A dos días de las elecciones de Colombia, cables diplomáticos de EEUU sugieren nexos de Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico
A dos días de las elecciones de Colombia, que según las encuestas son lideradas por Iván Duque, candidato de Álvaro Uribe Vélez, The New York Times asegura que información desclasificada de diplomáticos estadounidenses en los años 90 sugerían nexos del expresidente con narcotraficantes.
La acusación no es nueva. A Uribe Vélez se le ha acusado de haber tenido en su paso por la Dirección de la Aeronaútica Civil entre 1980 y 1982 relación con la familia Ochoa Vásquez, algunos de cuyos pertenencían al Cartel de Medellín. Esto ha sido negado repetidas veces por el expresidente.
Según la información desclasificada, hubo entre 1992 y 1995 varias reuniones entre funcionarios estadounidenses y Uribe Vélez, quien para la época era un político prometedor un “joven líder", una “estrella brillante en la escena política colombiana”, dicen los cables diplomáticos, pero también expresan sus dudas.
Los diplomáticos también encontraron acusaciones que empañaban la reputación del líder político. “Seguimos sospechando de las conexiones de Uribe con el narcotráfico”, dice un cable de 1992 en el que los diplomáticos estadounidenses discutían las operaciones antidrogas realizadas con el apoyo de Uribe.
Un cable de 1993 describe una reunión de la embajada con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien para la época era senador del Partido Liberal. El político aseguró que la familia Ochoa Vásquez “había financiado” las campañas políticas de Uribe Vélez.
Alejandro González, otro senador en esos años, le dijo a los diplomáticos que Uribe “temía por su vida porque no pudo cumplirle a sus os del Cartel de Medellín” la promesa de negociar un acuerdo con el gobierno para lograr la rendición de Escobar.
Aunque los diplomáticos dicen que no encontraron pruebas contundentes que respalden esas acusaciones, las investigaron durante años y expresaron sus preocupaciones a los funcionarios estadounidenses.
Y ahora National Security Archive, una organización sin fines de lucro que pidió desclasificar la información, ha entregado estos datos a The New York Times.
