Caso Ayotzinapa: señalan a la Marina de ocultar pruebas y familiares acusan al gobierno de engañarlos
Los últimos hallazgos de la comisión internacional que investiga la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México, en agosto de 2014 señalan que la Marina mexicana manipuló evidencia sobre el caso, según informó el grupo nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los hallazgos, no obstante, generan más preguntas que respuestas.
El grupo de expertos, nombrado por la CIDH, elaboró este informe con informes y documentos militares y de inteligencia que habían estado ocultos durante siete años, desde que los 43 jóvenes estudiantes desaparecieron en medio de un salvaje tiroteo en Iguala, ocurrido el 26 de septiembre de 2014. El caso desató una ola de protestas en México y significó una de las mayores crisis del gobierno del antecesor del presidente López Obrador, Enrique Peña Nieto.
El informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sostiene que marinos mexicanos trabajaron en el basurero que había sido señalado por el gobierno de Peña Nieto como el sitio donde los supuestos asesinos de los jóvenes habían incinerado sus restos, que fue presentado como la supuesta “verdad histórica” de los hechos. Este nuevo informe es el primero que se presenta durante la presidencia de López Obrador, quien asumió el poder en diciembre de 2018.
¿Qué dice el informe?
Los hallazgos del GIEI se basan en un video que tomó la propia Marina mexicana para registrar las actividades de los marinos.
Hasta ahora solo se sabía que habían participado como protección de las actividades de la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República, FGR) para sus investigaciones y con buzos en las áreas cercanas.
El video había sido clasificado y el GIEI pudo acceder gracias a la intervención del gobierno mexicano actual, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Los marinos habrían llevado bultos con contenido desconocido y encendieran una hoguera en el basurero de Cocula, donde se dijo que los estudiantes habían sido asesinados y desaparecidos. Los videos que revisó el GIEI muestran que tal cosa no ocurrió.
El móvil sigue siendo un misterio
El hallazgo derrumba la versión que se conocía hasta ahora de los trágicos sucesos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, a más de 200 kilómetros al norte de Ayotzinapa, pero no da mayores datos que aclaren lo que sí ocurrió.
El móvil que llevó al tiroteo ocurrido en Iguala, que dejó al menos nueve muertos –entre ellos un menor de 15 años que regresaba con su equipo de un partido de fútbol–, y a la posterior desaparición de los estudiantes sigue siendo un misterio. Tampoco hay nueva información sobre el paradero de los jóvenes.
El informe señala que hubo dos investigaciones paralelas, la oficial y la de un grupo de crisis, y que la llamada “verdad histórica” fue una gran operación dirigida por una “autoridad superior”, que no es identificada, y en la que participó la policía de Guerrero, la federal, el Ejército, la Marina, los servicios de inteligencia y diversas agencias de la PGR, hoy FGR.
Pero entre toda esta cadena de mando hay muy pocos funcionarios investigados por el asunto. Uno de los pocos detenidos vinculados a la planeación del tiroteo es José Luis Abarca, quien celebró un mitin ese día en la ciudad, y quien está en una cárcel mexicana desde hace siete años.
El actual secretario de la Marina era comandante en la zona señalada
Las conclusiones del nuevo informe del GIEI señalan que la manipulación ocurrió cuando el titular de la secretaría de Marina de AMLO, Rafael Ojeda Durán, era comandante de Guerrero, el estado donde se encuentra Ayotzinapa y donde ocurrió la tragedia.
Ojeda fue uno de los jefes de la Marina donde los marinos habrían manipulado la evidencia que después sería presentada por el gobierno de Peña Nieto como el sitio donde los estudiantes habrían sido asesinados y calcinados. El GIEI vio videos que así lo mostraban, fechados el 27 de octubre de 2014, aproximadamente un mes después de los hechos.
El gobierno de López Obrador, por otro lado, no ha iniciado ningún proceso contra algún funcionario involucrado en las desapariciones y, pese a una muy publicitada consulta para juzgar a expresidentes –cuya utilidad o propósito fue puesto en tela de juicio por no tener ningún tipo de vinculación legal y cuya votación no rebasó el 7%–, no hay indicios de que su gobierno haya emprendido alguna acción al respecto. López Obrador insistió de nuevo el martes de esta semana que se investigará a los militares que habrían manipulado el basurero de Cocula.
“Nos vieron la cara”: familiares acusan al gobierno de haberlos engañado
Las contradicciones entre los dichos de López Obrador y los actos de su gobierno en el caso Ayotzinapa son una de las razones que ha llevado a los familiares a acusar a su gobierno de haberlos engañado y de que no hay avances en los tres años que lleva su istración. Las familias de los jóvenes también acusaron al gobierno y a las fuerzas armadas mexicanas de “dosificar” la información del caso.
“Estamos enojados… más bien encabronados, porque desafortunadamente nos vieron la cara durante tres años”, dijo Mario González, uno de los familiares de los desaparecidos que fue uno de los portavoces en la rueda de prensa convocada por las familias tras conocerse el último informe del GIEI. “No solo estamos hablando del gobierno pasado, sino también de estos mandos, que nos prometieron llegar a la verdad”.
González dijo que las instituciones mexicanas “han jugado” con las familias y añadió que el gobierno de López Obrador les hizo firmar un decreto en el que se comprometían a entregar toda la información sobre el caso.
“A lo mejor debe dejar un poco las mañaneras [las conferencias matutinas que AMLO da todos los días desde que asumió la presidencia], y enfocarse en los compromisos que tiene con el pueblo. Da mucho coraje la postura que esas instituciones del gobierno federal han tenido. Si ocultaron esto, ¿qué más pueden ocultar?”.
