6 preguntas sobre el caso del ‘supervisor especial’ de los documentos de Mar-a-Lago
Una jueza federal de Florida le dio la razón al expresidente Donald Trump en su pedido de nombrar un supervisor especial para que revise los documentos que el FBI se llevó de su residencia en Mar-a-Lago en el allanamiento a principios de agosto.
La decisión de la jueza Aileen Cannon estipula también que el Departamento de Justicia (DOJ) no puede seguir revisando el material incautado o utilizarlo en el marco de la investigación a Trump hasta que termine su trabajo ese special master, como se llama en inglés, o haya una nueva orden judicial.
Sí permitió Cannon que continúen los trabajos de la Oficina de Inteligencia Nacional para determinar si supuso un riesgo para la seguridad nacional.
Algunas preguntas clave para entender el caso: ¿para qué sirve un supervisor especial?, ¿por qué Trump quería que se nombrara a uno?, ¿qué dicen las partes?, ¿qué sigue ahora en la investigación?
1. ¿Qué es un supervisor especial?
Un supervisor especial es un perito designado por un tribunal para llevar a cabo algún tipo de trabajo especializado y emitir un dictamen.
La función de un special master es esencialmente investigativa, pero pueden ser encargados para hacer diferentes tareas en nombre del tribunal, detalla la Escuela de Leyes de la Universidad Cornell.
Los jueces federales pueden nombrarlos o pedirles a las partes que sugieran nombres. En el caso específico de Trump, la tarea del supervisor será de revisión de los documentos que el FBI se llevó de su casa en el allanamiento del pasado 8 de agosto.
2. ¿Por qué Trump quiere un special master?
Los abogados de Trump dicen que el nombramiento de un supervisor especial es necesario para garantizar una inspección independiente de los documentos.
El argumento por parte de su equipo legal es que la supervisión permitiría que, si se halla información personal, se separe de la investigación y sea devuelta al expresidente junto con cualquier otro documento que pueda estar protegido por el privilegio de abogado-cliente o presuntos privilegios ejecutivos.
El expresidente dice que entre las decenas de cajas con documentos de gobierno que el FBI se llevó de su residencia en Florida hay materiales protegidos bajo ese privilegio, además asegura que hay documentos supuestamente amparados bajo el privilegio ejecutivo, que protege la privacidad de comunicaciones del presidente.
3. ¿Qué argumenta el Departamento de Justicia?
Del otro lado, el DOJ se ha opuesto a su nombramiento por considerar que carecía de justificación una vez sus investigadores ya completaron su revisión de registros amparados por posibles privilegios.
El DOJ anunció que ya habían identificado "un conjunto limitado de materiales que potencialmente contienen información privilegiada entre abogado y cliente", y que ya estaban trabajando para analizar cómo proceder con esos documentos.
Alegaba además que el pedido de Trump carecía de fundamentos legales para exigir la devolución de documentos presidenciales porque no le pertenecen, y que deberían estar bajo resguardo de los Archivos Nacionales.
El departamento también dice que le preocupa que tal nombramiento retrase la investigación, porque el supervisor va a necesitar una autorización de seguridad para revisar los registros y una autorización especial de agencias de inteligencia.
4. ¿Es inusual el pedido de Trump?
La agencia de noticias Bloomberg explica que muchos acusados que no quieren que el gobierno esté a cargo de la revisión de privilegios pueden pedirle a un juez que traiga a un supervisor especial como agente independiente.
Una solicitud así no es inusual, pero en el caso de Trump hay elementos poco comunes: no muchas investigaciones criminales implican explorar el privilegio ejecutivo. Por eso, la persona elegida debería tener credenciales de a la más alta seguridad para poder leer los materiales que deberá revisar.
Trump, además, no presentó su solicitud ante el juez federal que había firmado la orden y ya estaba llevando adelante el caso sobre publicación de los materiales de la declaración jurada que respaldaba la orden de allanamiento sino que presentó un nuevo caso que terminó siendo tomado por una nueva jueza asignada al azar.
5. ¿Qué dijo la jueza?
La jueza Aileen Cannon, quien accedió a su cargo gracias a que fue nombrada por el propio Trump al final de su presidencia, dictaminó que el supervisor especial podría revisar los materiales incautados para evaluar si podían estar amparados por el privilegio abogado-cliente y, lo que llamó la atención de algunos especialistas, el privilegio ejecutivo.
Cannon además resolvió que el DOJ no puede continuar revisando los documentos de Mar-a-Lago ni usarlos en su investigación de Trump hasta que termine el trabajo pericial. Pero sí permitió que continúe el trabajo de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional para evaluar los riesgos para la seguridad nacional.
Para algunos expertos, la decisión de abrir los poderes del perito al examen del privilegio ejecutivo puede poner la resolución de Cannon en una posición vulnerable ante una hipotética apelación de parte del DOJ.
Nunca antes un juzgado había defendido que un expresidente puede invocar el privilegio ejecutivo para mantener documentos de su tiempo en el cargo fuera del alcance del Ejecutivo actual, del que el DOJ es parte.
El DOJ de hecho había citado una sentencia de la Corte Suprema de 1974 que negaba a Richard Nixon el privilegio ejecutivo sobre unas grabaciones de la Casa Blanca en el caso Watergate, una sentencia la jueza Cannon no parece haber tenido en cuenta.
6. ¿Qué puede pasar ahora con la investigación?
Cannon dio hasta el viernes 9 de septiembre para que ambas partes presenten propuestas de candidatos para supervisor especial, quien al final de su revisión se espera que envíe una serie de recomendaciones a la jueza. También se espera que las partes acuerden en las tareas específicas que realizará, el salario y cuánto tiempo dispondrá para la revisión.
Además, sigue en marcha la investigación de los servicios de inteligencia para examinar algunos de los documentos encontrados en la casa de Trump y determinar si ha estado en riesgo la seguridad nacional.
Pero el fallo de Cannon limita lo que pueden hacer los investigadores del FBI que analizan tres posibles delitos, entre los que están violaciones de la Ley de Espionaje, obstrucción de la justicia y manejo registros gubernamentales.
Un portavoz del DOJ, citado por medios, dijo que están considerando los "próximos pasos apropiados". ¿Una apelación? Para muchos analistas judiciales es el siguiente paso esperable.
