaron a uno de ellos como Jackson Enrique Arriaga Parra, de 23 años. Nació en Los Teques, en el estado Miranda, Venezuela, y aparentemente era padre de una niña de 3 años.
El otro joven asesinado era un adolescente de 15 años, cuyo nombre no ha sido revelado. Investigaciones preliminadores indican que era de la etnia wayuu del fronterizo estado venezolano de Zulia y llegó hace dos años a Colombia junto a un hermano, detalla un reporte del diario local La Opinión.
Las familias de ambos fallecidos están intentando recoger dinero para poder repatriar los cuerpos.
El gobierno colombiano condenó los hechos e instó “urgentemente a las autoridades a intensificar las investigaciones para dar con los responsables”, y aseguró que la “vida de los niños, niñas y adolescentes requiere de toda la protección, respeto y garantía de sus derechos”.
El coronel de la policía, Carlos Martínez, responsabilizó a las disidencias de la exguerrilla de las FARC ( Ejército de Liberación Nacional, y las organizaciones criminales el Clan del Golfo y Los Pelusos.
Martínez ofreció una recompensa de unos 27,000 dólares (100 millones de pesos), por la captura de los presuntos responsables.
"Se tomaron la justicia por su mano", manifestó Martínez en una entrevista con Caracol Radio. "Para eso están las autoridades".
Duque y Maduro, acusaciones recíprocas
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia ha pedido una investigación y el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, envió una carta a su par colombiano, Francisco Barbosa, para pedir "el esclarecimiento de la situación ocurrida y el establecimiento de las responsabilidades a que haya lugar".
El gobierno de Maduro anunció que denunciará al presidente de Colombia, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional por su supuesta responsabilidad en el asesinato de miles de migrantes de su país.
Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, la “persecución" y el “asesinato de nuestros migrantes" se habría convertido en "una política sistemática y masiva contra nuestros connacionales” en el vecino país. También señaló en una declaración que los venezolanos en Colombia son víctimas de un aparato comunicacional dedicado a “denigrar” a los “migrantes pobres”.
De acuerdo con un informe publicado por Medicina Legal de Colombia, entre 2017 y agosto de 2021 han fallecido 2,053 venezolanos en homicidios con arma blanca, arma de fuego o riñas. Unos 1,408 de esos homicidios fueron cometidos con armas de fuego.
El mismo miércoles más tarde, el gobierno colombiano rechazó y desmintió los señalamientos realizados por el gobierno de Maduro al considerarlos una forma de desviar la atención de otros hechos como el “fallecimiento del exministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, décimo preso político que pierde la vida bajo custodia del régimen de Nicolás Maduro”, indicó la Cancillería colombiana en un comunicado.
Baduel fue un exministro de Defensa de Venezuela que después se volvió crítico del expresidente covid-19 en prisión, donde permanecía desde 2017 a la espera de un juicio por sus presuntos vínculos con un complot para derrocar a Maduro.
