México rechaza extender el pacto para que ciertos solicitantes de asilo en EEUU esperen en México
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador rechazó los planes del gobierno de EEUU de extender a una segunda garita (puerto de entrada) un programa que obliga a ciertos solicitantes de asilo en estados Unidos esperar en México hasta que las cortes de inmigración resuelvan sus casos.
La extensión del cuestionado programa fue comunicado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al Congreso el lunes. El protocolo, parte de la política de tolerancia cero de Donald Trump, fue implementado el pasado 20 de diciembre en la garita de San Ysidro, uno de los pasos entre San Diego y Tijuana.
En enero el programa fue ampliado a la garita de Eagle , Texas, ubicado en el oeste de San Antonio.
“El Departamento de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos (Department of Homeland Security) informó al Congreso de ese país su decisión de extender la implementación de la sección 235(b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) a la garita fronteriza que comunica las ciudades de Mexicali y Calexico”, dijo la cancillería mexicana en un comunicado.
“El Gobierno de México reitera que no coincide con la medida unilateral implementada por las autoridades de Estados Unidos, al tiempo que refrenda su determinación respecto de la protección a los migrantes y la promoción del desarrollo económico y social que mitigue las causas estructurales de los flujos migratorios”, añade.
De qué se trata
La sección activada por el gobierno de Trump cambia los protocolos de protección al migrante y permite que “ciertos extranjeros que llegan por tierra desde un territorio contiguo, es decir México o Canadá, ya sea o no por un puerto de entrada designado, generalmente puede ser devuelto, a discreción de la ley de cumplimiento, al territorio desde el cual están llegando en espera de un procedimiento de remoción bajo la Sección 240 de la INA”, señala un memorando de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) fechado el 28 de enero.
El documento advierte que la secretaria del DHS, Kirstjen M. Nielsen, comenzará el proceso de implementación del programa “a gran escala”, permitiendo “la devolución de determinados extranjeros a un territorio contiguo en espera del cumplimiento de los procedimientos de deportación” a cargo de un juez de inmigración.
El protocolo activado en diciembre advierte que un nacional de un tercer país “no debe ser devuelto involuntariamente a México (…) si lo más probable es que el extranjero sea perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política.
Los extranjeros que hayan participado en actividades delictivas no serán itidos en Estados Unidos, advierte el DHS.
El asilo en la frontera se clasifica como “defensivo”. El inmigrante que pasa una entrevista de miedo creíble enfrenta un proceso de deportación donde tiene la oportunidad de presentarse anue una corte de inmigración para pedir la protección que busca de parte del gobierno de Estados Unidos.
Implementación inmediata
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) de México dijo que “como en el caso de Tijuana (donde el programa fue implementado el 20 de diciembre bajo la protesta del gobierno de López Obrador), la medida estadounidense conducirá a que, a partir de esta semana, sean devueltos a Mexicali solicitantes de asilo no mexicanos que ingresaron desde México a Estados Unidos, a fin de que aguarden en nuestro país el desarrollo de su trámite ante una corte migratoria estadounidense”.
“Por razones humanitarias, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores han mantenido o con las autoridades de migración estadounidenses para recibir información sobre las personas retornadas a México. Un número significativo de ellas cuenta con algún tipo de documento migratorio mexicano que les permite permanecer en nuestro país”, añade.
Para el Gobierno de México, añade la cancillería, “el o entre las autoridades migratorias de ambos países tiene por finalidad principal proteger los derechos humanos de los migrantes afectados. Ese intercambio de información no significa en modo alguno que el Gobierno de México esté de acuerdo con las decisiones y acciones tomadas unilateralmente por el Gobierno” de Donald Trump, precisa.
El gobierno mexicano dijo además que “la Secretaría (ministerio) de Gobernación informará al gobierno de Baja California sobre la decisión del Gobierno de Estados Unidos” y que “en breve establecerá o con las autoridades municipales de Mexicali, a fin de adoptar medidas que permitan a las personas retornadas a territorio mexicano una estancia segura, en tanto conocen la decisión final sobre su solicitud de asilo”.
En diciembre, cuando el programa fue implementado por el gobierno de Trump, México dijo que “reafirmaba su derecho soberano de itir o rechazar el ingreso de extranjeros a su territorio en ejercicio de su política migratoria, y que sólo autorizará, por razones humanitarias y de manera temporal, el ingreso de ciertas personas extranjeras provenientes de Estados Unidos que hayan ingresado a ese país por un puerto de entrada o que hayan sido aprehendidas entre puertos de entrada, hayan sido entrevistadas por las autoridades de control migratorio de ese país, y hayan recibido un citatorio para presentarse ante un juez migratorio”.
Crece el rechazo
La política de tolerancia cero de Trump en la frontera y el regreso a México de solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos sigue engrosando una larga lista de rechazo por parte de la comunidad interreligiosa estadounidense.
A finales de febrero más de 500 líderes y grupos interreligiosos instaron al gobierno de Trump poner fin a la política “inmoral” de "permanecer en México" y proteger a las personas vulnerables que buscan asilo en la frontera.
La coalición, encabezada por el Catholic Legal Immigration Network, Inc (CLINIC), una de las principales organizaciones de ayuda legal a los inmigrantes en Estados Unidos, pidió al DHS, por medio de una carta, “ que acepte y procese a los solicitantes de asilo, y respete las obligaciones morales y legales de proteger a los más pequeños".
La misiva, firmada además por el Servicio Mundial de Iglesias, que incluye entre otros a organizaciones religiosas, líderes denominacionales, órdenes religiosas y agencias de servicios de inmigración basadas en la fe, lanzó un llamado a la compasión y le pidió al gobierno que siga “nuestras tradiciones de fe que obligan a darnos la bienvenida con amor y compasión, sin importar el lugar de nacimiento, la religión o la etnia”.
"Nuestras diversas enseñanzas morales encuentran coherencia en el valor absoluto de la persona humana y nuestra obligación de proteger a los más vulnerables entre nosotros", añade.
Campaña “cruel”
Los religiosos indican además que este plan de 'Permanecer en México' es el último paso en la “campaña de crueldad e ilegalidad del gobierno, un plan que pone en riesgo la vida de los niños migrantes y destroza las familias” que huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza y vienen a Estados Unidos en busca de asilo.
"Esta política es otro ataque mal concebido e inmoral contra los solicitantes de asilo que pone a las personas en riesgo físico y amenaza su a asistencia legal", dijo Anna Gallagher, directora ejecutiva de CLINIC. “Como lo explica la carta, será un obstáculo casi insuperable para los solicitantes de asilo que se verán obligados a permanecer en México para obtener la asistencia de un abogado estadounidense para ayudarlos a preparar sus casos”.
“ Negarles el debido proceso legal para acceder a un abogado cuando buscan asilo, es simplemente erróneo y viola nuestras obligaciones bajo la ley de proteger a los refugiados de la persecución”, denunció.
El grupo exhortó al gobierno de Trump a poner fin de inmediato a su “política cruel e inmoral” de ‘Permanecer en México’ “y a detener sus ataques contra solicitantes de asilo, inmigrantes, niños no acompañados y otras poblaciones vulnerables que buscan protección”.
Señala además que “el gobierno debe abordar de manera significativa las causas fundamentales del desplazamiento, sin socavar el asilo, la lucha contra la trata o la protección de los niños en Estados Unidos”.
La cancillería mexicana aseguró que “seguirá insistiendo en la necesidad de atender las causas de la migración desde su raíz, en los países de origen de los migrantes. Para tal efecto, en el marco de la próxima reunión del Mecanismo de Tuxtla, a celebrarse el cinco de abril de 2019, el Gobierno de México planteará a los de Guatemala, El Salvador y Honduras la adopción de medidas y proyectos para impulsar el desarrollo económico y social de la región, para contribuir a mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus habitantes y atender las causas profundas de la migración: la pobreza, la inseguridad y la carencia de oportunidades”, precisa un comunicado.
