¿Qué es el 'expediente en la sombra' de la Corte Suprema y cómo lo usa Trump para retar a los jueces federales?
La mayoría de los pedidos que la Corte Suprema tiene pendiente en su ‘expediente de emergencia’ provienen del gobierno de Donald Trump.
Es un creciente patrón que refleja ímpetu por desafiar las decisiones de jueces que han bloqueado parte de la avalancha de medidas agresivas de Trump en este segundo gobierno, sobre todo las que le han puesto un freno a nivel nacional.
Los críticos de este ‘expediente de emergencia’ le llaman en inglés shadow docket, que podría traducirse como el ‘expediente en la sombra’. Le llaman así porque se trata de peticiones que el máximo tribunal resuelve de forma expedita, por lo general sin escuchar argumentos orales ni evaluar la cantidad de documentos que usualmente le presentan cuando toma un caso a fondo.
Las decisiones que se dan en este ‘expediente de emergencia’ habitualmente van sin firma ni una amplia explicación y pueden conocerse literalmente en medio de la noche. Eso fue lo que ocurrió en la madrugada del 19 de abril cuando la Corte prohibió al gobierno expulsar a una cuestionada cárcel para terroristas en El Salvador a cualquier inmigrante venezolano en el norte de Texas usando la Ley de Enemigos Extranjeros.
“Dada su divulgación impredecible, su falta de transparencia y su usual misterio, estas decisiones se dan de forma figurativa y literal en las sombras”, consideró Steve Vladeck, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Georgetown y autor de un libro sobre este tema, en palabras ante el Congreso hace unos años.
Él y los críticos de este ‘expediente de emergencia’ no son los únicos que acuñan la idea de que son decisiones sombrías.
La propia jueza de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson cuestionó hace poco que el tribunal se apresurara en conceder un pedido —distinto al que mencionamos arriba— para expulsar a inmigrantes bajo la oscura ley de tiempos de guerra.
“La pregunta de si la acción del gobierno es consistente con nuestra Constitución y leyes requiere de una evaluación considerable del Poder Judicial. Por eso una corte de distrito emitió una orden de restricción temporal para prevenir daño inmediato a los individuos mientras la corte considera la legalidad de la conducta del gobierno”, escribió la jueza.
“Pero esta Corte considera ahora que es pertinente intervenir con una opinión de cuatro párrafos descartando la orden de la corte de distrito, basándose únicamente en un nuevo pronunciamiento legal que, uno pudiera pensar, necesitaría una deliberación significativa”, agregó.
Aquí explicamos los casos relacionados con medidas del gobierno que la Corte Suprema tiene pendiente en su ‘expediente de emergencia’. Uno de ellos toca el decreto de Trump para negarle la ciudadanía estadounidense a los recién nacidos de progenitores indocumentados, un derecho contemplado en la Enmienda 14 de la Constitución.
Derecho de la ciudadanía por nacimiento
Trump firmó un decreto el 20 de enero para limitar el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Busca negar la ciudadanía de Estados Unidos a los que nazcan en el país de una madre con estatus migratorio irregular o legal pero temporal si el padre no es un ciudadano o residente permanente.
Jueces federales en los estados de Washington, Massachusetts y Maryland frenaron la entrada en vigor del decreto a nivel nacional, usando un recurso judicial polémico conocido como ‘universal injunction’ o interdicto universal. Bloquearon la medida del presidente al considerarla inconstitucional.
Estos ‘injunctions’ han sido controversiales porque, cuando se utilizan, abarcan a todas las personas que se puedan ver afectadas por una medida del gobierno, no únicamente a quienes presentaron un pedido a la corte.
El uso de ese recurso judicial es lo que el gobierno de Trump pidió ver en la Corte Suprema. No le pidió evaluar la legalidad como tal del decreto presidencial.
El gobierno quiere que la Corte Suprema permita que el decreto de Trump entre en vigor de forma amplia y se excluya únicamente a los estados y personas que lo desafiaron con demandas en tribunales inferiores.
Lo que decidan los jueces del máximo tribunal cobra una gran importancia por lo siguiente:
- Si dan luz verde a lo que pide el gobierno permitirían que entre en vigor un decreto sin necesariamente haber evaluado a profundidad si viola o no la Constitución. Y, todavía más, entraría en vigor solo en algunas partes del país.
- En el pasado, la Corte Suprema ha evitado decidir específicamente sobre los ‘injunctions’ universales. Por esa razón será clave conocer qué decide ahora.
"La decisión del tribunal, si toma el caso como uno completo y hay alegaciones de las partes y luego una decisión (...) esa decisión va a ser muy importante en términos de decidir los parámetros de este tipo de interdicto" o remedio judicial, explicó el profesor Ángel Oquendo, profesor de Procedimiento Civil y experto en Derecho Constitucional en la Universidad de Connecticut.
Sobre este pedido, la Corte Suprema realizó una inusual audiencia oral el 15 de mayo. El abogado del gobierno intentó demostrar ante los magistrados cómo las decisiones de los tribunales inferiores impactan la capacidad del presidente Trump para emitir órdenes ejecutivas. Pero ante un tema de gran magnitud como el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento, no quedó clara la solución a la que llegarán los jueces, posiblemente a finales de junio.
Expulsión de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
Trump invocó el 15 de marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 que solo se había usado en tres momentos previos en la historia de Estados Unidos. La justificó al asegurar que Estados Unidos vive una "invasión" liderada por presuntos pandilleros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, a la que designó como una organización terrorista tras asumir su segundo mandato.
Horas después, su gobierno expulsó a decenas de venezolanos a una cuestionada cárcel para terroristas en El Salvador, pese a que un juez le había ordenado incluso regresar los aviones que habían despegado con ellos hacia Centroamérica.
Desde entonces, varios jueces han desestimado que Estados Unidos esté frente a una supuesta invasión de del Tren de Aragua y han frenado nuevas expulsiones de venezolanos bajo esta oscura ley en algunas partes del país.
En medio de los esfuerzos de abogados por detener la expulsión de inmigrantes sin el debido proceso de ley, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU en inglés) pidió el 18 de abril a la Corte Suprema una medida istrativa para evitar la remoción de individuos que estaban peleando su deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros en la Corte para el Distrito Norte de Texas.
ACLU dijo al máximo tribunal que esos individuos estaban “bajo peligro inminente y latente de ser removidos de Estados Unidos sin una notificación y sin haber tenido la oportunidad de haber sido escuchados” como había pedido la propia Corte Suprema semanas antes.
“Sin la intervención de esta Corte, decenas de cientos de de la clase propuesta (inmigrantes que potencialmente podrían ser expulsados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros) podrían ser removidos a lo que posiblemente será una condena perpetua en El Salvador, sin tener la oportunidad real de desafiar su designación (como pandillero del Tren de Aragua) o su expulsión”, argumentó ACLU.
En una medida en medio de la madrugada, una Corte Suprema dividida pidió el 19 de abril al gobierno no expulsar “hasta una nueva orden” a ningún inmigrante detenido en el norte de Texas.
El 12 de mayo, el gobierno pidió a la Corte Suprema que, mientras evalúa la solicitud de ACLU, “como mínimo” le permita reanudar las deportaciones de cerca de 175 venezolanos en el norte de Texas bajo otras disposiciones migratorias, como las deportaciones expeditas.
La Corte Suprema le dijo el 16 de mayo que no. Con dos votos en contra, los jueces extendieron indefinidamente su bloqueo a las expulsiones de venezolanos en un centro de detención en el norte de Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. El caso regresará a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, que había declinado intervenir en abril.
Como contexto:
- Más allá de la Corte Suprema, al menos cuatro jueces de tribunales inferiores han determinado que el gobierno hizo un uso impropio de la Ley de Enemigos Extranjeros para expulsar a venezolanos que alega son presuntos pandilleros del Tren de Aragua.
- Solo una jueza ha dado hasta el momento luz verde a esas expulsiones bajo la mencionada ley. Pero pidió que, antes de expulsar a alguno de ellos, se lo notifique en inglés y en español y con al menos 21 días de antelación, un lapso muchísimo más amplio a las apenas horas con las que ha estado avisando en muchos de los casos. También pidió que se le dé la oportunidad de expresar cualquier objeción que puedan tener.
Revocación del TPS para miles de venezolanos
El 1 de febrero de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tomó dos decisiones importantes sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos.
- Dejó sin efecto la extensión que había dado el secretario de Seguridad Nacional del presidente Joe Biden, Alejandro Mayorkas, a las dos designaciones de este TPS: la de 2021 y 2023. Mayorkas había ampliado el período de ambas hasta el 2 de octubre de 2026.
- Puso fin a una de esas dos designaciones —la designación del 2023 que protege a unos 350,000 inmigrantes venezolanos de la deportación— y pidió que venciera el 7 de abril de 2025.
Lo decidió así tras determinar que “permitir que los extranjeros (cubiertos por esa designación de TPS) permanezcan en el país va en contra del interés nacional de Estados Unidos”. Según Noem, esos inmigrantes venezolanos han afectado los recursos de localidades en el interior del país y algunos de ellos suponen un riesgo a la seguridad pública porque, dice sin evidencias, que son de la pandilla Tren de Aragua.
Noem mantuvo sin cambios la otra designación de TPS para los venezolanos, la designación de 2021, que se supone venza el 10 de septiembre de 2025.
Un juez federal frenó temporalmente el 31 de marzo la decisión de Noem a nivel nacional al encontrar que “no tienen sustento” las alegaciones de que los venezolanos beneficiarios del TPS son de la pandilla Tren de Aragua. El juez aseguró que el gobierno no logró demostrar qué "daño compensatorio real" causa la continuación del TPS para los venezolanos y dijo que los demandantes posiblemente tendrían éxito al demostrar que las acciones de Noem "son arbitrarias, caprichosas y tienen una motivación inconstitucional".
Luego, una corte de apelaciones rechazó levantar la orden del magistrado y, entonces, el gobierno escaló el caso hasta el máximo tribunal pidiéndole que le permita poner fin a la designación de 2023 del TPS a los venezolanos.
Con solo un voto en contra, la Corte Suprema le dio el 19 de mayo luz verde al gobierno para poner fin a la designación de 2023 del TPS a los venezolanos, lo que potencialmente los expone a una deportación.
Revocación del ‘parole’ que protege a miles de inmigrantes
En sus órdenes ejecutivas del 20 de enero, Trump ordenó a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, poner fin a los programas de ‘parole’ “contrarios a las políticas para Estados Unidos” establecidas en sus decretos. Mencionó específicamente el programa de ‘parole’ CNHV que permitió la entrada de poco más de 500,000 inmigrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Estos inmigrantes entraron a Estados Unidos en avión luego de que la petición de un patrocinador —que podía ser familiar o no— fuera aprobada. Les autorizaba a permanecer en el país por dos años y les permitía obtener un permiso de trabajo por ese tiempo. En ese plazo debían cambiar su estatus migratorio.
El 25 de marzo, Noem revocó este ‘parole’ argumentando que creó “la complicación de tener una población sustancial de extranjeros en el interior de Estados Unidos sin un camino claro para un estatus (migratorio) duradero”.
Y buscó acabar con este ‘parole’ en un plazo de 30 días, en lugar de permitir que venciera en el período de dos años establecido, para evitar que esos inmigrantes acumularan dos años en el país y no pudieran ser removidos de forma expedita como quiere el gobierno.
Una jueza frenó el 14 de abril de forma indefinida la medida esgrimiendo que el gobierno “no ofreció una razón sustancial ni de interés público que justifique obligar a individuos a los que se les concedió el ‘parole’ para entrar a Estados Unidos por un lapso específico irse (o entrar en un estatus migratorio irregular) antes de la fecha en que se supone venciera su beneficio”.
“Tampoco es de interés público declarar de forma sumaria que ya no se les considera como legalmente presentes en el país a cientos de miles de individuos, para que estos individuos no puedan trabajar de forma legal en sus comunidades o proveerse el sustento para ellos y sus familias”.
El 8 de mayo, el gobierno elevó el asunto a la Corte Suprema al pedirle levantar el bloqueo de la corte de distrito.
El despido sin causa de un funcionario en una agencia independiente
- Este caso es especialmente importante porque lo que decida la Corte Suprema podría repercutir en la independencia de la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos. Como contexto: la independencia de la Fed ha cobrado relevancia en medio de los constantes insultos de Trump a su presidente, Jerome Powell, y sus sugerencias de que podría sacarlo de la jefatura del banco antes de que esa encomienda específica culmine en 2026.
Trump despidió el 27 de enero a Gwynne Wilcox de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board), que garantiza que se cumplan las leyes que protegen el derecho de los trabajadores en el sector privado a organizarse, crear sindicatos y pedir mejores condiciones laborales.
Wilcox, la primera mujer negra en esta Junta de cinco , fue echada por Trump en una carta en la que el presidente alegó que la NLRB “en el presente no está cumpliendo con su responsabilidad con el pueblo estadounidense” y que “los objetivos y propósitos de la istración con respecto al trabajo de la Junta (de la NLRB) pueden ser avanzados de forma más eficaz por funcionarios de su propia elección”.
También le escribió que “a su juicio, (Wilcox) no estaba operando de manera consistente con los objetivos” de su istración.
La ley permite que un presidente remueva a un funcionario de esta Junta si su desempeño no es eficiente, si incumple con su deber o si comete algún delito. Wilcox había sido nombrada a la Junta de la NLRB por el expresidente Joe Biden en 2023. Se supone que estuviese en el cargo por cinco años.
Wilcox demandó al presidente y al director de la NLRB alegando que su despido violó un estatuto que protege la permanencia de su cargo y pidió que se restableciera su pertenencia a la Junta. Un juez avaló el pedido al considerar que su despido fue “ilegal” y “nulo”. El gobierno apeló, pero un juez le negó su pedido y por eso el 9 de abril llevó el caso a la Corte Suprema.
El máximo tribunal frenó la decisión del juez que había vuelto a poner a Wilcox en el cargo con una medida istrativa, en lo que puede evaluar el asunto a profundidad.
“No hemos escuchado de la Corte desde entonces. Ese es un período de tiempo extraordinariamente largo para que una medida istrativa esté en pie. Encontré solo una medida istrativa que ha durado más en los últimos 10 años”, escribió en su boletín Steve Vladeck, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Georgetown.
“Esta demora sugiere, y de manera fuerte, que la Corte intenta encontrar una resolución de largo plazo para aplicarla en esta instancia. Pero creo que el resultado más probable es que la Corte tome este asunto en sus méritos y realice una audiencia para presentar argumentos más adelante esta primavera o antes del nuevo período que comienza en octubre”, agregó.
“Este es un asunto sumamente importante (...) por su repercusión amplia en la independencia (o falta de ella) en la Reserva Federal”, acotó.
El de DOGE a datos de la istración del Seguro Social
- Este caso toca un asunto controversial en lo que va del segundo mandato de Trump: la creación de una entidad llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental o DOGE en inglés ideada por el millonario empresario y donante de la campaña del presidente Elon Musk.
Una orden ejecutiva del 20 de enero creó el US DOGE Service para, entre otras cosas, “erradicar el fraude” indagando en registros sensibles en las bases de datos del gobierno. Una de esas bases de datos, y eje de este pedido a la Corte Suprema, es la de la istración del Seguro Social (SSA en inglés).
Ante la demanda de sindicatos, una jueza restringió el 17 de abril el del equipo de DOGE a los datos del Seguro Social: solo pueden acceder a información con partes tapadas (o redacted en inglés) en la que no se pueda identificar a la persona, siempre y cuando hayan recibido el entrenamiento habitual que se requiere para dar a un empleado a los sistemas de la SSA. “Incluyendo entrenamiento relacionado con las leyes federales, regulaciones y políticas sobre la privacidad”, se lee en el documento de la jueza.
Después de que una corte de apelaciones rechazó poner en pausa la decisión de la jueza, el gobierno acudió a la Corte Suprema el 2 de mayo. Pidió una medida istrativa para frenar el mandato de la magistrada mientras evalúa a fondo su solicitud. Argumenta que “el interdicto errado impide que el Poder Ejecutivo avance sus importantes prioridades de modernizar los sistemas de información del gobierno y erradicar el fraude, gasto y abuso”.
Los demandantes recordaron en su escrito a la Corte Suprema que “más allá de los números de Seguro Social, los registros (en la SSA) incluyen información de salud médica y mental, registros de cortes familiares y de las escuelas de niños, así como otra información sensible”. “La Ley de Privacidad y sus propias regulaciones obligan a la SSA (...) a mantener resguardada esta información y a no compartirla fuera del círculo de quienes realmente la necesitan”.
También cuestionaron que el gobierno haya acudido al expediente de emergencia de la Corte Suprema. “La petición del gobierno (al máximo tribunal) es prematura (...) No existe una emergencia que amerite la intervención de la Corte en esta etapa tan temprana, y el mandato de la corte de distrito es tanto limitado en alcance como necesario para proteger a los demandantes de un daño irreparable en lo que se evalúa la legalidad de las acciones” del gobierno.
Despidos a gran escala en el gobierno federal
Trump firmó el 11 de febrero un decreto para reducir a gran escala la fuerza laboral del gobierno federal, una medida conocida como reductions in force o RIF en inglés. Unas semanas después, la Oficina de Manejo de Personal (OPM en inglés) y la Oficina de Manejo y Presupuesto (OMB en inglés) emitieron memorándums para que todas las agencias bajo el Poder Ejecutivo comenzaran a implementar la orden de Trump.
Sindicatos, organizaciones y una veintena de gobiernos locales desafiaron el decreto en una corte: demandaron al presidente, a la OPM, a la OMB, a la entidad recién creada por el gobierno US DOGE Service y a 21 agencias federales.
Argumentaron varios puntos: que Trump excedió su autoridad con su decreto; que los memorándums de las oficinas de manejo de personal y de manejo de presupuesto (la OPM y OMB) para implementar la orden presidencial exceden su autoridad y violan la Ley de Procedimiento istrativo (APA en inglés); y que los planes entregados por varias agencias para los despidos masivos también violan la ley APA.
Una jueza les concedió el 9 de mayo una orden de restricción que, en la práctica, frenó avanzar los planes del gobierno hasta el 23 de mayo. El gobierno apeló y una corte de apelaciones fijó un cronograma que contempla presentar documentos hasta al menos el 22 de mayo.
Fue entonces cuando el 16 de mayo la istración de Trump pidió a la Corte Suprema bloquear la decisión de la jueza Susan Illston de San Francisco, California.
“Esta Corte debe levantar la orden del tribunal de distrito, que sufre de múltiples fallas (...) Si bien el objetivo evidente de los demandantes es prevenir que las agencias pongan en marcha los RIF (o los procesos de reducción de empleados), no pueden desafiar directamente esos RIF en esta acción”, se lee en el documento presentado por el gobierno ante el máximo tribunal.
En su petición a la Corte Suprema, el gobierno también se quejó otra vez por los mandatos de jueces que frenan medida de la istración a nivel nacional. Esto dijo al respecto:
- “Exacerbando más las cosas, la corte de distrito se sumó al desfile de tribunales que han emitido interdictos universales imprudentes, extendiendo un alivio mucho más allá de lo necesario para compensar los alegados daños de los demandantes”.
- “La orden ha causado confusión masiva a través de la Rama Ejecutiva en lo que respecta al alcance que puedan tener las agencias para su planificación interna”, agregó.
Por su lado, la jueza consideró en su orden que los demandantes tienen probabilidades de ganar al menos uno de sus reclamos y que “el daño irreparable que pueden sufrir en ausencia del interdicto supera cualquier obstáculo que pueda afrontar el gobierno debido a la pausa de dos semanas” a sus planes de despidos a gran escala.
“Es la prerrogativa de los presidentes avanzar nuevas prioridades e imprimir su sello en el gobierno federal. Pero para realizar cambios significativos a gran escala en las agencias federales, cualquier presidente debe pedir la ayuda de su socio y rama con igualdad de poder: el Congreso”, se lee en la orden de la jueza.